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Matrimonio gay, en Constitución de la CDMX

Aristegui Noticias   /   
 Miércoles, Enero 11, 2017

   

La Asamblea Constituyente discutió y aprobó el artículo 16 de la Constitución de la Ciudad de México, referido a la Ciudad incluyente, en el cual quedó consagrado el derecho al matrimonio civil de la comunidad gay; la salvaguarda de la dignidad y el desarrollo de la niñez en situación de calle; y un sistema integral para la atención de adultos mayores que prevenga el abuso, abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que implique tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes o atente contra su seguridad e integridad. Así mismo, quedó consagrada en la Constitución la pensión a los adultos mayores.

El dictamen de la Comisión de Carta de Derechos ya incluía el reconocimiento de la igualdad de derechos a las familias formadas por parejas de personas de la comunidad LGBTTTI, con o sin hijas e hijos, que estén bajo la figura del matrimonio, concubinato o alguna otra unión civil. A propuesta de la diputada del PRD, Lol kin Castañeda, se agregó la palabra civil para que quedara claro el reconocimiento al matrimonio civil de esta comunidad.

De acuerdo con un comunicado de la AC, de igual forma se aprobó que el derecho a la reinserción social de quienes han estado privados de su libertad no concluye cuando la persona abandona la prisión y se requiere que recobren el sentido de vida digna una vez que han cumplido las sanciones. Se consagró el derecho a la reparación del daño a las víctimas de violaciones a derechos humanos y delitos y, por otra parte, se incluyeron también los derechos de las minorías religiosas.

En el caso del artículo 16, fue modificado en su apartado A en el que se definen los grupos de atención prioritaria, para recuperar la necesidad de priorizar el ejercicio y la realización de los derechos de aquellas personas que por razones de desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, abuso y violencia. Se establece que la Ciudad de México garantizará una atención prioritaria para que estos grupos accedan a la superación de los obstáculos para el ejercicio pleno de sus derechos.

Los grupos de atención prioritaria que quedaron reconocidos en la Constitución como sujetos de derechos son: mujeres; niñas, niños y adolescentes; jóvenes; adultos mayores; personas con discapacidad; personas LGBTTTI (lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual); personas migrantes y sujetas de protección internacional; víctimas de violaciones de derechos humanos o delitos; personas en situación de calle; personas privadas de su libertad; personas que residen en instituciones de asistencia social; personas afrodescendientes; personas de identidad indígena y derechos de minorías religiosas.

En este articulado quedó establecido que las autoridades deberán adoptar medidas legislativas, administrativas, presupuestarias, judiciales y otras, para eliminar las barreras que impiden la realización plena de los derechos de estos grupos.

La ciudad garantizará el derecho de estos grupos a una vida libre de violencia o discriminación y asegurará la no criminalización, represión o reclusión, motivada por su condición. Para atender las causas multifactoriales de discriminación de estos grupos se aprobaron medidas de nivelación con enfoque de atención diferencial; además, estrategias para visibilizar y sensibilizar a la población sobre sus derechos. También se crearán y fortalecerán organizaciones de sociedad civil enfocadas a la defensa de sus derechos.

En el artículo destaca la obligación de las autoridades para actuar con diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, tomando en cuenta la situación y condiciones de vulnerabilidad de cada grupo.

También se aprobó la incorporación de un inciso d) al numeral 2, en torno a la capacidad que tiene la población para decidir sobre su persona y su patrimonio, así como para el ejercicio de sus libertades, independencia, privacidad, intimidad y autonomía personal.

Con relación al numeral 3 se acordó la adición de un inciso d), con el que se promoverán condiciones de buen trato, convivencia armónica y cuidado, por parte de los familiares de integrantes de grupos de atención prioritaria y la sociedad. Estas adiciones fueron aprobadas con 70 votos en favor, uno en contra y cero abstenciones.

Además, se aprobó la propuesta de la diputada del PRI, Yolanda de la Torre, para incorporar el concepto de asistencia social con perspectiva de derechos humanos y resiliencia, entendiendo ésta como la posibilidad de hacer de la vulnerabilidad una oportunidad para salir adelante y ejercer derechos; también propuso que se ofrezcan las herramientas de política pública para que las personas en situación de vulnerabilidad puedan superarse. Fue una adición al apartado B, numeral 6.

Para reconocer a los jóvenes como titulares de derechos, se aceptó una reserva del apartado E, de la diputada del PRD, Tobyanne Ledesma, que fue enriquecida con una de la morenista Patricia Ortiz Couturier, para quedar de la siguiente manera:

“Las personas jóvenes son titulares de derechos y tendrán la protección de la ley para participar en la vida pública en la planeación y desarrollo de la ciudad. Las autoridades adoptaran medidas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, en particular a la identidad individual y colectiva, al libre desarrollo de su personalidad, a la autonomía, independencia y emancipación; a la participación política, económica, social, ambiental y cultural, y a la educación, al trabajo digno y a la vivienda.

“Se reconocerá el carácter diverso y heterogéneo de las personas jóvenes, así como sus necesidades específicas”.

La aprobación fue unánime con 71 votos.

Con respecto a los derechos de las personas mayores, el Pleno dio su aprobación a una propuesta de consenso entre diversos diputados constituyentes a efecto de establecer un sistema integral de atención que prevenga el abuso, abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que implique tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes o atente contra su seguridad e integridad.

Firmada por Clara Jusidman (Constitucionalista), Gabriela Rodríguez y Margarita Valdés (Morena), Marcela Lagarde y Cecilia Soto (PRD), Claudia Aguilar (Ejecutivo Federal), Yolanda de la Torre (PRI) y Cecilia Romero (PAN), esta reserva propuso también que las personas adultas mayores tienen los derechos reconocidos en la Constitución, que comprenden, entre otros, a la identidad, a una ciudad accesible y segura, a servicios de salud especializados y cuidados paliativos, así como a una pensión económica no contributiva a partir de la edad que determine la ley. Fue aprobada por 53 votos en favor, uno en contra y 5 abstenciones.

   


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