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Con reforma, buscan fin a "bizne huachicolero" en gasolineras

La silla rota   /   
 Jueves, Abril 11, 2019

   

El dictamen de reformas a la Ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de Hidrocarburos dispone que si un distribuidor de gasolina o contratista comete un ilícito de distribución o venta de huachicol, se le impondrá una sanción de todos sus activos con la revocación de su permiso y la suspensión de pedir otro para realizar la actividad que fue objeto, que puede alcanzar 15 años y hasta la disolución y la liquidación de la sociedad, explicó a La Silla Rota el diputado federal de Morena, Raúl Bonifaz Moedano.

"El sentido de este dictamen modifica la ley para que cuando exista la presunción de que un permisionario, un franquiciatario, contratista o distribuidor de hidrocarburos haya participado en alguno de los delitos mencionados por autoridades, van a ser sancionados y en su caso en el momento que se compruebe que se ha cometido un ilícito o no hacen uso de hidrocarburos como deben hacerlo, entonces estarán sujetos a que el Poder Judicial de la Federación pueda solicitar a la Comisión Reguladora de Energía la suspensión de este permiso o en su caso de todo el procedimiento administrativo que hayan realizado por ellos para la suspensión de licencia", explicó el legislador, quien presentó la iniciativa, la cual el 9 de abril fue dictaminada por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y enviada al Senado.

También la CRE deberá publicar en su página oficial el listado de las personas físicas o morales cuyo permiso o procedimiento se encuentre suspendido por una determinación del ministerio público o del Poder Judicial de la Federación.

“Se tendrá un registro de todos aquellos que han cometido un ilícito y de comprobarse estarán ahí", advirtió.

Bonifaz mencionó que el dictamen incluye también la obligación de que las pipas cuenten con sistemas de geoposicionamiento.

"Será obligatorio para los vehículos que transporten combustible, tendrán que entrar a un sistema de geoposicionamiento de todas las unidades vehiculares que se utilicen en el desarrollo del transporte de hidrocarburos para que así la autoridad tenga elementos materiales, jurídicos y una adecuada supervisión y el control de unidades de distribución y transportación de hidrocarburos y petrolíferos", explicó.

El diputado dijo que el dictamen ya aprobado tiene por objeto establecer los mecanismos que permitan o coadyuven acciones para que se prevengan y combatan delitos en materia de hidrocarburos.

FALTÓ IR POR QUIENES ABREN LA LLAVE

La diputada federal de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle consideró que la iniciativa es un paso hacia adelante para combatir el robo de huachicol, pero insuficiente, ya que dejó sin legislar el tema de la corrupción que abre la llave a los ductos, que se sospecha es por parte de funcionarios e integrantes del sindicato de Pemex.

“La iniciativa parte de las pipas como si no hubiera nadie que partiera antes de las pipas, solo se atiende de manera parcial el robo de hidrocarburos, es una red de corrupción y ahora solo estaría atacando a una partecita de la corrupción, de transportistas y permisionarios pero hay más gente que participa y no hay una estrategia", expuso la legisladora.

Tagle reiteró que desde su bancada hay apoyo al combate al huachicol, que es uno de los temas a los que más importancia ha dedicado el actual gobierno, pero consideró que ha faltado estrategia desde el inicio.

"No hay claridad ni resultado de combate a hidrocarburos, no hay información clara, las pipas que se adquirieron aún no están funcionando, necesitamos que sea más claro. A más de tres meses de haber iniciado el gobierno estamos teniendo una reforma que atiende a una sola de las partes que tiene que ver con los transportistas de combustible, pero no se ha entrado al tema de cómo participan empleados de Pemex, al sindicato el gobierno sigue sin tocar y dice que no hay denuncias".

Otro botón de muestra de que no hay estrategia son las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que los gasolineros se quedan con impuestos, cuando se supone que hay un sistema que verifica la compra-venta en gasolineras.

"El gobierno debería tener claro cuánto se vendió y cuánto se da de impuestos, esto habla de que no ven un programa integral", cuestionó.

LO QUE DICE EL DICTAMEN

Se propone la suspensión de los efectos jurídicos del permiso. En este sentido, se propone modificar el texto de la ley a efecto de que cuando exista la presunción de que un permisionario, franquiciatario, asignatario, contratista, o distribuidor de hidrocarburos haya participado en la comisión de alguno de los delitos mencionados, las autoridades federales en materia de investigación y el Poder Judicial de la Federación puedan solicitar a la Comisión Reguladora de Energía la suspensión de los efectos jurídicos del permiso o, en su caso, la suspensión del procedimiento administrativo que se haya iniciado para su otorgamiento.

Lo anterior, cuando existan causas suficientes que acrediten la probable responsabilidad o comisión de algún delito previsto por dicha ley.

Al recibir esta solicitud, la Comisión Reguladora de Energía deberá emitir la suspensión de los efectos de los permisos o la suspensión del procedimiento de otorgamiento del mismo hasta en tanto la autoridad jurisdiccional o investigadora solicite el levantamiento de dicha suspensión.

Por otra parte, la Comisión Reguladora de Energía deberá publicar en su página oficial y en el Diario Oficial de la Federación el listado de aquellas personas físicas o morales cuyos permisos o procedimientos administrativos hayan sido objeto de suspensión por determinación del Ministerio Público Federal o del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en concordancia con lo previsto en los artículos 22, fracción XXVI, inciso f) de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, respecto al registro público de la Comisión Reguladora de Energía, con la finalidad de que los demás permisionarios estén en condiciones de conocer el estado de suspensión del permiso y se abstengan de celebrar contratos en contravención de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 7o. del reglamento de las actividades a que se refiere el título tercero de la Ley de Hidrocarburos.

Adicionalmente, se propone establecer como parte de la sentencia condenatoria dictada al término del procedimiento penal jurisdiccional, la prohibición para realizar las actividades reguladas por la Ley de Hidrocarburos por un plazo máximo de 15 años, previa evaluación de la gravedad del delito cometido, como una medida sancionadora adicional a las que establece el primer párrafo del artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Finalmente, se propone hacer obligatorio el uso de sistemas de "geo posicionamiento" en todas las unidades vehiculares utilizadas para el desarrollo de actividades en materia de hidrocarburos con la finalidad de dotar a la autoridad competente de instrumentos materiales y jurídicos eficaces para la adecuada supervisión y control de las actividades de distribución y transporte de hidrocarburos y petrolíferos.

Con información de La Silla Rota

   


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