Tímidas, las medidas anticorrupción de AMLO: exfiscal anticorrupción

Erradicar la corrupción en México no es una tarea sencilla, eso lo sabe perfectamente Ernesto Canales Santos, el primer fiscal anticorrupción del país, quien enfrentó durante su gestión el bloqueo del Congreso de Nuevo León y los bloqueos jurídicos como el uso del amparo, que frena los procesos que existen contra los implicados.

En entrevista con La Silla Rota, el ex funcionario afirma que ve al presidente Andrés Manuel López Obrador "tímido en las acciones en contra de la corrupción" y que los procesos contra Alonso Ancira, presidente al Altos Hornos de México, y Emilio Lozoya, ex director de Pemex, no dan la impresión de que se trate de una política nueva contra este flagelo.

Ahora, ya fuera del cargo, este abogado de 75 años relata su experiencia en el libro "¿Cómo nos arreglamos?", en el cual muestra el complejo camino que hay que recorrer para contrarrestar la impunidad y cómo parece que el sistema no está diseñado para facilitar este trabajo.

Sin embargo, asegura que sí es factible acabar con la corrupción y que la estrategia principal debe ser atacar casos concretos e importantes, ya que llevar a la justicia a este tipo de culpables permitirá evitar que se sigan registrando estos delitos.

¿Es posible erradicar la corrupción en México o es una utopía?

Sí es posible. Tenemos corrupción porque no se ha perseguido, porque no se ha castigado, ni siquiera se inician procedimientos contra los corruptos. Han sido no 100 años de soledad, sino 100 años de impunidad contra los delitos de corrupción, por eso se ha permeado, como la humedad, por todos los rincones del país.

Ha sido una oportunidad para los funcionarios que están en puestos donde tienen que manejar dinero, el robarse ese dinero y que no les pase nada.

¿Cómo surgió la idea del libro "¿Cómo nos arreglamos?"?

Me pareció una oportunidad única, dado que en el país no había habido una política de combate a la corrupción encabezada por un estado que sí tenía la intención de aplicar las medidas para que se realizará esta política de Estado.

Me encontré con el apoyo del gobernador (Jaime Rodríguez, El Bronco), pero con la contra de los diputados, trataron de que renunciara, me montaron todo un linchamiento político, lo aguanté, pero más que yo, lo aguantó el gobernador y me sostuvo.

Yo inicié la investigación de las denuncias que recibimos, nos concretamos en la fiscalía a tratar de construir los casos en los que contáramos con mejores pruebas, más importantes, ya sea por el personaje, por la conducta o por el monto.

Llegamos a presentar 40 denuncias penales que fueron aceptadas por los jueces de control para llevara cabo los procesos penales en contra de esos funcionarios y dejamos 250 carpetas de investigación ya con una ruta para perseguir una historia del crimen.

De los diputados, su reacción fue modificar la constitución del estado, arrancarle al Poder Ejecutivo la facultad de procuración de justicia y crearon dos fiscalías a modo, dependientes de ellos y con fiscales a modo de ellos, ya no eran independientes de los partidos, del PAN y del PRI.

En el inter, logramos meter a (Rodrigo) Medina a la cárcel, después de una audiencia de 17 horas, pero un juez federal lo liberó en menos de 13 horas a través del amparo, que está claro que es un impedimento para que procedan los juicios de corrupción, mientras no se modifique el amparo, no puede decirse que México tenga un medio eficiente de combatir la corrupción.

¿Cuáles fueron los obstáculos que encontró?

Los amparos llegan al absurdo de que Medina consiguió un amparo contra actos de la fiscalía que le imputaran delitos, es decir, ni siquiera podía escuchar cargos, el amparo no es contra actos futuros o contra lo que le vaya a pasar, sino lo que le está sucediendo, pero demuestra cómo se usa el amparo en México con una banalidad pavorosa.

Estos amparos contra procesos, como su nombre lo dice, no son de fondo, no son declaraciones de inocencia o de culpabilidad, pero sí retrasan el juicio. Que si  por un lado el Nuevo Sistema de Justicia Oral establece que la presunción de inocencia es la que rige y que primero se juzga y luego se decreta la cárcel, ese juzgamiento lo prolongan y en consecuencia prolongan el castigo en la cárcel.

¿Donde falla?

Cuándo se reformó el Sistema de Justicia Penal, que empezó en 2004 y fue hasta 2008 que hubo una reforma constitucional y hasta 2016 se implementó el sistema en todo el país, el amparo no se modificó.

El amparo en México se ha convertido como en la Virgen de Guadalupe, nadie lo puede tocar, ahí está, pero en el tiempo ha tomado unos vicios de práctica, por un lado, y de estructura, por otro.

Durante el tiempo que fue fiscal, ¿detectó que hay una lucha de Poderes?

Claro, por supuesto, por eso quise dejar ese testimonio (el libro), porque fue lo que yo viví, lo que me tocó experimentar personalmente, como el PRI y el PAN que se disputan muchas veces por muchos motivos, en el caso de Nuevo León, al menos, quedó claro que se unían para desbaratar el esfuerzo anticorrupción que yo había iniciado con el apoyo de El Bronco.

Unidos el ángel con el diablo y en un plan descarado, porque fue modificar la Constitución para lograr que sus correligionarios no fueran juzgados, no fueran acusados. es una demostración de que si la corrupción existe en México es porque la autoridad lo permite y en ciertos casos lo fomenta.

Pero eso es muy grave...

Efectivamente es muy grave, Nuevo León había dado un paso adelante al ser el primer estado con una fiscalía especializada enanticorrupción, pero ahora ya no, ahora la  tiene de pantalla, no real, porque los fiscales son designados por el Congreso.

No es fácil terminar con la, hasta se le llamó cultura de la corrupción, pero es absolutamente necesario. Por ejemplo, en obra pública en Nuevo León, en el sexenio de Medina, eran 80 mil millones de pesos, en una auditoría que nosotros realizamos, con todos los procedimientos técnicos de auditoría y determinamos que al menos había un sobreprecio de 40% en esa obra pública, de manera que el estado dejó recursos que se los llevaron los rateros y que nadie reclamó, esos recursos son de medicina, de escuelas.

Además es un cáncer que afecta otros órganos. Para cometer un acto de corrupción en una secretaría como la de obra pública se necesitan al menos 40 o 50 funcionarios de esa dependencia dedicados a construir y a armar toda la documentación para que finalmente tesorería extienda el cheque.

A nivel federal cómo ve la situación, porque el presidente López Obrador ha tomado la bandera del combate a la corrupción, pero no parece una tarea fácil

Efectivamente no es fácil, es complejo. Mi experiencia a nivel federal es más limitada, es local, pero en el centralismo tan fuerte que tiene México, siempre tuve que tratar con entidades federales para poder llevar a cabo los actos en Nuevo León, me refiero a la PGR,  la Unidad de Lavado de dinero, la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria, en fin, todos esos organismos que son federales.

Yo estaba optimista de que AMLO pudiera organizar una campaña anticorrupción fundada en dos aspectos, por un lado el discurso de campaña, que fue impecable contra la corrupción, no perdía la oportunidad de señalarla y lo estructuraba técnicamente muy bien.

Por otro lado, el que él no fuera de los dos partidos que han gobernado el país mayoritariamente en las últimas décadas, eso le permitía no tener compromisos, complicidades en la realización de todos los actos de gobierno y por lo tanto mayor libertad de poder exigir cuentas en cualquier ramo, pero no se ha visto.

En estos primeros seis meses lo que da una señal de esperanza es la acción tomada contra Ancira y contra Lozoya, que en la letra chiquita no se ve que las denuncias sean por los asuntos más gordos y más importantes, seguramente porque todavía no integran los expedientes.

Luego otra vez vemos que el juego del amparo ya haciendo de las suyas. El ánimo que despertó en la sociedad que el gobierno federal tomara acciones contra estos dos malos funcionarios trae la misma decepción de que es palabrería y no acciones.

Cómo va a vivir AMLO esta situación de no poner en la mesa las acciones concretas de actos de corrupción que están siendo denunciados en la opinión pública por organismos serios nacionales e internacionales, la sociedad, etcétera, no sé.

Es preocupante, más preocupante, porque eso sí, al inicio, en las primeras semanas tomó una medida de reforma constitucional sin ser discutida públicamente, en la cual estableció prisión preventiva para delitos de tipo político, que le permiten tener una amenaza en cheque en blanco, se otorgó él mismo un cheque en blanco para tener en el filo de la navaja a cualquier persona que se le ocurriese oponerse políticamente.

Es un retroceso muy grande, a los años del partidismo, donde todo lo que caía fuera de él estaba condenado a la venganza política y ahora de nuevo, después de haber sido desarmado ese sistema. Cómo lo va a usar, esa es la duda de todos los que están en ese campo, es muy peligroso eso.

Por una parte (López Obrador es) tímido en las acciones en contra de la corrupción, por otra parte, claramente ampliando su poder político, no conforme con que controla en Congreso, sino ya facultades propias del presidente, ampliadas, que van en contra del sistema de juicios orales que es la herramienta más adecuada para perseguir los delitos de corrupción.

¿Los casos de Lozoya y Ancira recuerdan a otros que han habido en cada gobierno, donde cae alguna cabeza para tranquilizar a la gente porque está la exigencia de combatir la corrupción?

Efectivamente, no deja un sabor de que se trata de una política nueva. En el pasado hemos visto que hasta se hace juicio político y de una complicidad de 100 se ajusta a 10, y ya pasa el juicio político y así ya están legitimados. Entonces también puede ser un mecanismo de ¿cómo nos arreglamos?

¿Cómo acabar con este tipo de prácticas?

Con casos concretos, un pasito primero y otro después, claro, ideal que haya cambios importantes en la estructura jurídica del país, pero ya vimos lo que sucedió cuando se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, tomó cinco años decidir quién iba a nombrar al fiscal, no qué iba a hacer.

No había fiscal, fue un paréntesis para los corruptos, como decir 'aquí la casa está vacía, vengan, entren y agarren lo que sea, porque no hay nadie que esté cuidando. La ironía es que una medida supuestamente contra la corrupción da lugar a una mayor corrupción.

¿Qué falta todavía?

Casos concretos. Los casos concretos además de llevar la intención de recuperar lo robado y de castigar al culpable, tienen el efecto de crear el precedente de que otros casos similares van a ser juzgados igual.

Yo me entrevisté con los 40 acusados y con los 250 investigados y me quedaba claro que al estar platicando cuando yo les decía los cargos y les enseñaba las pruebas, estaban súper arrepentidos de estar en esa situación, se daban cuenta de que su carrera política estaba acabada. Yo creo que algún funcionario va a decir yo no quiero estar en el banquillo de los acusados.

¿Hay algún ofrecimiento del gobierno federal, o si lo hubiera, usted lo aceptaría, para entrar en este tema anticorrupción?

Trabajar en el gobierno es muy difícil, para que llegara un lápiz a mi escritorio se necesitaban 40 firmas, las mismas que se necesitan para cometer un acto de corrupción.

Mover a las otras estructuras de gobierno paralelas, a las entidades donde se manejaba el dinero o donde se cometían los actos de los contratos con sobreprecios es muy difícil, yo creo que ya tuve mi cuota,  sigo teniendo la espada clavada de cómo hacer que el país pueda cambiar lo más rápido posible y si se presentara algo de ese tipo, yo creo que a final de cuentas no lo rechazaría, pero no tengo absolutamente nada.

Con información de La Silla Rota