Peña siempre supo que hubo tortura para "resolver" caso Ayotzinapa

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto siempre supo que en las investigaciones para "resolver" el caso Ayotzinapa se recurrió no sólo a torturasino a otras ilegalidades que ponen en riesgo ante instancias internacionales lo que "investigó" el equipo de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

Este viernes Televisa y El País difundieron un video donde se ve a uno de los presuntos responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa que es sujeto de tortura con bolsas en la cabeza para obligarlo a declarar.

Fuentes consultadas señalan que hay al menos un centenar de carpetas abiertas por presunción de tortura.

En el video dado a conocer desde el 7 de junio en YouTube y difundido por Televisa y El País se ve a Carlos Gómez Arrieta, quien este sábado renunció a su cargo como subsecretario de Seguridad en Michoacán por este motivo. En aquel momento era jefe de la Policía Federal Ministerial.

Pero no sólo eso. En agosto de 2016 el entonces visitador de la Procuraduría General de la República (PGR), César Chávez, presentó un informe donde documentó las torturas y anomalías en la investigación, principalmente de Tomás Zerón, en ese momento titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

El documento de Chávez fue rechazado por la PGR a cargo de Jesús Murillo Karam.

Funcionarios del gobierno del ex presidente Peña Nieto revelaron que estas anomalías se le informaron también a quien era secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, actual senador del PRI.

Osorio Chong quedó estupefacto con esos reportes. Supo en su momento que a uno de los presuntos responsables se le aplicó el "método" del "teléfono" que consiste en el estallido de los tímpanos sin dejar huellas físicas evidentes.

Todo quedó en el documento de Chávez pero fue ignorado totalmente por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Y aunque Osorio Chong enseguida mandó llamar a los titulares del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), PGR y AIC, no actuaron con la contundencia que se requería.

No obstante, abrieron carpetas de investigación y, hasta donde se sabe, tres personas siguen siendo investigadas pero en libertad.

Los documentos de Chávez mostraron que torturaron a testigos y presuntos implicados, además de que realizaron diligencias fuera de la ley en el Río donde supuestamente hallaron cenizas de los cuerpos estudiantes. Se hicieron evidentes las contradicciones en las actuaciones de los ministerios públicos responsables.

El Cisen hizo reportes en la primera semana de octubre –que conoció este reportero en ese momento– y en ellos ya se asentaba que los estudiantes fueron incinerados y arrojados en bolsas al Río San Juan. Otros señalamientos, en esos mismos documentos, incluían asuntos de índole personal que habrían influido en el entorpecimiento de las indagatorias. Hasta hoy no se han dado a conocer.

El documento de Chávez, que consta en la entrega-recepción que hizo al dejar la PGR poco después, fue ignorado. Proponía sanciones para distintos servidores públicos, entre ellos el propio Zerón.

En su defensa, el equipo de Zerón ha sostenido que desde el conocimiento que tuvo el Agente del Ministerio Público de indicios de abusos de dos personas en el caso "Iguala" al inicio de la investigación, a partir de ese momento iniciaron averiguaciones por "tratos y actos indignos e inhumanos" que se llevaron a cabo y por ello se realizaron las vistas correspondientes al agente del Ministerio Público de la Federación de la Visitaduria, misma que inicio la investigación correspondiente por actos relacionadas con ese delito.

Incluso, y a partir de ello, estas vistas fueron iniciadas para determinar si en otros casos pudiese haberse llevado a cabo este delito. Además que  la totalidad de los detenidos fueron llevados para su valoración medica inmediata, como obra en los partes, todo esto con la finalidad de deslindar responsabilidades a quienes hayan llevado a cabo estos actos alejados a los Derechos Humanos.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) recalcó en su informe del 24 de abril de 2016 varias anomalías.

La periodista Anabel Hernández publicó en su libro La verdadera Noche de Iguala parte del reporte de Chávez. La revista Proceso también difundió una parte del documento. Nadie hizo nada.

Chávez propuso  remover a Blanca Alicia Bernal Castilla y al entonces fiscal antisecuestros de la SEIDO, Jorge García Valentín

Encontró responsabilidad en los peritos Mauricio Cerón Solana, Eva Hernández y Patricia Gómez Ramírez, por "perturbación ilícita y omisión en la preservación de indicios; omisión de peritajes y falla en la cadena de custodia" (acciones que se deben tomar para preservar evidencias de un crimen), lo cual es sancionado por el Código Federal de Procedimientos Penales.

En cuanto al actor principal, Tomás Zerón de Lucio, recomendó dar vista a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que actuara en su contra. Incluso sugería que podía ser castigado con base en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. En la misma circunstancia quedó fiscal antisecuestros de la PGR, Jorge García Valentín.

Hasta donde se pudo reconstruir, el gobierno de Peña Nieto fue enterado de todo esto. Pero no actúo.

Con información de La Silla Rota