Ven débil propuesta de presupuesto para atender desapariciones

Son 720.3 millones de pesos los que están catalogados dentro del presupuesto 2020 para seguir buscando a los miles de desparecidos que dejó la lucha contra el crimen autorizado desde más de una década; pero también deberán alcanzar para iniciar la identificación de 37 mil cuerpos. Si bien estos millones son mucho más de los asignados en 2019 (400.7 mdp), la vocería del Movimiento Nacional por los Desaparecidos reconoce la intención del gobierno federal para avanzar en el tema, aunque eso no significa echar campanas al vuelo. Al menos, no después de revisar con lupa estas cifras que no se encuentran a la vista en el documento eje del Presupuesto de Egresos de la Federación de 149 páginas.

"Para el ciudadano común que no tenemos la capacidad de revisar, espulgar y ver dónde queda el presupuesto entre tanta información, pues no es fácil", asegura Grace Fernández del colectivo "Buscando desaparecidos, México Búscame" quien además es vocera del Movimiento. Aunque 720 millones es una importante cantidad de recursos, sigue faltando la parte de la emergencia forense y esa sí no sabemos dónde está presupuestada. Hay 37 mil cuerpos sin identificar porque sabemos que hoy la capacidad de los forenses está rebasada".

Ángel Ruiz, investigador del programa de derechos humanos en la ONG Fundar, analizó varios tomos del PEF además de la base de datos abierta que conlleva. Y en dos días obtuvo datos concretos del presupuesto a recibir: 52.9 mdp para sueldos de la Comisión Nacional de Búsqueda; 209.8 mdp para gastos de operación; y 457.5 mdp para subsidio de gobiernos locales.

"Hay un 74 por ciento de aumento del presupuesto para la comisión y un aumento de 114 por ciento para el subsidio de comisiones en estados y municipios ¡Es un muy buen dato! Pero no olvidemos que en México tenemos una emergencia forense, el último informe de la Secretaría de Gobernación señaló que faltaba dinero para atender esta emergencia forense, institutos forenses, barcos genéticos. Y además, el estándar de búsqueda de los desparecidos es que ésta tiene que ser en vida. Por eso creemos que debería ser una mayor dotación presupuestal para la búsqueda en vida como una prioridad", señala.

Al mismo tiempo, Ruiz enfatiza que el presupuesto asignado para la Fiscalía no es muy alentador porque entre 2018 y 2019 se le redujo el 30 por ciento, aunque este año aumentó 14 por ciento. "Esto significa que el rezago sigue, viene arrastrando faltantes y la Fiscalía se tiene que fortalecer", destaca.

Por eso pone contexto a sus palabras y explica que para 2020 el presupuesto asignado para la Fiscalía de derechos humanos equivale al 30 por ciento del presupuesto de la Seido (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada). Mientras que el presupuesto para la Fiscalía de desaparecidos, equivale al 3 por ciento del presupuesto de esa misma Subprocuraduría. "Entonces hay que hacer algunas redistribuciones al interior de la Fiscalía", plantea.

Grace Fernández lo dice en sus palabras. "Es que la Fiscalía para desaparecidos no está recibiendo recursos, apenas y se recupera del recorte que le hicieron. Se me hace bastante desequilibrado porque si bien hay un incremento a nivel local y nacional, esto seguirá siendo insuficiente porque a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada se le planea dar 22 millones de pesos".

Fundar considera que la buena voluntad del gobierno para avanzar y comenzar a resolver esta compleja problemática, debe además traducirse en otro tipo de números. "Por ejemplo, la Guardia Nacional tiene un presupuesto de 3.8 mil mdp; y si las corporaciones de seguridad que tenemos son las que han creado las crisis de derechos humanos que tenemos en el país, entonces la buena voluntad del gobierno debiera traducirse en el reconocimiento del Estado a las violaciones graves y sistemáticas en derechos humanos. Entonces, la vuelta de tuerca tiene que estar acompañada de dinero para que esto sea realidad", propone Ruiz.

"SEGUIREMOS BUSCANDO"

Así lo sentencia el Movimiento por Nuestros Desaparecidos. "Definitivamente, lo seguiremos haciendo y eso tendrá un costo político que tarde o temprano se verá reflejado en la popularidad o en las urnas porque siguen sin darnos una respuesta efectiva. Sabemos que este problema es una herencia, pero desde el 1 de diciembre es responsabilidad de esta administración y debemos trabajar para resarcir el rezago existente. Y no creo que este presupuesto pueda enfrentarlo como debería".

Y enfatiza, "el que las familias salgan a buscar con sus propias manos, con sus propios recursos y herramientas es subsidiar el trabajo del Estado. Incluso, el que vayamos a proporcionar información al ministerio público, es subsidiarlos", advierte.

Para Fundar hay una clave indiscutible. "¡No hay dinero que alcance! El trabajo de estas familias no se puede contabilizar en términos monetarios, sería inhumano hacerlo. Pero debemos decir que falta mayor articulación institucional entre la fiscalía local con la nacional; y de ambas con las comisiones locales de búsqueda, así como la nacional. Porque al final del día, ninguno de estos entes es ajeno", concluye el investigador de Fundar.

Grace Fernández remata de manera realista. "Sabemos que no vamos a identificar 37 mil cadáveres en dos años ¡Esto va a tardar como diez! Y mientras menos inviertes, más tardará. Aún no se le da una dimensión real. Pero voluntad que no va acompañada de recursos, no es más que simulación".

Así que, la última palabra para aumentar o reducir los recursos financieros para tan delicado tema, queda en la comisión de presupuesto del Poder Legislativo.

Con información de La Silla Rota