Buscan ley para sancionar a funcionarios que obstaculicen feminicidios

El grupo legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), presentó ante el pleno una iniciativa para prevenir, sancionar y erradicar el delito de feminicidio y se reforman disposiciones de la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

Esta iniciativa también busca establecer sanciones penales contra funcionarios que obstaculicen la integración de carpetas de investigación por maltrato hacia las mujeres o quienes sean omisos en el cumplimiento de sus deberes legales, además del derecho a la reparación del daño.

Así como contempla que los Estados de manera obligatoria, contarán con fiscalías especializadas en investigación y procesamiento del delito de feminicidio, además de que los operadores del sistema acusatorio tendrán la especialización y las técnicas de litigación adecuados para aportar elementos de prueba pertinentes para acreditar los tipos penales.

Asimismo, será una obligación para la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, que mantengan actualizados los registros de feminicidios, los cuales deberán incluir al menos, las características sociodemográficas de las víctimas y los feminicidas.

La diputada Mariana Dunyaska García Rojas indicó que la construcción de esta iniciativa de ley se logró gracias a los foros de trabajo que se realizaron en diferentes Estados de la República en donde acudieron especialistas académicos e integrantes de organizaciones de la sociedad civil.

La legisladora federal agregó que dentro de esta ley proponen que el delito de feminicidio no prescriba, además de homologar los distintos tipos de violencia contra las mujeres y unificarlas en la Ley General o el Código Penal Federal, para así articular esfuerzos para prevenir la violencia de género.

El propósito es combatir y erradicar el feminicidio desde los tres niveles de Gobierno y los distintos poderes del Estado y de esta forma, se podrá establecer el tipo penal del delito de feminicidio, donde la víctima pueda tener órdenes de protección, y los agresores una ejecución de sentencia; y la aplicación de medidas cautelares, entre ellas la prisión preventiva

Con información de La Silla Rota