Posible alteración de homicidios y alto índice de impunidad; así comparecerá procurador

 Entre los problemas o rezagos que tiene la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) se encuentran que la entidad tiene la segunda peor calificación en su información sobre homicidios que ocurren en el estado, que el sistema de justicia (SJP) penal tiene un promedio de impunidad del 96 por ciento de los casos y que el personal de esta dependencia es de los principales a los que se les acusa de presuntamente violar derechos humanos, con base en las quejas.

También, Hidalgo es una de las seis entidades del país en las que aún no cambia su modelo de Procuraduría General de Justicia a Fiscalía. Aunque el tema es parte de la agenda legislativa de la fracción de Morena en el Congreso local.

En julio, la organización México Evalúa publicó la investigación Fallas de origen 2019: Índice de Confiabilidad de la Estadística Criminal, en la que reveló que Hidalgo presenta información poco fidedigna y de baja calidad sobre los homicidios, y señala una posible alteración intencional de las cifras para mostrar una disminución de los asesinatos dolosos, lo cual colocó a la entidad con la segunda peor calificación a nivel nacional.

En respuesta, Raúl Arroyo González, titular de la PGJH, justificó que esto podría ser debido a la cantidad de plataformas para el registro de delitos y a los cambios que pueden sufrir las carpetas durante el proceso de investigación.

La misma organización, en la investigación Hallazgos 2018, seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México, señaló que la entidad tiene un índice de impunidad del 96 por ciento de los casos que atiende.

La cifra refiere que el sistema de justicia no logró una respuesta satisfactoria en el mayor número de los casos registrados y presentó deficiencias tanto en las condicionantes laborales, como en el desempeño de proporcionar justicia a los ciudadanos.

Ante esta situación, la procuraduría firmó un convenio con México Evalúa para la realización de un diagnóstico de la aplicación del sistema penal en la entidad; los resultados del estudio fueron entregados el domingo al gobernador Omar Fayad Meneses, pero aún no se han dado a conocer.

LSR Hidalgo publicó el 20 de julio que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) recibió mil 23 quejas por posible violación a las garantías individuales, y el personal de la PGJH se encuentra entre los principales presuntos ejecutores, principalmente integrantes de la Policía Investigadora, indicó en entrevista el visitador general, Javier Ramiro Lara Salinas.

Este viernes, Arroyo González comparecerá ante la comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia como parte de la glosa del tercer informe de la administración estatal.

Con información de La Silla Rota