Elementos de SSPC y PF, sin garantías de mantener esquemas de seguridad al pasar a Guardia Nacional

La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Federal desconocen los programas y acciones que se realizan al interior de ambas instituciones para garantizar que los policías federales que sean transferidos a la Guardia Nacional tengan garantizados esquemas de seguridad social.

En respuesta a la solicitud hecha (20 de diciembre 2019) por la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que informe sobre el "Avance del proceso de transferencia de recursos humanos, financieros y materiales de la Policía Federal a la Guardia Nacional", la dependencia que dirige Alfonso Durazo contestó que, por el momento, "no tiene conocimiento de las acciones llevadas a cabo" para garantizar el esquema de seguridad de los elementos que sean trasferidos.

"Al respecto, la Dirección General de Recursos Humanos de la SSPC informó que en ésta no se tiene conocimiento de las acciones llevadas a cabo por esa Secretaría para garantizar que los elementos de la PF que sean adscritos a la GN continúen gozando del sistema de seguridad social establecido en las normas y acuerdos emitidos por el Consejo Federal de Desarrollo Policial de la PF, en razón de que la PF es un órgano administrativo desconcentrado de la SSPC; por lo tanto, goza de autonomía administrativa y facultades específicas para resolver asuntos en la materia encomendada, de conformidad con los artículos 47 y 48 del Reglamento Interior de dicha Secretaría", menciona el documento consultado por LA SILLA ROTA.

La misma petición fue hecha a la Policía Federal, la cual contestó que está en integración, por lo que una vez que lo tengan darán respuesta a la Secretaría de la Función Pública.

"Ante la solicitud expresa a la PF del acuerdo por el que se transfieren a la GN los recursos humanos, materiales y financieros que tienen asignados las divisiones de Fuerzas Federales y de Gendarmería de la Policía Federal, suscrito por la Unidad de Administración y Finanzas de PF y la de la GN, la PF informó que se están realizando los trabajos para la integración de los anexos del acuerdo y que, una vez que se cuente con la información se remitiría a esta Unidad auditora".

SSPC culpa a PF

La petición que efectuó la SFP fue en base al decreto que expide la Ley de la Guardia Nacional publicado el 27 de mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el cual en su artículo Quinto Transitorio menciona que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana garantizará que los elementos que sean adscritos a la Guardia Nacional, continúen gozando del sistema de seguridad social establecido en las normas y acuerdos emitidos por el Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal. 

El documento menciona que, al carecer de información sobre los acciones o programas para garantizar la seguridad social de los policías federales, la SSPC se deslindó del tema, al asegurar que la Policía Federal es la encargada de contar con la información.

"En conclusión, la SSPC refirió que corresponde a la PF garantizar que los elementos que sean adscritos a la Guardia Nacional (GN) continúen gozando del sistema de seguridad social establecido en las normas y acuerdos emitidos por el Consejo Federal de Desarrollo Policial de la PF. Asimismo, la transferencia a la GN de los recursos humanos, materiales y financieros, asignados a la PF, se encuentra en proceso".

La respuesta llevó a la SFP a solicitar a María Cecilia Hernández Galván, encargada Interina de la Secretaría General de la Policía Federal un informe (fecha límite, 26 de febrero) sobre los avances que se tienen para garantizar los derechos de los elementos.

"Se deberá remitir a la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública, dentro de 45 días hábiles posteriores a la firma de esta observación, copia certificada del soporte documental que acredite las acciones realizadas para atender las recomendaciones preventivas a fin de que se realice el seguimiento correspondiente y se determine lo procedente".

También, la SFP recomendó a la Policía Federal, garantizar que las transferencias (empleados y bienes materiales) que se hayan hecho a la Guardia Nacional sean conforme lo estipula el decreto publicado el 29 de mayo de 2019.

"La transferencia de los recursos humanos, materiales y financieros de ésta, que correspondan a sus divisiones de Fuerzas Federales y de Gendarmería, incluyendo, de haberse realizado a esta fecha, la suscripción y publicación en el Diario Oficial de la Federación de los acuerdos que para tal efecto suscriba con la GN, en cumplimiento del Sexto Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley de la Guardia Nacional".

Desde mayo de 2019 FGR contrató seguro de gastos

El pasado 12 de mayo, LA SILLA ROTA dio a conocer que el 27 de febrero, la Fiscalía General de la República (FGR) adjudicó, mediante una licitación pública nacional (LA-017000999-E39-2019), un contrato a la empresa Metlife, SA, para la adquisición de un "seguro de gastos médicos mayores para el personal sustantivo", por el que se pagaron 145 millones 169 mil 478 pesos y 36 centavos, más 23 millones 227 mil 116 pesos y 54 centavos por concepto de IVA, lo que arroja un total de 168 millones 396 mil 594 pesos y 90 centavos.

Andrés Manuel López Obrador advirtió reiteradamente que durante su gobierno los funcionarios públicos no tendrían seguros de gastos médicos mayores ni atención médica privada.

La Fiscalía también adquirió a la empresa Grupo Mexicano de Seguros, SA de CV, un "seguro de responsabilidad civil para servidores públicos de mando", por el que pagó dos millones 856 mil 384 pesos (IVA incluido) y que cubre un monto mínimo de cuatro millones 800 mil pesos y un máximo de 12 millones de pesos.

En esta licitación pública nacional participaron cinco empresas: Metlife México, SA, Grupo Mexicano de Seguros, SA de CV, Mapfre México, SA, Seguros Atlas, SA y Chubb Seguros México, SA.

Sin embargo, las tres últimas empresas fueron descalificadas y en el acta se inscribió la leyenda "cumple, sin embargo, su propuesta no resultó ser la propuesta solvente más baja de acuerdo a los puntos obtenidos".

En la firma del acta participaron, por parte de la Fiscalía General de la República, Ángela Hernández Bustamante, subdirectora de área en la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales; Laura Avendaño López, agente del Ministerio Público Federal adscrita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos; Joel Oliver Balderas, director de área en la Dirección de Prestaciones; Víctor Manuel Toledo, subdirector en la Dirección de Prestaciones, entre otros funcionarios.

De igual forma, en este fallo también estuvieron presentes Adriana Mignon Méndez y Angélica López Peñuñuri, ambas por el Órgano Interno de Control de la propia FGR.

Con información de La Silla Rota