PAN denuncia a Salud y el Insabi por opacidad en compras por covid

Los diputados del Partido Acción Nacional denunciaron ante la Auditoría Superior de la Federación que hay opacidad en las compras que ha hecho el Sector Salud durante la pandemia de covid-19. Destacó que en el caso del Instituto de Salud Para el Bienestar no hay ningún registro de los contratos ni de las adquisiciones que ha realizado.

Los legisladores, encabezados por Éctor Jaime Ramírez Barba, entregaron un escrito para pedir al auditor Superior, David Colmenares, que revise el ejercicio del gasto durante el primer semestre de 2020, relacionado con la compra de medicamentos e insumos y contratación de servicios del Sector Salud, ante posibles violaciones a la normatividad.

En el documento señalaron que el Insabi "ha actuado con total opacidad pues no existen registros de los contratos ni de las compras de insumos para la salud para atender la emergencia sanitaria; lo que hace imposible rastrear las compras que ha realizado", esto a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador y otros funcionarios han hablado de las adquisiciones hechas.

Añadieron que tampoco existe información disponible sobre la ejecución de programas de inversión por más de 9 mil millones de pesos que se anunciaron como parte del inicio de operación del Insabi y que tampoco se ha aclarado en que se están gastando los 40 mil millones de pesos que se le transfirieron del Fondo del Bienestar.

Sin embargo, el Insabi no es la única institución del Sector Salud en donde los legisladores panistas detectaron irregularidades, ya que en el texto que entregaron a la ASF indicaron que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado compró equipo a un costo seis veces mayor que el IMSS, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional ha asignado contratos a una empresa con un giro ajeno al Sector Salud, por más de tres millones 360 mil pesos.

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Los diputados señalaron que "una gran parte de las compras realizadas incumplen con los requisitos mínimos establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo que no hay garantía de que se adquirieron al mejor precio, a empresas sin conflictos de interés o que en realidad se estén entregando los medicamentos, insumos y servicios contratados".

Con información de La Silla Rota