Sacarán a acosadores y agresores de elecciones en 2021

Una iniciativa para evitar que acosadores, violentadores o deudores de pensión alimenticia lleguen a ser servidores públicos será impulsada por un bloque de legisladoras en la Cámara de Diputados, rumbo al próximo periodo ordinario de la 64 Legislatura, con la intención de que sea aplicable a cargos de elección popular en 2021.

De acuerdo con Yndira Sandoval, fundadora de Las Constituyentes Feministas, colectivo que impulsa la propuesta 3de3 contra la violencia en todo el país, con ésta pretenden agregar a las leyes mexicanas una "paridad cualitativa", para los servidores públicos.

La iniciativa pretende reformar la Constitución Política para evitar que varones candidatos a cargos públicos de elección, de designación o por concurso que han tenido un evento de violencia contra una mujer, acoso o abuso, lleguen a los cargos de toma de decisiones.

"Esta iniciativa debe diferenciarse del gran avance que se tuvo en materia de reconocer la violencia política hacia las mujeres, porque el tema de violencia política sanciona a quienes ejercen la violencia en el ámbito político.

"La gran diferencia en la 3de3 es cómo se comportan en un ámbito familiar. No puedes ser un golpeador de mujeres y luego ser alcalde, no puedes. Queremos que 3de3 coloque sobre la mesa un nuevo paradigma en la forma de hacer política", dijo a La Cadera de Eva.

Van por acuerdo

Pero, de no concretarse la iniciativa antes de 2021, pues Sandoval admite que las legisladoras pueden enfrentarse a las mismas trabas que se han enfrentado en estados como Oaxaca y Chiapas, donde ya ha avanzado la iniciativa, ya se cuenta con un plan b. 

De acuerdo con la diputada Martha Tagle (MC), una de las acompañantes de la iniciativa, que se presentará la próxima semana en San Lázaro, la propuesta reformaría ordenamientos jurídicos como la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

"Mientras, quedamos de gestionar con la Secretaría de la Función Pública y con el Instituto Nacional Electoral para que sean los propios candidatos y funcionarios quienes presenten su 3de3 contra la violencia, de manera voluntaria, como sucedió con la de anticorrupción", especificó a La Cadera de Eva.

La coordinadora del PRD en San Lázaro, Verónica Juárez, adelantó que el grupo plural de legisladoras buscará reuniones con la Función Pública y el INE para firmar un acuerdo, con o sin ley lista, que permita avanzar en las candidaturas de las elecciones intermedias.

Preocupa aplicación

Para Yoselin Sánchez, abogada especialista en defensa de Derechos Humanos, la iniciativa podría enfrentarse a trabas propiamente legales, como que al acotar la posibilidad de un padre deudor de pensión alimenticia se podría violar el interés superior de la niñez.

"Porque acceder a un empleo formal permite cobrar la deuda, lo que se busca es que se pague, entonces si no le permito acceder a un trabajo con el cual se pueda pagar ese adeudo, podría ser una forma en que el interés superior de la niñez podría verse afectado.

"Creo que es importante no perder de vista estos puntos para evitar que se llegue al discurso de que una medida en favor de las mujeres afecta a otras mujeres, porque se puede dar el supuesto", dijo a este medio.

Yndira Sandoval aseguró que la propuesta no está planteada como una medida violadora de derechos humanos, sino como una que fortalece la democracia al permitir a mujeres llegar a puestos donde se toman decisiones que las afectan directamente.

"No está planteada como una herramienta político-electoral de adversarios para terminar con la carrera política de nadie, sino como parte de un marco jurídico a favor de las mujeres", precisó Sandoval.

Sin embargo, Yocelin Sánchez recomendó que la iniciativa, una vez entregada, se estudie a profundidad junto con resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de derechos humanos, para evitar que se eche abajo.  

Con información de La Silla Rota