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Temen militarización con transferencia de control de puertos a Marina

La silla rota   /   
 Viernes, Septiembre 18, 2020

   

Transferir o no transferir la administración de los puertos, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Marina causó debate en el parlamento abierto virtual que realizó la comisión de Gobernación y Población de la cámara de Diputados. Mientras la Marina defendió poder asumir la responsabilidad, académicos y analistas del tema consideraron que hacerlo significa militarizar los puertos y aduanas mercantes. La iniciativa de ley fue presentada por Morena. El tema cobra relevancia porque de ahí surgió la reciente del secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, por manifestar estar en contra del tema.

Durante cuatro horas diputados federales, especialistas, académicos y marinos expusieron sus puntos de vista. Aunque la iniciativa plantea que se tendrá una autoridad marítima nacional unificada, así como el control efectivo de embarcaciones nacionales y extranjeras en zonas marítimas, las opiniones fueron encontradas. La defensa del tema vino del almirante José Luis Arellano de Semar.

"Se tiene la voluntad de poner orden y control... Requerimos tener un mayor y mejor control de los puertos... Hemos encontrado en veinte días trasiego de combustible de manera irregular, falta de transparencia en la concesión y sesión, adjudicaciones directas que no se apegan a la ley, evasiones fiscales, falta de transparencia", resumió.

Negó que se pudiera afectar el comercio marítimo y aseguro que no hay ninguna inconstitucionalidad porque hay jurisprudencia del tema. "¿Cuál militarización si la propia secretaría tiene personal civil?", cuestionó. De aprobarse la iniciativa, garantizó "todas las funciones de la estructura que deban ser de marinos mercantes se van a respetar y vamos a colocar ahí gente de mar, porque en los últimos 45 años el 95% de este tiempo fueron administrados por abogados, políticos y hasta biólogos. Y eso ustedes lo saben".

Aseguró que el problema de pilotaje no se toca y adelantó que habría cambios en educación náutica que hoy presenta deficiencias porque no está alineada a convenios internacionales; en cuanto al dragado, agregó, es un tema álgido por ser actividad comercial.

No tenemos un plan de mantenimiento de nuestros puertos, los costos del dragado son elevados. Marina tiene la infraestructura del dragado y lo ha conservado, el día de hoy dragamos y hemos adquirido equipo nuevo el año pasado, podemos hacerlo, somos competitivos, podemos bajar los costos

LOS CUESTIONAMIENTOS

Gabino González, investigador del Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho, señaló que las iniciativas presentadas en el congreso retoman el mismo tema planteado en 2016 con el expresidente Peña Nieto. Y que fue abordado por la Suprema Corte de Justicia dado que se consideró que la Marina cumplía ambas funciones, administrativas y militar.

"Lo que estableció la Corte en 2018 es que no debe equipararse la secretaría de Marina con la Armada de México porque la primera es un órgano administrativo y la segunda es una institución militar. Y que la secretaría de Marina había sido entendida como una dependencia a la que se le podían atribuir aspectos ajenos a la disciplina militar", recordó. Destacó que, de estos puntos, no se generó jurisprudencia; y que, de debatirse hoy el tema en el poder Judicial, podrían surgir nuevos planteamientos por el cambio de ministros

Javier Olivaacadémico de la UNAM, especialista en temas de seguridad y colaborador del Centro de Estudios Navales, afirmó que "la agenda de las fuerzas armadas está diversificando y desde mi punto de vista no hay regreso. Las instalaciones portuarias en todo el mundo son críticas en términos de seguridad, comerciales y tránsito de personas". Y contextualizó que geográficamente, México es uno de los más grandes en cuanto a extensión de litorales. "La armada de México cuenta con los recursos humanos e infraestructura para poder hacerse cargo de las aduanas portuarias que son tan importantes para la seguridad y el comercio internacional", dijo.

El investigador español Marcos Moloeznik consideró que aprobar la iniciativa debilita al poder naval de la federación. Y sugirió limitar las atribuciones de la Marina a actividades de seguridad nacional, contribución al Estado de derecho incluida la protección civil; y recomendó sacarla de la Guardia Nacional a fin de que no pueda realizar operativos fuera de su jurisdicción.

Bárbara Stepien, investigadora del tema, señaló que algunas posibles consecuencias de aprobar esta medida sería el descontento de la industria marítima internacional y la posibilidad de que barcos extranjeros eviten los puertos mexicanos. Agregó que puede haber también problemas jerárquicos y riesgo de que el control civil se pierda sobre la jerarquía del ejército o sector militar en el puerto.

El capitán Antonio Fritz, secretario del trabajo orden de capitanes y pilotos navales de la República Mexicana, consideró que la iniciativa sí militariza los puertos y lamentó que esta iniciativa sea similar a la del 2016, promovida ahora, por el partido que la votó en contra en aquel año. "Estas militarizaciones se han realizado en gobiernos militares y de excepción... Se considerar ahora que la Marina es de naturaleza civil... Si así lo fuera todos los militares de la secretaría Marina debería ser removidos y se les debería nombrar funcionarios públicos civiles", apuntó.

Catalina Pérez, académica del CIDE, consideró grave la aprobación del dictamen y comparó esta medida con la ley de seguridad interior y la creación de la guardia nacional. "El tema va más allá de la sola seguridad, subordina a las autoridades civiles a la autoridad militar, le da a la secretaría de Marina la facultad de regular las comunicaciones y transportes por agua y de conducir todas las políticas y programas para su desarrollo, facultades para imponer sanciones administrativas", enlistó. Y precisó que esto es contradictorio con la constitución.

FALTA MÁS DISCUSIÓN

La diputada de Morena Juanita Guerra, autora de una de estas iniciativas, afirmó que el objetivo es reforzar las medidas para combatir la inseguridad bajo otros esquemas porque los actuales quedaron rebasados frente a la realidad "y la Marina es la única que cuenta con las herramientas".

Además, adelantó que el tema está vinculado porque en 2022 la Organización Marítima Internacional (OMI, de la ONU) revisará el tema. "De no pasar esta aprobación, los puertos mexicanos se verían afectados en su reputación frente a la comunidad marítimo comercial y a nivel internacional en detrimento a la economía mexicana. La Semar es la única que cuenta con esos elementos suficientes para cumplir con esa función". También señaló que las reformas que se proponen no son inconstitucionales; y defendió que la Marina cuenta con el 70% de reconocimiento en el país por su lealtad.

La morenista Rocío Barrera, presidenta de la comisión, adelantó que todas estas ponencias serán adjuntadas al dictamen.

Con información de La Silla Rota

   


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