Activistas y defensores de los derechos humanos de los migrantes presentaron una queja ante la CNDH y la Conapred, por las declaraciones ofensivas que realizo contra la comunidad migratoria, la diputada federal del PRI, por el distrito de Coatzacoalcos, Patricia Peña Recio.

En la exposición de motivos, los activistas señalaron que la legisladora afirmó sin fundamento jurídico que las personas migrantes “son un peligro porque en los sitios en donde hacen parada, se prostituyen y matan y además no merecen atención porque no votan”. Señaló que “son personas que llegan sin dinero, están allí asaltando... queremos que estén circulando, que no se queden ni en el municipio, ni en el estado, ni en el país" (sic).

Estimaron que la naturaleza de las afirmaciones contradicen lo estipulado por el artículo primero de la Constitución Mexicana que señala que: “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano”.

Advirtieron, que también con violatorias de lo estipulado por el artículo primero de la Constitución Mexicana que señala que: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

Y que establece que “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección”.

Por lo cual, los activistas pidieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos realice las diligencias correspondientes para investigar y emitir una recomendación a la Cámara de Diputados y a la Comisión de Asuntos Frontera Sur Sureste por las declaraciones realizadas por la diputada Patricia Peña Recio, secretaria de dicha comisión.

Asimismo, pidieron que ofrezca una disculpa pública retractándose de sus declaraciones.

“Solicitamos que la CNDH exhorte a los funcionarios públicos, particularmente a los miembros de la comisión de Asuntos Frontera Sur Sureste a conducirse con los más altos valores del servicio público”.

Los activistas que presentaron la queja ante la CNDH señalaron que “los migrantes en tránsito hacia Estados Unidos, lejos de ser delincuentes, suelen ser víctimas de abusos y violaciones a sus derechos por integrantes del crimen organizado y servidores públicos.

“Las organizaciones firmantes lamentamos estas afirmaciones que están totalmente en contra del espíritu de nuestras leyes y desacreditan la labor humanitaria que realizamos, y más grave aún, violentan los derechos humanos de las personas migrantes”.

Entre las organizaciones y defensores firmantes, se encuentra: Axel García Carballar; Colectivo Ustedes Somos Nosotros; Ibero Puebla; SJM-México; José María Villaseca AC; Albergue Nuestra Sra. de Guadalupe; Albergue San Juan Diego; Iniciativa Kino; Lic. Hugo Vadillo Zurita; Casa del Migrante Taticj Samuel; Hermanas de los Sagrados Corazones; Seminario Scalabriniano; Hnas. del Servicio Social; Hnas. de San José de Lyón; Casa del Migrante Santa Martha; Casa del Migrante, Casa Nicolás; Comité de Solidaridad y DH Monseñor Romero-Albergue Tochan; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Atención al Migrante Necesitado; Global Workers; Casa del Migrante Santa Cruz; La Patrona, Esperanza del Migrante; Red Jesuita con Migrantes de Latinoamérica; Casa-Hogar para Migrantes La 72; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Prodh Juárez; SMR Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados; Misioneras Scalabrinianas; Hermanas Auxiliadoras del Purgatorio.