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CIDH condena asesinato de periodista en el norte de Veracruz

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 Sábado, Mayo 21, 2016

Este es el quinto asesinato de un periodista en México ocurrido este año: el 21 de enero fue asesinado Marcos Hernández Bautista.

Washington, D.C. – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista Manuel Torres González, ocurrido el 14 de mayo en la localidad de Poza Rica, estado de Veracruz, México, e insta a las autoridades mexicanas a actuar de manera pronta y oportuna para investigar el crimen e identificar y sancionar a los responsables, tanto materiales como intelectuales.

De acuerdo a la información disponible, Torres había sido corresponsal de la cadena TV Azteca y reportero del diario Noreste. Recientemente había lanzado su propio sitio web llamado Noticias MT. Falleció tras recibir un disparo en la cabeza cuando salía de una oficina pública.

Este es el quinto asesinato de un periodista en México ocurrido este año: el 21 de enero fue asesinado Marcos Hernández Bautista en la localidad de San Andrés Huaxpaltepec, estado de Oaxaca; el 9 de febrero Anabel Flores Salazar fue hallada muerta en el estado de Puebla; el 20 de febrero fue encontrado sin vida el cuerpo de Moisés Dagdug Lutzow en el estado de Tabasco y el 25 de abril fue asesinado Francisco Pacheco Beltrán en Taxco, estado de Guerrero. La Relatoría Especial expresa su profunda preocupación porque esta cifra prácticamente iguala la de seis comunicadores asesinados en todo 2015 en ese país.

El crimen ocurrió en Veracruz, uno de los estados más peligrosos para el ejercicio del periodismo en México. El año pasado dos periodistas fueron asesinados en ese estado por motivos que podrían estar relacionados con su labor de informar, y en 2014 la Relatoría Especial registró un caso. A su vez, varios periodistas veracruzanos fueron asesinados en otros estados. En atención a la compleja situación de violencia que enfrenta el periodismo en Veracruz, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) puso en marcha en noviembre de 2015 un Sistema de Alerta Temprana y Planes de Contingencia para la protección de los periodistas de Veracruz, consistente en un programa de políticas públicas para evitar potenciales agresiones a las y los periodistas de la región.

El Estado mexicano informó que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), la Fiscalía General del Estado de Veracruz y la Fiscalía Especializada en delitos electorales y en la atención de denuncias contra periodistas y/o comunicadores zona norte iniciaron una investigación. La Fiscalía de Veracruz, a su vez, decretó medidas de protección para la familia de Torres y le ofreció apoyo psicológico. La Feadle, en tanto, dijo que se entrevistó con los familiares y que le manifestaron no querer medidas de protección "por considerar que no era necesario por el momento" y porque "no temían por su seguridad".

La Relatoría Especial exhorta a las autoridades a investigar de manera exhaustiva la hipótesis según la cual este crimen estaría asociado con el ejercicio de la libertad de expresión, y a poner en práctica todos los instrumentos con los que cuenta para identificar, procesar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. También considera fundamental que se adopten medidas de reparación justas para los familiares de las víctimas.

La Relatoría Especial considera que se debe evaluar de manera urgente si deben activarse los mecanismos de atracción de manera que estos casos puedan ser investigados y judicializados de inmediato por las autoridades federales. Asimismo, estima esencial que se consolide el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y que se fortalezcan los mecanismos de coordinación interinstitucional entre las autoridades federales y los distintos niveles del gobierno para asegurar la adecuada adopción e implementación de las medidas de protección.

El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala que "[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".

Cuando tales delitos quedan impunes, esto fomenta la reiteración de actos violentos similares y puede resultar en el silenciamiento y en la autocensura de los y las comunicadoras.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la CIDH con el fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

   


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