Ángeles Cruz Martínez

Alrededor de 8 mil millones de pesos es el monto de la deuda acumulada en los pasados tres años de entidades federativas e instituciones de salud con fabricantes y distribuidores de medicamentos, a causa de la cual al menos siete estados serán excluidos de la compra consolidada de medicinas para el abasto de 2017, afirmó Dagoberto Cortés, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Anafam).

De los servicios de salud estatales, cuatro no pudieron realizar adquisiciones por esta vía en 2016 y se mantendrán fuera para esta nueva edición, mientras que con otros tres, entre ellos, el estado de México, los proveedores están pidiendo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que lidera el proceso, que no se le incluya, porque debe mil 200 millones de pesos.

La entidad mexiquense ya tenía deudas desde el año pasado y estableció un compromiso de pago que no cumplió. Es el que más afecta a los proveedores por su volumen de compra, explicó Cortés.

También preocupa al sector que se aproxima el proceso para cambio de gobernador en el estado de México “y no sabemos si el nuevo gobierno va a reconocer deudas de su antecesor”.

Otras entidades que no podrán participar en la compra consolidada que iniciará en la segunda quincena de septiembre con la publicación de las bases de las licitaciones son Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León y Colima.

En entrevista, el presidente de la Anafam comentó que también están solicitando al IMSS que los nuevos contratos establezcan que los pedidos tengan niveles mínimos en volumen y precio de los productos que se deben entregar directamente en clínicas y hospitales.

En el IMSS –el mayor comprador de medicinas del sector público–, 40 por ciento de sus contratos son de productos de mayor consumo y menor precio. Le representan un gasto de 2 mil 500 millones de pesos, equivalente a 8 por ciento de los 30 mil millones de la inversión total en medicinas de este año.

De hecho, en una conferencia reciente, funcionarios del instituto resaltaron que esta disposición de que los proveedores entreguen directamente los insumos en clínicas y hospitales ha contribuido a abatir el desabasto y a mantener el surtimiento de recetas en niveles de 98 por ciento en promedio, a escala nacional.

Al respecto, Dagoberto Cortés reconoció que cada parte debe tener estrategias para mejorar la eficiencia de sus procesos, pero para algunos proveedores esta disposición ha sido perjudicial. Indicó que 78 por ciento de las 860 claves de medicinas que adquieren las instituciones, valen 4.60 pesos o menos y hay lugares donde 60 por ciento de las órdenes de reposición son por menos de 2 mil pesos.

Sale más caro transportar

“Cuando se tienen que llevar a localidades alejadas, en ocasiones sale más caro el transporte” y lo más preocupante para las empresas es que en el futuro aumente la cantidad de productos con estas condiciones de entrega.

El directivo reconoció que de parte de las autoridades del IMSS y de la Secretaría de Salud ha habido sensibilidad para escuchar las peticiones de las empresas farmacéuticas, sobre todo en lo relativo con los adeudos pendientes.

Además de pedir que se excluya a los estados con las mayores deudas, Anafam planteó al IMSS que en los nuevos contratos también se establezcan nuevas reglas, a fin de que cuando haya incumplimientos de pago, a partir de cierto monto los proveedores puedan suspender las entregas y así evitar que la deuda aumente.

Cortés destacó que resulta incomprensible que las entidades no paguen, pues se supone que cuentan con asignaciones presupuestales específicas para este fin. En cambio, hay multas cuando falla la proveeduría, señaló.

Con información de La Jornada http://www.jornada.unam.mx/2016/08/29/sociedad/035n1soc