Xalapa, Ver.- El cobro de cuotas, secuestros, extorsiones y desapariciones de migrantes, son fenómenos de violencia de los cuales el gobierno federal y estatal están enterados pero hacen caso omiso para frenarlo, consideró el párroco de Amatlán y activista, Julián Verónica.

En su intervención en la mesa: “Violencia y violaciones a los derechos humanos” del coloquio “Veracruz: Crisis, Alternancia y Resistencias” organizado por la Universidad Veracruzana (UV), afirmó que  Veracruz, es junto a Chiapas y Oaxaca, uno de  los estados más peligrosos para los migrantes, donde ellos son tratados como mercancía de varios grupos de la delincuencia organizada.<br />

En su reflexión señaló que no es un secreto el cobro de cuotas de 100 dólares a migrantes para evitar que sean aventados del tren, lo que ha obligado a abrir nuevas  rutas de movilización, todavía más peligrosas.

Aun cuando los gobiernos saben de estas problemáticas, la respuesta no fue abatir la delincuencia, sino hacer el plan frontera sur, que lejos de ayudar ha desatado más violencia al generar cambios en las dinámicas de paso e invisibilización de los grupos de migrantes, consideró.

De acuerdo a los registros, dijo que Honduras, El Salvador y Guatemala, son los países que más expulsan migrantes, principalmente por razones económicas, de violencia, por despojo de tierra o llegada de megaproyectos.

Recordó que los delitos a los que más se enfrentan los migrantes en su cruce por México y Veracruz son: Robos, lesiones, detenciones arbitrarias, secuestros y desapariciones: “Los migrantes son utilizados por grupos de la delincuencia para transportar, enganchar droga, y engrosar las filas del crimen organizado, los utilizan para hacer los trabajo sucios o en las redes de personas”, dijo y añadió: “Ellos lamentan vivir bajo la zozobra del crimen organizado, temen que les agredan, los violen, los maten o los desaparezcan”.

Señaló que de acuerdo a las organizaciones, se tiene registro de que en 2015, los delitos cometidos por servidores públicos amentaron en 20 por ciento, principalmente los perpetrados por policía federal y municipal, lo cual está vinculado con la política de criminalizar a los migrantes.

Criticó que las políticas del gobierno federal para atender esta problemática están basadas en cerrar la frontera sur, persiguiendo migrantes.

“La respuesta del estado mexicano fue el cambio de techos en los trenes, la construcción de bardas, más operativos policiacos, instalación de equipos de alarma y hasta drones, lo que puso en riesgo a los migrantes y a los propios defensores de derechos humanos que han sido baleados”, dijo.

El párroco también criticó el hacinamiento y la nula atención de las llamadas “perreras” o las estaciones migratorias, que funcionan como cárceles, y no se garantizan sus derechos humanos.

Ante el aumento de la violencia contra migrantes, a consideración de Julián Verónica, es momento de preguntarse “¿Qué sigue? ¿Qué postura tomarán los estados en torno a su función de protección de sus poblaciones? ¿Qué postura tomará la población civil organizada?”.

Pero sobre todo, concluyó, es momento de saber qué postura tomarán quienes vivimos en este país tan fragmentado.

Avc