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Uso de la fuerza pública en Veracruz, marca registrada de Yunes

Estado   /   
Miguel Ángel León Carmona  |
 Miércoles, Octubre 11, 2017

Ante protestas sociales en demanda de servicios y atención, el mandatario estatal responde con al Fuerza Pública.

Xalapa, Ver.- La exigencia de servicios básicos como la energía eléctrica, la construcción de edificios médicos, o el pago puntual a policías municipales no ha sido tolerada por el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, el cual ha optado por repeler estas protestas con el uso de la fuerza pública.

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Este martes 10 de octubre, Yunes Linares se adjudicó la decisión de desalojar un grupo de campesinos de la comunidad de Ojite de Matamoros, Coxquihui. El movimiento exigía la instalación de un laboratorio, debido a la propagación de una enfermedad respiratoria que cobró la vida de dos niños, de cuatro y cinco años.

El mandatario calificó de imposible la petición de los pobladores serranos al señalar que el municipio no cuenta con condiciones particulares. “Ayer yo ordené el desalojo y que se procese a las personas que bloquearon; es una decisión que yo asumí”, agregó.  

El operativo anti motín, a cargo de la Fuerza Civil y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), fue tildado de represor por la Red Unidos por los Derechos Humanos. La agrupación reprobó la presunta detención arbitraria de cinco hombres y cuatro mujeres, entre ellos José Luis Martínez López, agente municipal de Oriente Medio Día.

El movimiento de activistas consignó en un comunicado que las autoridades  amedrentaron a pobladores de Coxquihui y El Espinal cortando el suministro de energía eléctrica en las viviendas y emitiendo detonaciones con arma de fuego.

Lo sucedido en Coxquihui -ubicado al norte de Veracruz- ha tenido réplicas en diversos municipios durante la presente administración, donde la Fiscalía General del Estado (FGE) ha encarcelado a manifestantes por delitos Contra la seguridad y los medios de transporte o por terrorismo.

Al respecto, Leopoldo Alafita Méndez, catedrático en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana (UV) opinó que “Los esfuerzos del gobierno para atender este tipo de problemáticas deben hacerse hasta agotar el recurso del diálogo. Enviar un piquete de policías se puede hacer desde el escritorio, pero no se resuelve nada”.

El entrevistado refirió que, si bien, los problemas de los veracruzanos no empezaron en el sexenio pasado “me parece que asumir los problemas que se heredan de otras administraciones es gobernar a fondo; el Estado debe de tener una actitud de gobernar para todos, que es escuchar las demandas”.

Abundó que liberar una ruta mediante el uso de policías armados con toletes solo resuelve el problema de vialidad en el lugar de la protesta. “Hay una obligación del gobierno insoslayable que es resolver los problemas sin que ninguna persona salga lastimada o que pierda la vida”. 

Soledad Atzompa, municipio perredista que también ha sido reprimido

Xalapa: diez problemas que Américo Zúñiga heredará a Hipólito RodríguezXalapa: diez problemas que Américo Zúñiga heredará a Hipólito RodríguezObras inconclusas, parálisis económica, desempleo, empresas que atentan contra la salud ambiental, inseguridad, entre lo más destacado.

Los pobladores del municipio de Soledad Atzompa, ubicado en el centro de Veracruz, se han caracterizado por llevar las carencias de su pueblo, uno de los más pobres en el estado, a las calles en protestas multitudinarias con palos y piedras.

El municipio es gobernado por Bonifacio Aguilar Linda, militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD). El edil ha sido visto al frente de múltiples protestas durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa por la falta de ministración de recursos, obras inconclusas como carreteras y un Centro de Salud de Servicios Ampliados.

Aguilar Linda ha manifestado que él solo es el representante de Atzompa pues las protestas las dicta la gente del pueblo. “Y si no quiero me traen a la fuerza”. Por ello las necesidades de 30 mil habitantes han sido demandadas a administraciones priistas y en este caso, a la actual, conformada por la coalición PAN-PRD.

Durante este gobierno, los soledenses han sido desalojados al menos en dos ocasiones. Una de ellas se registró en la capital del estado, en Xalapa, el 03 de abril de 2017. Los inconformes bloquearon la avenida Enríquez, frente al Palacio de Gobierno, al exigir el recurso económico para pagar la nómina de 26 policías municipales.

Uno de los líderes, Armando González Antonio, señaló que, el adeudo antecede del gobierno de Javier Duarte de Ochoa pero que existe un compromiso de Miguel Ángel Yunes Linares, el cual asciende a los 2 millones de pesos.

Los pobladores solicitaron audiencia con el secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, militante perredista, quien se negó al diálogo. Posteriormente fueron desalojados por policías antimotines dejando algunas personas heridas. El alcalde Bonifacio Aguilar responsabilizó por los hechos a Franco Castán.

Días antes, el 12 de enero de 2017 habitantes de Atzompa ya habían sido repelidos por la fuerza pública en el municipio de Ixtaczoquitlán donde, agrupados en la Organización Mexicana “Hablemos con las autoridades”, AC., protestaron frente a la empresa Sabritas por el despido injustificado de una de sus compañeras.

Comerciantes ambulantes y profesores detenidos por manifestarse

Diputados federales y senadores de Veracruz, los peor evaluadosDiputados federales y senadores de Veracruz, los peor evaluadosSegún el análisis de la asociación Borde Político, los veracruzanos solo alcanzaron en promedio 19 de 100 puntos posibles.

En Córdoba, el 30 de agosto de 2017, comerciantes afiliados al Frente Popular Revolucionario (FRP), que exigían a la administración local permiso para vender sus productos en el parque 21 de mayo fueron desalojados por elementos del IPAX, Fuerza Civil y SSP con toletes y gas pimienta. 

Ese día se confirmó la detención de diez inconformes, entre ellos la líder del FPR, Guadalupe Ibáñez y más inconformes que tomaron el bulevar Córdoba-Peñuela. Cada uno pagó una fianza de 1 mil 661 pesos para obtener su libertad.

En el municipio de Fortín, colindante con Córdoba, Elementos de la Fuerza Civil desalojaron a profesores integrantes del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (MMPV-CNTE), quienes se manifestaron por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. 

Los inconformes tomaron la caseta de peaje y cobraban cuotas a los automovilistas que por esa vía transitaban. En el sitio fue detenido Jesús Brito Santa de 29 años, quien fue presentado ante la Procuraduría General de la República (PGR). El padre del detenido Gaudencio Brito Flores, líder del Frente de Acción Revolucionaria (FAR), exigió al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares acabar con la represión política.

Desalojo a damnificados por huracán Franklin

Mujeres del municipio de Tecolutla fueron desalojadas el 12 de agosto de 2017 mediante el uso de la fuerza por parte de elementos de la SSP. Las inconformes exigían a autoridades estatales y de la Comisión Federal de Electricidad el servicio de energía eléctrica, del cual carecían tras el paso del huracán Franklin.

Los habitantes tomaron la carretera federal 180, en el tramo de Nautla-Poza Rica a la altura del kilómetro 91 en Casitas. Al lugar acudieron unos 70 policías, unos de ellos encapuchados, quienes violentaron a unas 30 mujeres, entre ellas a una reportera de que cubría el incidente.

El gobernador Yunes Linares, justificó que el operativo de desalojo se realizó porque los habitantes de Casitas habían bloqueado una vía de comunicación importante. Sobre la agresión a la reportera el mandatario negó los hechos.

Mecánicos en contra de operativos fueron privados de su libertad

El 18 de julio de 2017, dueños de talleres mecánicos del puerto de Veracruz, fueron detenidos cuando protestaban sobre la avenida Rafael Cuervo. Los manifestantes se oponían a operativos policiales que provocaron el cierre de negocios y el aseguramiento de motocicletas.

Los mecánicos aseguraron que el cierre de negocios se llevó a cabo pese a que ellos contaban con la documentación en regla. Tras el desalojo a cargo de la SSP y la Policía Naval se confirmó la detención de al menos cinco personas, de quienes sus familiares no tuvieron noticias durante al menos diez horas.

Desalojos al por mayor en predios irregulares

El desalojo en predios de asentamiento irregular, zonas paracaidistas, también ha sido una práctica constante en esta administración. Los registros se han dado en los municipios de Xalapa, Veracruz y Misantla.

El 26 de enero de 2017, Elementos de SSP arribaron a la unidad habitacional "Villas de Xalapa" localizada por la avenida Arco Sur, para desalojar a diez familias. El operativo fue impedido por integrantes de la organización Antorcha Campesina.

Tiempo después, el 16 de junio de 2017, otro operativo en la ampliación El Olmo, que es poblado por unas 500 familias, provocó un enfrentamiento entre vecinos y las fuerzas del orden. Los habitantes xalapeños reportaron que la agresión con arma de fuego a una mujer de 60 años, quien fue traslada de urgencia a un hospital.

En la zona norte del puerto de Veracruz, se registró un enfrentamiento policías de la SSP y vecinos de la colonia irregular conocida como Ana Carreto. La orden de desalojo comprendía dos hectáreas que hoy sirve como morada a 124 familias. Durante dos días los uniformados retiraron láminas, vigas y maderas para desmontar las viviendas asentadas desde hace una década.

Ana Carreto, líder de la agrupación de vecinos, afirmó que el asunto se trató de un tema político, al haber figurado como simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en elecciones pasadas. Además el desalojo ocasionó actos de rapiña.

El 24 de agosto del año corriente, más de 350 elementos de la SSP, implementaron el desalojo en el predio San José La Palma, en el municipio de Misantla, luego de que el juicio legal de la propiedad concluyera desde el 2008.

Los policías estatales, con apoyo de agentes caninos, cercaron la localidad y derribaron casas con violencia. Los habitantes de La Palma, habían protestado en la localidad Santa Cruz Hidalgo (a cinco kilómetros de Misantla), sobre la carretera Misantla-Martínez de la Torre, donde quemaron neumáticos con el fin de impedir el desalojo de las propiedades que habitan desde 1970.

   


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