ESTÉFANA MURILLO

José Antonio Meade, precandidato a la Presidencia por la coalición "Todos por México" que encabeza el PRI, arribó este viernes a Quintana Roo, entidad donde el  partido tricolor heredó a uno de los 22 mandatarios que durante el último sexenio ha sido señalado por malversación de recursos públicos y lavado de dinero.

A dos semanas de la extradición a nuestro país del ex gobernador Roberto Borge, quien fue detenido en Panamá en junio de 2017 luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a la Interpol la emisión de ficha roja, el aspirante presidencial se reunió con la militancia del partido que lo postuló para competir por la silla presidencial en medio de una severa crisis originada por otro escándalo de corrupción.

A principios de 2016 la Auditoria Superior de la Federación (ASF), alertó sobre operaciones irregulares por más de 55 millones de pesos  en la administración del entonces gobernador Roberto Borge, estos señalamientos destaparon una cloaca de corrupción y para finales de 2017, con más de siete denuncias en su contra y una serie de indagatorias abiertas, el monto calculado de los recursos públicos que habría desviado el ex mandatario emanado del PRI ascendía a los 10 mil millones de pesos.

En noviembre de 2016, a dos meses de asumir funciones, el gobierno de Carlos Joaquín González (quien llegó al poder bajo el abanderamiento del PAN y el PRD) presentó la primeras denuncia contra el ex gobernador Roberto Borge Angulo por la venta irregular de 95 millones de metros cuadrados de reserva territorial a familiares cercanos y amigos, a un precio del 1% respecto al valor real. El monto  de daño estimado por esta venta irregular asciende a los 5 mil millones de pesos.

De acuerdo con información del actual gobierno, los predios se vendieron en 240 millones de pesos, cuando su valor real rebasaba los mil 138 millones de pesos. Las ventas contemplan el 60% de la superficie de Puerto Morelos, en Solidaridad 52%, en Benito Juárez el 36%, en Cozumel el 23%, en Tulum el 20%, en Felipe Carrillo Puerto el 10% y el 7% de la reserva territorial de Bacalar.

La revelación de posibles delitos federales y del fuero común en los que habría incurrido el ex mandatario emanado del PRI, originó su expulsión del partido en junio del año pasado, sin embargo este instituto político ya había pagado la factura más alta por las irregularidades de Borge Angulo: perder en el proceso electoral de 2016 la gubernatura de una entidad que había estado bajo su dominio del durante más de 80 años tal y como ocurrió en Veracruz, Tamaulipas y Durango.

En este contexto se reúne José Antonio Meade con la militancia del PRI a la que prometió la pena máxima para mandatarios corruptos. "Ampliaremos y aplicaremos la suspensión e inhabilitación máxima a funcionarios públicos corruptos. Quienes cometan actos de corrupción tendrán que reponer lo robado y quedarán inhabilitados para participar en procesos de contratación; no sólo quedarán inhabilitados de participar en el servicio público", expuso Meade Kuribreña este viernes en un pronunciamiento realizado en Cancún, Quintana Roo.

Renuncia masiva de militantes fractura al PRI

Las elecciones de 2016 que marcaron la peor crisis del PRI con la perdida de cuatro entidades bastión, estuvieron marcadas por la división interna y fuga masiva de militantes en Quintana Roo, lo cual dejó un partido debilitado que actualmente sigue perdiendo activos.

A principios de ese año, un promedio de tres mil militantes del Partido Revolucionario Institucional renunciaron a su filiación en protesta por la repartición de candidaturas con el Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza al cederles 3 municipios y 8 distritos sin consultar las bases, ni respetar los espacios que les corresponderían originalmente a los priístas.

El 7 de marzo de ese año en Cancún, encabezados por el entonces diputado Jesús Pool Moo, un promedio de 350 liderazgos priístas presentaron sus cartas de renuncia. Lo mismo ocurrió en otros 10 municipios, centenas de militantes del tricolor acudieron a las oficinas de los comités municipales del PRI, para presentar su salida.

Entre los desertores se enlistan la ex diputada local Martha Silva Martínez con 50 años de militancia, el ex subsecretario de la Secretaria de Salud, Homero León Pérez después de 30 años de militancia, así como el ex presidente de la Juventud Popular, Jesús Duarte Yam; el ex diputado local Ismael Fernández Fernández y el ex presidente de la Fundación Luis Donado Colosio, Roger Cáceres Pascacio.

Amenaza una segunda oleada de renuncias 

Actualmente la pérdida de militantes sigue siendo una amenaza. A penas en septiembre de 2017, la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC) en Quintana Roo amenazó al Partido Revolucionario Institucional (PRI), de considerar una alianza con otras fuerzas políticas, tras advertir que estaban "cansados de oportunismo y simulaciones" pues les negaron acceso a cargos de elección popular contrario a lo que les habían prometido.

"Nuestra central obrera ha participado desde hace 30 años en los diferentes comicios siempre apoyando a candidatos del PRI y PVEM, invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo", comentó Anselmo Antonio Luciano secretario de organización tras reclamar que "pese a ello nunca se ha visto favorecida en cargos de elección popular o administrativos"

Con información de La Silla Rota