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PRI no financió a Cuitláhuac García, afirma Arturo Bermúdez

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Fernanda Castillo  |
 Lunes, Diciembre 3, 2018

El ex titular de la SSP exculpó a Morena de recibir recursos de Duarte al pedir juicio político para Yunes y el fiscal Jorge Winckler

Xalapa, Ver.-La solicitud de Juicio Político contra el Fiscal Jorge Winckler que presentó el abogado del exsecretario de Seguridad, Arturo Bermúdez Zurita, exonera al partido Morena y a su candidato en 2016 Cuitláhuac García Jiménez, hoy gobernador del Estado, de recibir financiamiento público del gobierno Duartista en campaña.

En el documento entregado este 03 de diciembre por Rodolfo de la Guardia García en el Congreso local, también se exime al diputado federal del PRI Héctor Yunes Landa, quien fue señalado de recibir un millón y medio de pesos en esa misma elección, luego de que se filtró un audio y una carta con la supuesta firma de Arturo Bermúdez, extitular de la SSP en el gobierno de Javier Duarte, quien acusó de la entrega de los recursos.

El expediente que se entregó en la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso Local, dirigido a la Presidenta de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, Mónica Robles, revela que personas -que supuestamente participaron en desapariciones forzadas- quedaron en libertad, por un acuerdo con el Fiscal General, Jorge Winckler, como un beneficio de ley, pese a que no tenían derecho.

Téllez Marié pidió inculpar al actual gobernador

En su descripción acusó que Jaime Téllez Marié, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, participó en actos de intimidación en su contra. Le pidió que, como parte de las audiencias en el Penal de Pacho, declarara que vio cuando se otorgaron 200 millones de pesos al hoy gobernador del Estado, Cuitláhuac García, para la campaña del 2016, primera contienda en la que compitió. El dinero se habría entregado en Casa Veracruz.

Yunes Linares emprendió una campaña contra Morena, acusó que el partido de izquierda fue financiado por el Gobierno de Javier Duarte en la elección del 2016, y que las bases priistas operaron para hacer ganar a Cuitláhuac García, quien quedó en segundo lugar.

Como prueba presentó una supuesta conversación en la que participaba Gabriel Deantes, exfuncionario Duartista, a quien se le sigue un proceso penal pero que nunca pisó la cárcel. El audio, que fue certificado ante Notario, habla que la entrega de los recursos se daría previo a la jornada electoral.

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Al diputado federal del PRI, Héctor Yunes Landa, primo del exgobernador Miguel Ángel Yunes, también lo acusaron de recibir recursos públicos de la administración Duartista, para ello se filtró una carta con una firma apócrifa de Arturo Bermúdez.

En abril del 2017, el entonces senador Héctor Yunes Landa negó las acusaciones en su contra. El PAN se subió el ring político, respaldó a Yunes Linares al presentar denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por el desvío de mil 300 millones de pesos del presupuesto de Veracruz, que, presuntamente, se habían destinado a la campaña electoral de Héctor Yunes Landa, en 2016, quien quedó en tercer lugar de la contienda.

Audio tiene las huellas dactilares de Miguel Ángel, dice Héctor YunesAudio tiene las huellas dactilares de Miguel Ángel, dice Héctor YunesEl Senador negó haber recibido mil 300 mdp para su campaña de parte de Javier Duarte.

El entonces dirigente estatal del PAN, José de Jesús Mancha Alarcón, también solicitó la comparecencia del ex Secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita como testigo, para validar la voz que apareció en un video que circuló en redes sociales.

Yunes le ofrece su libertad a cambio de propiedades

Arturo Bermúdez, quien quedó recluido desde el 3 de febrero del 2017 en el Penal de Pacho Viejo, imputado por desaparición forzada de personas y delitos relacionados con actos de corrupción, relató -en su solicitud de juicio político- las “arbitrariedades “del proceso judicial que se le sigue, y se dijo víctima de un “fraude”, pues donó al menos siete propiedades al Estado, para obtener su libertad.

La entrega de ranchos, edificios y terrenos, que se presumieron como bienes recuperados por Yunes Linares, se adquirieron de manera lícita -asegura el inculpado-, quien acusó a la pasada administración de negarle beneficios de ley prometidos.

Este lunes un medio local denunció que Yunes Linares pagó más de 4 millones de pesos del erario para concluir el proceso de compra venta de una casa en Houston, en el Estado de Texas en Estados Unidos, que era de la familia de Zurita, y que fue donada al gobierno del Estado. Ese hecho, refiere la nota que se basa en la solicitud de Juicio Político, podría ser constitutivo de delito, pues el Gobierno no puede poseer bienes en otro país, sumado al posible desvío de recursos.

En la queja, de la que se tiene una copia, revela que todos los decomisos y anuncios mediáticos de los bienes recuperados tenían un interés electoral, sin embargo, los resultados en las urnas confirman que no se logró el objetivo de la campaña de odio de Yunes Linares.

En su relato, contenido en 18 hojas, Bermúdez Zurita defiende a sus compañeros de gabinete, entre ellos Antonio Nemi Dib, quien -afirmó- también fue sometido a tortura, para obtener declaraciones a modo.

Bermúdez Zurita detalla que Yunes Linares solicitó la entrega de siete bienes propiedad de su familia para obtener un “acuerdo reparatorio” en su favor, pero fue un “engaño”.

Para hacer la entrega de las propiedades el exfuncionario duartista otorgó un amparo al abogado Rodolfo Reus Medina, quien acompañó a Yunes Linares a consolidar la compra-venta de la casa localizada en Texas.

“Todos los bienes fueron declarados oportunamente ante la Contraloría General del Estado. Aquellos bienes localizados en Texas fueron adquiridos a través de líneas de crédito y aún se siguen pagando de manera mensual. Ningún bien fue adquirido con recursos estatales”, expone en su declaración.

Familia de Bermúdez pretende recuperar Rancho La CartujaFamilia de Bermúdez pretende recuperar Rancho La CartujaDespués de conseguir amparo para ser llamados a declarar como imputados, piden se regrese la propiedad asegurada por elementos de seguridad

Bermúdez Zurita, detalló que además se le obligó a entregar el Rancho la Cartuja; otro inmueble denominado Araucarias, ubicado en Xalapa; la Torre Alfa ubicada en el Puerto de Veracruz; los ranchos Plan Aguacate y El Salto, un terreno de ocho hectáreas, en el predio Lomas Potrerillo, ubicados en Naolinco, entre otras propiedades.

“A partir de cada una de las donaciones, el ex titular del Poder Ejecutivo estatal divulgó de manera directa a medios de comunicación que se habían recuperado bienes adquiridos con recursos estatales y que estos formaban parte de un esquema ilícito. Lo anterior, se apartó, en todo momento, de la realidad ya que las donaciones obedecían al ejercicio de un derecho y solución de controversia alterna”.

El exfuncionario Duartista, comentó que la supuesta firma de denuncias y acuerdos con la Fiscalía pone en riesgo su integridad al interior del Penal, lo mismo que su familia, por lo que pidió seguridad especial.

Como parte de las acciones en su contra contó que él se mantiene aislado del resto de la población penitenciaria y dentro de su celda hay una cámara de seguridad, que permite a custodios y personal de Pacho Viejo conocer todos sus movimientos.

Formaron parte de los acuerdos y conocen de las violaciones a los mismos el Secretario de Gobierno Yunista, Rogelio Franco; el de Finanzas y Planeación, Guillermo Moreno Chazarini; el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz; el Fiscal Anticorrupción, Marcos Even Torres; el Subdirector del Registro Público de la Propiedad, Jorge Armando Lince de la Peña; y el abogado Rodolfo Reus Medina.

Acusación de desaparición forzada, una bomba mediática

El ocho de febrero de este año, se le inició una carpeta de investigación por el delito de desaparición forzada, se le acusó de ordenar levantar y matar a jóvenes vinculados al crimen organizado. En la querella se afirmó que algunos hechos se dieron al interior de la Academia del Policía y los cuerpos se desechaban en la barranca la Aurora.

Al referirse a esa investigación ministerial, explicó que el Fiscal General Jorge Winckler la basó en declaración de 13 personas, que participaron en la desaparición de jóvenes, a quienes aplicó el criterio de oportunidad, hecho que es violatorio de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, “está prohibido por ley que participantes de estos eventos aberrantes tengan ese beneficio procesal”.

En su texto cuestiona si los Colectivos de Búsqueda conocen del trato a los presuntos delincuentes, para construir una investigación con fines mediáticos y electorales.

Bermúdez Zurita, al igual que otros inculpados de la administración de Javier Duarte, señalan a Luis Eduardo Coronel Gamboa, Fiscal Especializado en Denuncias por Personas Desaparecidas, de ser el emisario del Fiscal General, quien le pedía firmar denuncias, cartas y acusaciones contra políticos veracruzanos, con fines electorales.

Relata cómo le pidieron su “ayuda” para iniciar la investigación de desaparición forzada contra Duarte de Ochoa, y afirma que también se negó a ello.

“Coronel Gamboa me manifestó que pensara en mi familia y en los beneficios que podía obtener yo ante el Fiscal General del Estado. Eran fechas previas a las elecciones para el Gobierno del Estado de Veracruz y me dijo que esas entrevistas ayudarían a los propósitos mediáticos del Fiscal General”, acusó el exfuncionario.

El 9 de mayo del 2018, Eduardo Coronel llevó a Bermúdez Zurita una declaración hecha, sobre el asesinato de Guillermo Lagunes Díaz, DJ Patas, en la que se afirmaba que la privación obedecía a un problema sentimental y que la autoría intelectual del delito recaía en el Doctor Javier Duarte de Ochoa. Declaración -que según su dicho- no avaló.

El mismo emisario pidió al exfuncionario fincar responsabilidad de “oídas” contra el Fiscal General en el periodo Duartista, Luis Ángel Bravo, por la manipulación de información sobre la localización de personas sin vida en la barranca la Aurora.

Lo que motivó la detención del extitular de la FGE y otras personas que fueron detenidas, entre ellas María del Rosario Zamora Pozos, Carlota Zamudio, Gilberto Aguirre Garza -quien también ya solicitó juicio político a través de su abogado Jorge Reyes Peralta-, y Javier Duarte de Ochoa -a quien aún no se le finca responsabilidad-.

La última amenaza la recibió el pasado 20 de noviembre, cuando le pidieron ratificar la denuncia contra Luis Ángel Bravo y Javier Duarte por desaparición forzada de persona. En esa ocasión el emisario de Winckler Ortiz, fue el exdirector de Prevención, Raúl Platón del Cueto.

   


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