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Presupuesto raquítico entorpecería indemnización a víctimas

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Fernanda Castillo  |
 Jueves, Enero 10, 2019

Recursos serían insuficiente para compensar a los mil 478 veracruzanos incluidos en el Registro Nacional de Víctimas

Xalapa, Ver.-El ajuste al presupuesto del Gobierno del Estado proyecta el incremento de un 300 por ciento al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, recurso que permitirá cumplir con la reparación del daño a víctimas de delitos y violaciones a los Derechos Humanos en Veracruz.

El monto llegaría a los 80 millones de pesos, sin embargo, podría ser insuficiente para compensar a los mil 478 veracruzanos incluidos en el Registro Nacional de Víctimas de Delitos (Renavi), que incluye a personas afectadas por delitos del fuero estatal y federal.

Por ley las víctimas de violaciones a derechos humanos tienen derecho a recibir una reparación del daño adecuada, integral y proporcional a la naturaleza del acto violatorio y del derecho en la que se contemple, mediante una resolución judicial, una justa indemnización, rehabilitación, restitución, satisfacción y medidas de no repetición; así lo establecen estándares internacionales.

Lo anterior, ha obligado al Estado Mexicano a cubrir pagos que van desde un millón y hasta los cinco millones de pesos a los afectados por la violación de sus derechos.

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Un ejemplo es la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo internacional que en 2009 ordenó una indemnización por 294 mil dólares, - 5 millones 600 mil pesos con el costo actual del dólar-, por no atender la reparación del daño en el caso de la desaparición y muerte de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua en 2007.

Como casos pendientes de atender e Veracruz, se enlista la más reciente recomendación -70/2018- de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que pidió al gobernador Cuitláhuac García indemnizar a personas que fueron agredidas por policías estatales en noviembre del 2014.

Otro caso se registró en el año 2015, cuando el mismo organismo no gubernamental pidió -en la recomendación 14/2015- reparar el daño a la familia del joven Gibrán Martiz, quien fue víctima de desaparición forzada por policías estatales.

En marzo del 2018 la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), pidió a la SSP compensar el daño a las familias de los cinco jóvenes originarios de Playa Vicente que fueron entregados -presuntamente- al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las estadísticas

Tan solo en el año 2017 la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió 28 recomendaciones en las que se tenía que reparar el daño con el pago de una compensación a víctimas del delito. En el 2018 sigue pendiente la atención de 27 recomendaciones, pues se ha incumplido con la obligación de compensar los daños a particulares.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas contabiliza un total de 23 mil 92 personas integradas al Registro Nacional de Víctimas, que incluye delitos del fuero local y federal, personas que fueron afectados de manera directa o indirecta.

Los datos proporcionados a E-Consulta, revelan que 19 mil 158 personas se registraron a nivel federal; otras tres mil 934 personas corresponden a registros estatales, entre ellos Veracruz; en esos casos las personas fueron víctimas de delitos del fuero común.

Los 10 delitos con el mayor número de registro de víctimas son: homicidio; desaparición de personas; privación ilegal de la libertad; secuestro; lesiones; delincuencia organizada; desaparición forzada; trata de personas; abuso de autoridad; y tortura.

En el caso de Veracruz el registro reporta 52 casos de víctimas de homicidio; 489 de desaparición de personas; 225 de privación ilegal de la libertad; 307 casos de secuestro; 16 personas víctimas de lesiones; 54 víctimas de delincuencia organizada; 301 casos de desaparición forzada; nueve personas afectadas por el delito de trata de personas; seis por abuso de autoridad y 19 casos de tortura.

Cabe mencionar que en el caso de delitos federales es la Comisión Ejecutiva la responsable de resarcir el daño y cumplir con el pago de indemnización.

"No descansaré hasta que haya justicia para Gibrán": Efraín MartizDesde su exilio, celebra como un "primer paso" en su lucha, la recomendación emitida por la CNDH al gobierno de Javier Duarte.

Duarte y Yunes menospreciaron a víctimas del delito

El gobierno estatal tiene la obligación de crear un Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a través de un fideicomiso público cuya finalidad es servir como mecanismo financiero para el pago de las ayudas, la asistencia y la reparación integral a víctimas, incluyendo la compensación en el caso de víctimas de violaciones a los derechos humanos.

El gobierno estaba obligado a crear el Fondo desde el año 2014, como lo marca la ley estatal de Víctimas del Delito, pero será hasta este año 2019, según lo declarado por diputados locales, cuando se contará con un fideicomiso que cuente con recursos necesarios para poder atender pagos pendientes.

En el ejercicio fiscal 2018 se etiquetaron seis millones de pesos para la operación de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), el dinero se destinó para el gasto operativo del organismo, sin atender ninguna recomendación para la reparación o compensación del daño.

En el proyecto del 2019 el Gobernador Miguel Ángel Yunes incluyó un incremento en el gasto del organismo desconcentrado y presupuestó 25 millones de pesos.

El pleno del Congreso aprobó -el 27 de diciembre-, otorgar un plazo de tres meses para que el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez ajuste el gasto de los 128 mil millones de pesos que van a ingresar a la tesorería local.

Se planteó que una de las prioridades del Ejecutivo es destinar 400 millones de pesos para implementar el Plan Emergente por Crisis de Desaparecidos.

En ese sentido, la presidenta de la Comisión de Hacienda del Estado, Rosalinda Galindo, adelantó que el fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) dispondrá de al menos 80 millones de pesos para este año.

La titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Namiko Matzumoto Benítez declaró que la principal deficiencia que se tiene con la atención de las recomendaciones por violación a los derechos humanos es que los entes estatales no cumplen con la reparación del daño, pues no hay fondos para la compensación.

“Esperamos que este año se empiece a cumplir con las compensaciones, considerando que, el Fondo de Ayuda y Reparación establecido en la ley de Víctimas ya va a contar con recursos, será la instancia competente para que en caso de que la dependencia responsable no cuente con presupuesto, la Comisión tendrá que pagar esas compensaciones”, opinó en entrevista en el Congreso local.

La diputada local María Josefina Gamboa Torales, quien promovió la Ley General de Víctimas en Veracruz, se limitó a pagar una reparación del daño -por el delito de homicidio culposo- por 333 mil 800 pesos, cantidad que no incluyó la reparación por daño moral, ni gastos materiales que derivaron del agravio que cometió en 2014.

Gamboa fue declarada culpable por el delito de homicidio culposo en agravio de José Luis Burela López, joven de oficio tatuador que perdió la vida en un accidente automovilístico el 12 de julio de 2014.

CEEAIV no destinó un peso para reparación del daño a víctimas en gobierno de YunesCEEAIV no destinó un peso para reparación del daño a víctimas en gobierno de YunesLa omisión se registra pese a convenio para pagar compensaciones económicas entre gobiernos estatal y federal, firmado en febrero de 2016

   


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