Xalapa, Ver. -  El Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), planeó dos auditorías -una de legalidad y otra de la técnica- a la Asociación Público-Privada Desarrolladora CJI, SAPI, SA de CV., vinculada a los empresarios Francisco y Javier Ruiz Anitúa, relacionados con empresas dedicadas al lavado de dinero en paraísos fiscales, y a quienes les fueron otorgados contratos para la construcción de las ciudades judiciales.

La revisión forma parte del calendario de auditorías de la revisión de la Cuenta Pública del 2018, que debe iniciar a más tardar el 1 de mayo, que se debe aprobar a más tardar el 31 de octubre de este año, como parte de la fiscalización superior de los poderes públicos y los órganos autónomos.

A la fecha el Órgano de Fiscalización tiene reportada la conclusión de tres de las 12 ciudades judiciales que fueron concesionadas a la desarrolladora que se creó en mayo del 2018.

La empresa está integrada por las firmas Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz, S.A. de C.V.; Consorcio Integral de Comercio Exterior, S.A.P.I. de C.V.; Construindustrias Comerciales S.A. de C.V.; Concesiones y Promociones RUA, S.A.P.I. de C.V.; Desarrolladora de Caminos, S.A. de C.V. Mexicana; y Constructora y Promotora Malibrán, S.A. de C.V.

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El Auditor General del Estado, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez confirmó a E-Consulta Veracruz que se tiene programadas las revisiones tanto al proceso de licitación, como a la construcción de la obra.

“En el caso de las ciudades judiciales, nosotros ya iniciamos con el proceso de planeación, ya tenemos datos y documentación que nos dio el Tribunal de Justicia. Estamos trabajando en él y va a ser una auditoría de legalidad y una auditoría técnica-financiera de una muestra representativa”, explicó el Auditor.

De acuerdo con el artículo 28 de la Ley de Fiscalización del Estado, las Cuentas Públicas del año anterior, serán presentadas por los Entes Fiscalizables al Congreso, a más tardar el día treinta de abril.

El Congreso, por conducto de la Comisión, remitirá al Órgano las Cuentas Públicas dentro de los primeros quince días del mes posterior en que éste las reciba, con las opiniones y recomendaciones que se estimen pertinentes. El Órgano tiene un periodo de seis meses para revisar el correcto manejo financiero.

La auditoría comprende la evaluación de los principales procesos del Ente Fiscalizable para obtener una visión completa de su gestión y puede ser específica en cuanto a la fiscalización de una política, programa, actividad institucional, régimen, concepto de gasto o sistema, cuya ejecución o aplicación es concurrente con el Ente Fiscalizable.

La auditoría de legalidad, es aquella que tiene por objeto revisar, comprobar y verificar que los actos y procedimientos administrativos, y demás actos jurídicos de derecho público o privado, relativos a la Gestión Financiera de los Entes Fiscalizables, se instruyeron, tramitaron o ejecutaron conforme al principio de legalidad.

La familia Ruiz Anitúa, herederos de Valentín Ruiz conocido como el Slim Veracruzano, recibió 12 contratos para la construcción de igual número de ciudades judiciales en Veracruz, por 849 millones de pesos.

A Francisco y Javier Ruiz Anitúa los han acusado de lavar dinero en paraísos fiscales de Panamá; también se les relaciona a empresas fantasma que desviaron millones de pesos del erario en Quintana Roo y Veracruz, apoyados por los priistas Roberto Borges y Javier Duarte, ambos encarcelados por delitos de corrupción.

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En 2018 los empresarios formalizaron la Asociación Público-Privada Desarrolladora CJI, SAPI, SA. de CV., que integra seis constructoras, lo que les permitió conseguir los contratos para la edificación de las Ciudades Judiciales en Veracruz, a cargo de Edel Álvarez Peña.

La concesión de las ciudades es irregular, y podría alcanzar al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez. Licitó la construcción de 20 inmuebles, cuando el Congreso local sólo autorizó la edificación -a través de la asociación público-privada-, para 17 distritos judiciales.

A la fecha, según el Registro Único de Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), Desarrolladora CJI, SAPI, SA de CV firmó 12 contratos para la edificación de la infraestructura judicial; sin embargo, su acta constitutiva como sociedad mercantil, proyectaba la cimentación de sólo cinco.

Los contratos, la autorización y el número de obras asignadas no coincide en número, en cambio todo fue aprobado para la sociedad de los Ruiz Anitúa y entregado en un plazo de apenas 33 días.

Datos del Registro Público de Comercio establece que la sociedad Desarrolladora CJI., SAPI, SA., de CV., se formalizó el 22 de mayo del año 2018 ante el Notario Público, Rafael de la Huerta Manjarrez.

La sociedad mercantil se integra por las empresas Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz, S.A. de C.V.; Consorcio Integral de Comercio Exterior, S.A.P.I. de C.V.; Construindustrias Comerciales S.A. de C.V.; Concesiones y Promociones RUA, S.A.P.I. de C.V.; Desarrolladora de Caminos, S.A. de C.V. Mexicana; y Constructora y Promotora Malibrán, S.A. de C.V.

El documento consultado detalla que Desarrolladora CJI, SAPI, SA. de CV cuenta con un Consejo de Administración integrado por: Francisco José Ruiz Anitúa, Presidente; Carlos Francisco Nachón García, Secretario; Alfonso Díaz De Vega Tesorero; y Carlos Nachón Llanos, Javier Antonio Ruiz Anitúa, José Luis Zulueta Alegría y Edmundo Martínez Moreno como vocales.

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