Xalapa, Ver. - Las investigaciones por las denuncias promovidas ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del exgobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, están avanzado y por esta razón el panista sigue usando a su “brazo ejecutor”, la Fiscalía General del Estado (FGE) a cargo de Jorge Winckler, en contra de los denunciantes como una medida de represión o amedrentamiento.

Lo anterior lo señaló el exdiputado local del PRI, Marco Antonio del Ángel Arroyo, hijo del líder y fundador del Movimiento de Los 400 Pueblos, César del Ángel Fuentes, en entrevista luego de que la Fiscalía aprehendió este 4 de julio a Alfonsina Sandoval Urbina, una de las líderes de la organización.

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El organismo arrestó a la lideresa el jueves y la trasladó a Poza Rica en donde tras la audiencia de control de la detención el juez de control la dejó en libertad. No obstante, a su salida la mujer nuevamente fue detenida nuevamente y llevada a los juzgados de Tuxpan para otra audiencia en la que otra autoridad jurisdiccional determinó dejarla en libertad.

Del Ángel Arroyo aseveró que apenas el pasado 24 de junio, 11 días antes de la detención e Alfonsina, la organización que integra acudió ante la FGR en la Ciudad de México para realizar una ampliación de la denuncia presentada el 23 de abril de 2015 en contra de Yunes Linares, por los probables delitos de ejercicio indebido del servicio público, peculado y enriquecimiento ilícito, investigación que en su opinión “tiene contra las cuerdas” al ex mandatario veracruzano.

Sostuvo que el ex gobernador veracruzano se encuentra acorralado por esa acusación que forma parte de la llamada “Carpeta Azul” debido a que la propia FGR confirmó al Congreso de la Unión que la investigación está abierta y continúa su cauce.

Apenas en noviembre de 2018 la entonces Procuraduría General de la República, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, notificó a los diputados federales que cuenta con dos expedientes en integración en contra de Yunes, esto al dar respuesta a un punto de acuerdo en el que se exigieron informes sobre su caso por un supuesto enriquecimiento ilícito.

Del Ángel Arroyo aseveró que, ya que Los 400 Pueblos nuevamente se manifestaron esta semana en Xalapa, incluso afuera de la Fiscalía General del Estado, el titular del organismo aprovechó para revivir una añeja orden de aprehensión liberada por un Juez de Control con fecha del 8 de diciembre de 2017 en contra de Alfonsina Sandoval Urbina.

Según el organismo a cargo de Winckler la campesina cuenta con mandamiento de captura vigente dentro del Proceso Penal 103/2017 del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Poza Rica, por su probable participación en los delitos de privación ilegal de la libertad, lesiones dolosas calificadas y robo de vehículo: “delito en el que se utilizaran armas de fuego para su consumación”.

El ex legislador local del PRI aseveró que esta semana se manifestaron en la capital del Estado para que se cumpla la recomendación 02/2019 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en la que se estableció que fueron “víctimas” del exgobernador Patricio Chirinos y de su exsecretario de Gobierno, Miguel Ángel Yunes Linares, en la administración que encabezaron de 1992 a 1998.

Recordó que además se inconformaron debido al intento de despojo que se realizó con Yunes como gobernador de 2016 a 2018 en Álamo Temapache y Tihuatlán, para quitar un predio a campesinos que forman parte de la organización campesina, de ahí que cientos de sus integrantes se desnudaron enfrente del Palacio de Gobierno y de la Fiscalía; en respuesta Jorge Winckler salió en defensa del exgobernador y procedió contra Sandoval Urbina.

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Winckler vs 400 Pueblos

Del Ángel Arroyo recordó que su padre, César del Ángel Fuentes, fue detenido en enero de 2017 por la Fiscalía General de Jorge Winckler por los delitos de estragos, motín e incitación a cometer un delito, meses después de una trifulca ocurrida el 29 de junio de 2016 en la que con botellas y piedras se confrontaron con personal del gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares, del entonces dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, y del panista Santiago Creel, en una visita que hicieron al Congreso del Estado.

La Fiscalía logró la vinculación a proceso de del Ángel Fuentes permaneciendo casi 2 años en el Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo, Coatepec, hasta que el pasado mes de diciembre de 2018 el Poder Judicial de la Federación le concedió un amparo. En el mes de mayo de 2019 el dirigente de Los 400 Pueblos quedó libre de los cargos después de que la FGE intentó vincularlo a proceso nuevamente sin éxito.

“Ahora Winckler está ‘refriteando’ una orden a aprehensión como un acto de intimidación a Los 400 Pueblos, pero esas tácticas no nos van amedrentar”, señaló Marco del Ángel Arroyo, asegurando que Yunes Linares sigue moviendo los hilos de la Fiscalía en venganza por la ampliación de la denuncia que realizaron el pasado 27 de junio.

Yunes y una empresa de corrupción

Del Ángel Arroyo detalló el contenido de la denuncia en contra de Yunes Linares quien, aseveró, como director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) del 2006 al 2010, lavó dinero mediante préstamos vía nómina a trabajadores con un esquema que constituye los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Los créditos fueron pagados con dinero federal a la empresa Consupago, S.A. de C.V., cuyo representante legal era Sergio Chedraui Eguía, quien a su vez se asoció con empresas como Cobranza y Recuperación S.A. de C.V., representada por Omar Yunes Márquez, hijo del ex gobernador veracruzano, para efectuar las recaudaciones como acreedores.

Evidenció que Cobranza y Recuperación, así como las empresas Corporate Linkage S.A. de C.V., e Intermediación Corporativa S.A de C.V., también participaron teniendo como accionistas a Leticia Isabel Márquez Mora, esposa de Yunes Linares; al fallido ex candidato a la gubernatura Miguel Ángel Yunes Márquez, así como al actual presidente municipal del puerto de Veracruz, Fernando Yunes Márquez.

Del Ángel Arroyo añadió que el acta constitutiva de la empresa “Cobranza y Recuperación” demuestra la intervención de Leticia Isabel Márquez Mora y sus tres hijos Omar, Miguel Ángel y Fernando como accionistas, según el documento signado por Armando Gálvez Pérez Aragón de la Notaría 103 el 25 de enero de 2007.

Igualmente está inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio Corporate Linkage, teniendo como accionistas Leticia Isabel Márquez Mora, Omar Yunes Márquez, Miguel Ángel Yunes Márquez y Fernando Yunes Márquez.

Cabe señalar que en agosto de 2016 la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) presentó una denuncia de hechos con los mismos señalamientos ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República, entonces en contra del gobernador panista electo, por probables delitos de ejercicio abusivo de funciones y operación con recursos de procedencia ilícita.

Según la denuncia del sindicato Consupago realizó transferencias a empresas propiedad de la familia Yunes por un monto de 116 millones 586 mil 926 pesos mediante 113 operaciones financieras realizadas entre 2008 y 2011 de la empresa perteneciente al Grupo Chedraui a Corporate Linkage, S.A. de C.V. (por 30 millones 255 mil 105 pesos) y Cobranza y Recuperación, S.A. de C.V. (por 86 millones 331 mil 821 pesos), en la que participaron trabajadores afiliados al SNTE.

El expediente menciona que a su vez hubo operaciones entre Consupago y la empresa Intermediación Corporativa, S.A. de C.V., aunque sin detallar los montos de las transacciones efectuadas.

De acuerdo con la Sección 32 del SNTE como director general del ISSSTE Yunes Linares acordó con Consupago transferir recursos retenidos a los trabajadores para posteriormente, de manera ilícita, “recibirlos a través de empresas propias y de familiares como supuestas ‘comisiones’”.

Incluso, según reportaron medios como El Universal, en Corporate Linkage, Miguel Ángel Yunes Linares “aparece como consejero y accionista” propietario del 10 por ciento de la compañía.

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Historia de desencuentros

A mediados de la década de los 70, César del Ángel Fuentes conformó el Movimiento Nacional de Los 400 Pueblos, con presencia principalmente en Veracruz, Tlaxcala y Oaxaca.

Desde el inicio, la organización enarboló la bandera de la justicia agraria para los campesinos y bajo ese precepto en 1992 invadieron la hacienda “La Soledad” en Martínez de la Torre, propiedad del ex presidente Manuel Ávila Camacho, terrenos que después fueron vendidos por el líder de Los 400 Pueblos.

No obstante, César del Ángel acusó a Dante Delgado de ordenar el decomiso de sus tierras a Los 400 Pueblos en los municipios de Álamo Temapache, Poza Rica, y Martínez de la Torre y de la destrucción de sus casas, escuelas e iglesias e inventarles cargos a 300 pobladores para encarcelarlos.

El entonces gobernador de Veracruz, Dante Delgado, ordenó el desalojo de la hacienda “La Soledad”, que generó un violento desencuentro entre los campesinos y los policías estatales con un saldo de cuatro bajas de cada lado.

Por estos hechos, César del Ángel fue detenido, pero apenas unas horas se ordenó su liberación, con lo cual inició una serie de invasiones en el estado de Veracruz.

Ese mismo año, César del Ángel fue enviado a prisión por el asesinato del dueño del rancho "El Saladero" del municipio de Tamalín; no obstante, con la llegada del nuevo gobernador Patricio Chirinos Calero y su secretario de Gobierno, Miguel Ángel Yunes Linares, el sempiterno líder logró salir de prisión.

Pese a ello, poco tiempo después es aprehendido nuevamente tras salir a relucir una orden en su contra durante un incidente con su hijo, Marco Antonio del Ángel Arroyo, que realizó disparos al aire y fue intervenido por la policía.

En 1998, con Miguel Alemán Velasco al frente del Gobierno de Veracruz, César del Ángel nuevamente salió de la cárcel, esta vez para denunciar a Chirinos Calero y a Yunes Linares por despojo y por el asesinato de ocho campesinos, entre otros delitos.

A partir de entonces la disputa entre Los 400 Pueblos y Miguel Ángel Yunes se exacerbó a tal grado que el 11 octubre de 2002 exigieron al PRI nacional deslindarse de Yunes Linares, que entonces fungía como coordinador jurídico.

Acusaron a Yunes y al ex gobernador de Veracruz Patricio Chirinos Calero de despojo, persecución y de "poseer cuantiosos recursos que evidentemente amasaron desde sus cargos públicos" entre 1992 y 1998.

En sus mensajes, el líder de la agrupación insistió en que durante su mandato “prosperó el narcotráfico, la corrupción, la impunidad y el pistolerismo”.

La crispación continuó en aumento y el 4 junio de 2010, los manifestantes persiguieron en Naolinco al candidato a la gubernatura de Veracruz por la alianza del PAN-Panal, Miguel Ángel Yunes Linares.

El candidato y sus simpatizantes permanecieron prácticamente encerrados durante dos horas en el salón campestre, mientras la turba desnuda lanzaba consignas contra Yunes, acusándolo de represión.

Entre 2015 y 2017, según Marco Antonio del Ángel Arroyo, la organización de su padre denunció a Miguel Ángel Yunes Linares por enriquecimiento ilícito, peculado y recursos de procedencia ilícita.