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En la mira yunistas por presunto desvío de 145 mdp en SEV

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Carlos Caiceros  |
 Lunes, Julio 8, 2019

Observaciones por desvío de recursos al interior de la dependencia ya están en la mira del ORFIS

Xalapa, Ver.- Las observaciones por desvíos de recursos al interior de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares siguen acumulándose ante el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) y no solo involucran al ex titular de la dependencia, Enrique Pérez Rodríguez.

Las evidencias de malos manejos de recursos también apuntan al exoficial mayor, Abel Cuevas; al exdirector general de Bachillerato (DGB), Juan de Dios Reyes Cárdenas y a la exdirectora General de Telebachillerato (TEBAEV), Ana María Condado Escamilla, entre otros altos ex funcionarios de la dependencia.

Parte de las irregularidades incluyen el uso de recursos provenientes de cuotas escolares para el pago de altas compensaciones a burócratas administrativos de la Secretaría. En total son 145 millones 262 mil 711.41 pesos de los que no existe certeza sobre su manejo y destino, aunque fueron generados por la propia dependencia.

La anterior consta en el Informe Complementario que realizó el Órgano de Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2017 en dicha Secretaría, una de las que más acumulan pruebas de malos manejos perpetrados en el gobierno panista en Veracruz.

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Ese dinero se obtuvo de recursos propios a través de venta de guías didácticas, videos educativos, apoyos educacionales, cuotas escolares, actividades de patronatos, venta de libros, inscripciones, reposiciones de credencial, hologramas, exámenes, revalidaciones, títulos, certificados, cédulas profesionales, acreditaciones y servicios de cafetería, entre otros rubros.

Dicho informe del Orfis, en el que se incluyen 7 observaciones, establece que en ese año parte de los ingresos propios de la SEV en lugar de destinarse a la mejora de infraestructura o compra de material educativo se empleó en otorgar gratificaciones extraordinarias a funcionarios de la Dirección General de Bachillerato; de la Dirección General de Telebachillerato (TEBAEV); de Preparatoria Abierta y de Maestría en Educación Básica.

La SEV reconoció con dichos recursos extraordinarios a algunos de sus funcionarios administrativos con montos de unos cuantos miles de pesos hasta partidas cercanas al medio millón de pesos, por un total de 14 millones 974 mil 996.1 pesos, mismos que también se repartieron para remuneraciones especiales e impuestos.

En la fiscalización se detectó que las autorizaciones para estos pagos las realizó la Oficialía Mayor, entonces a cargo de Abel Cuevas, lo que se hizo: “sin evidencia documental de la justificación ni el instrumento legal que regule el otorgamiento de las mismas”.

De acuerdo con la auditoría en la Dirección General de Bachillerato, a cargo de Juan de Dios Reyes Cárdenas, en 2017, se repartieron 6 millones 537 mil 514.97 pesos para las gratificaciones, remuneraciones e impuestos.

En 2017 la Dirección General de Telebachillerato (TEBAEV) tenía como titular a la exdiputada local del PRD, Ana María Condado Escamilla. El partido del sol azteca se unió en coalición con el PAN en 2016, logrando varias posiciones de elección popular y cargos en el gobierno Yunista.

Tan solo en ese año, según las revisiones del organismo fiscalizador, el TEBAEV recibió por los mismos conceptos 6 millones 481 mil 758.06 pesos. Igualmente, en las áreas de Preparatoria Abierta y Maestría en Educación Básica se repartieron 561 mil 564.88 pesos y un millón 394 mil 159 pesos, respectivamente.

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Bajo la lupa 145 mdp de ingresos propios en la SEV

El anterior no es el único hallazgo del Orfis notificado en su pliego de observaciones luego de que el Congreso del Estado le requirió el 31 de octubre de 2018 una auditoría de carácter específico respecto a los ingresos y gastos identificados como propios en la Secretaría de Educación de Veracruz, detectando los manejos inadecuados de 145 millones 262 mil 711.41 pesos en total al cierre del ejercicio 2017 por dicho concepto.

En la auditoría especial se determinó que los recursos cobrados por servicios educativos y administrativos en las escuelas de Veracruz carecen de normatividad para la “recaudación, manejo, administración, control, comprobación y registro contable de los mismos”.

Incluso esos 145 millones de pesos no fueron registrados contablemente en las cuentas de ingresos de la Secretaría y el reporte señala que el dinero llegó a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) sin que se reconozcan los ingresos en su información financiera; no se generó un control total de lo recaudado y tampoco se generó evidencia del reintegro de Finanzas a la SEV o de un procedimiento para recuperarlo.

En otra de las 7 observaciones señaladas se encontró un manejó de forma discrecional de al menos 11 millones de pesos recaudados en las tiendas escolares, dinero que debía destinarse al mantenimiento y conservación de lo infraestructura física de los planteles y servicios correlacionados, así como para las consecuentes tareas de supervisión educativa y apoyo a la gestión docente.

“Tampoco se presentó evidencia de que se cumpliera con la distribución del 80 por ciento de los recursos obtenidos para el mantenimiento y conservación de la infraestructura física de los planteles educativos públicos y servicios correlacionados.

“Y que el 20 por ciento de los recursos restantes se aplicaron a las tareas de supervisión educativa y apoyo a la gestión docente en los sectores y zonas de las modalidades educativas públicas, que serían recibidos y administrados por las respectivas jefaturas del sector, inspecciones y jefaturas de enseñanza correspondientes. Ni la integración de los consejos de administración”, estableció el Orfis.

También se descubrió que la SEV realizó adjudicaciones directas con los ingresos propios por 38 millones de pesos, aunque debían realizarse adjudicaciones simplificadas.

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Van en contra de antecesores

Desde la llegada de la nueva administración estatal en diciembre de 2018, el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, anunció que se realizaría un análisis minucioso del estado que guardaba la institución al momento de la entrega.

Las denuncias no se hicieron esperar y para enero de este año el secretario acusó a su antecesor, Enrique Pérez Rodríguez, de auto asignarse plazas y otorgar 77 bases a exfuncionarios del Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.

Ese mes, la Oficial Mayor de la SEV, Ariadna Selene Aguilar Amaya, informó que se detectó una plaza a nombre del exsecretario pero que había presentado su renuncia el 20 de noviembre, apenas unos días antes de la llegada del nuevo Gobierno encabezado por Cuitláhuac García Jiménez.

Sobre las plazas irregulares, Escobar García expresó que su antecesor y otros exfuncionarios se habían otorgado en agosto de 2018 pero con pagos retroactivos al mes de mayo, a fin de que obtuvieran bases antes de la nueva administración.

Las plazas magisteriales eran de nivel universitario y bachillerato y el método, según explicó Escobar García, era auto asignarse una clave para recibir montos retroactivos con salarios mayores a los de otros trabajadores.

Con respecto a las 77 plazas el titular de la SEV aseguró que se entregaron de manera arbitraria y generaron daños económicos por 5.5 millones de pesos, por lo cual se presentó la primera denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

En el recurso el exsecretario de la SEV, Enrique Pérez Rodríguez es señalado de los posibles delitos de tráfico de influencias, incumplimiento de un deber legal y abuso de autoridad. A partir de ese momento las 77 plazas fueron “congeladas”.

Para mayo de este año, Zenyazen Escobar García presentó una denuncia en contra de quien resulte responsable por el presunto desvío por hasta mil millones de pesos por la no conclusión de 700 obras de infraestructura educativa que se reportaron como terminadas, pero que quedaron abandonadas.

Se trata de irregularidades detectadas entre el 2012, aún durante la gestión de Javier Duarte de Ochoa, y 2018, en el bienio del panista Miguel Ángel Yunes Linares. En esa denuncia el director del Instituto de Espacios Educativos, Ricardo García Jiménez, exhibió que se contrató obra pública con recursos etiquetados, pero nunca se llevaron a cabo con irregularidades en el uso de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples por un monto de 548 millones de pesos.

Del programa Fondo Peso a Peso las denuncias están relacionadas con el uso de 33 millones de pesos; por Pólizas y Fianzas la denuncia corresponde a 2 millones de pesos, que se suman a 648 millones de pesos de otros programas.

Se proyectan una tercera, cuarta y quinta denuncia, según declaraciones del secretario ante medios de comunicación. Una de ellas sería referente al hallazgo de por lo menos 300 “aviadores” en el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (Cobaev).

Sobre ese caso, Escobar García aseveró que aún no han presentado la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) debido a que siguen en proceso de revisión. Detalló que encontraron un departamento académico que brindaba “protección” a quienes trabajaban apenas seis horas y tenían salarios de hasta 70 mil pesos.

Además, amagó con que existe una denuncia pendiente contra la administración pasada por el presunto desvío de recursos correspondientes al Fondo de Desastres Naturales (Fonden). En ese tema dijo que se han detectado más de 50 escuelas dañadas por sismos que debieron recibir recursos del Fondo durante 2017, pero que el dinero nunca fue entregado.

Finalmente, la actual administración también buscaría proceder en contra del mal manejo de al menos 109 millones 405 mil 643 pesos de las tiendas escolares, por lo que se procedió a la suspensión de las convocatorias de Servicio de Venta de Alimentos y Bebidas en Planteles Educativos en los niveles Básico y Medio Superior.

Incluso se reformó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado para que la Secretaría se haga cargo de las licitaciones y el manejo del dinero de las cooperativas para la venta de alimentos con el respaldo de la mayoría morenista en el Congreso local.

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