Xalapa, Ver-. Integrantes de la comunidad LGBTTTI respaldan el retraso en la inclusión del dictamen que reforma media centena de artículos del Código Civil, y que da pie al matrimonio igualitario. Al abrir una pausa en el análisis diputados locales tendrán tiempo de conocer a fondo la reforma que promueve derechos de tercera generación.

De esa manera, la propuesta que retomó la 65 Legislatura, tercera Cámara en buscar reformar el código civil declarado inconstitucional desde el 2015, podría actualizar la ley que garantiza el derecho civil de más de 8 millones de veracruzanos.

Jazz Bustamante, integrante del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, respaldo la decisión del Congreso, pues ya conocía la intención de esta Cámara de retrasar la inclusión del dictamen en el orden del día.

Es necesario el poder validar las reformas al código civil, pues dicha ley secundaria data desde el año 1952, y los artículos que se plantea cambiar involucran a más grupos poblacionales, y no sólo a gays, lesbianas, travestí o transgénero.

El tema se ha polarizado y causa controversia en especial porque algunos líderes y de derecha consideran que la reforma al artículo 52 del código pondría en riesgo a la familia.

“Ya sabíamos que no se iba a subir el dictamen en este periodo, ya teníamos conocimiento de ello (…) pero creo que nos sirve un tiempo de reflexión y cabildeo político, muchos diputados creían que el tema solo iba dirigido a temas de diversidad sexual”.

En cambio, cuando conocen el impacto y la posibilidad de que se considere un legado histórico para la Cámara local han cambiado el sentido de su voto, por lo que lo ideal es que se siga cabildeando el dictamen.

Recientemente se reunieron con líderes del PRI a quienes les explicaron el alcance de la propuesta de Morena y eso generó el compromiso de votar a favor.

Jazz Bustamante, explicó que no hay fecha para votar el dictamen, pero respaldaron la decisión de los legisladores de retrasar su votación en tanto no se tiene el apoyo necesario para validarlo por mayoría calificada.

Elena Filobello García, Consultora de Género, expuso que le proceso de dictaminación de la reforma constitucional ha llevado un importante trabajo de consulta y participación de varios sectores de la sociedad y expertos en derecho, incluido el magistrado de Alba, y busca garantizar derechos adquiridos no solo de grupos lésbico-gay.

Confió que la actual Cámara lo someterá a votación el dictamen que incluye el matrimonio igualitario, pues sería un acto de justicia social.

“Es una reivindicación social de todas las personas, es una deuda histórica con todas las personas que no tienen una identidad heteronormada, es una reivindicación con todas las personas que han sufrido marginación o han sufrido discriminación por homofobia”.

El poder de presión de la iglesia es gigante, y si bien no se conoce cuál es el número de votos que se tiene a favor, en el juego político se hace valer el cabildeo para llegar a acuerdos que seguramente se alcanzarán en la 65 Legislatura.

Hizo un llamado a la sociedad y colectivos a acompañar la reforma que es considerada un primer paso en la agenda de la comunidad LGBTTTI.

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Derechos de tercera generación

La iniciativa que están pendiente de aprobar busca modificar el concepto de matrimonio previsto en el Código Civil para el Estado de Veracruz, para que quede establecido como la “unión de dos personas”.

Además, plantea que el concubinato se asuma como una figura similar al matrimonio, sobre todo en cuanto a los derechos que se derivan de la unión de las personas, lo que le da derecho a la alimentación y pensión a la pareja. Regirán al concubinato todos los derechos y obligaciones inherentes a la familia, en lo que le fueren aplicables

Las personas que hayan convivido bajo el régimen de concubinato, durante los dos años que precedieron inmediatamente a la muerte, o un tiempo menor si han tenido hijos, tienen mutuo y recíproco derecho a heredarse, lo que da certeza jurídica a parejas del mismo sexo y heterosexuales.

Se plantea permitir disolver el vínculo matrimonial, con la sola expresión de la voluntad de ambas o de una de las partes, sin tener necesidad de acreditar alguna de las causales, a fin de evitar que se desgaste la relación familiar, es decir, se reconoce la figura de divorcio exprés.

Se incorpora a la iniciativa lo referente a la pensión compensatoria para la o el cónyuge, que se hubiera dedicado a las labores domésticas y de cuidado de la familia.

Las hijas e hijos de matrimonio llevarán el nombre o nombres propios que les impongan su madre o su padre seguido de sus apellidos en el orden en que estos decidan.

Se refuerza el concepto de violencia familiar. Es aquel acto u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional, o sexualmente a cualquier integrante de la familia dentro o fuera del domicilio familiar, y que tiene por efecto causar daño y que ocurra o haya ocurrido dentro o fuera del domicilio o lugar que habite.

La paternidad o la maternidad pueden probarse por cualquiera de los medios ordinarios. Para estos efectos, la prueba pericial en genética molecular del ácido desoxirribonucleico o ADN deberá ser realizada por instituciones públicas o privadas que cumplan con los estándares de calidad en este tipo de pruebas.

Si se propusiera esta prueba y el presunto progenitor no asistiere a la práctica de esta o se negare a proporcionar la muestra necesaria, se presumirá la filiación, salvo prueba en contrario, y dará lugar a la pensión alimenticia correspondiente.

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Código desfasado

En marzo del 2017, la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), solicitó al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares retomar e impulsar la iniciativa del matrimonio igualitario, que fue propuesta desde julio de 2016 y hasta la fecha no ha sido considerada por la LXIV Legislatura del Congreso Local.

En una carta firmada por Alexandra Haas Paciuc, presidenta de la CONAPRED, se enuncia la inconformidad de diversos grupos veracruzanos de la comunidad LGBTTTI (Lésbico, Gay, Bisexual, Trans e Intersexual), que se dijeron discriminados por esta administración al no ser permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo.

En junio de ese mismo año,  la diputada María josefina Gamboa, presentó la iniciativa para crear la Ley de Unión de Hecho, que reconoce jurídicamente la alianza que se constituye cuando dos personas físicas mayores de edad, con capacidad jurídica plena, se unen afectiva, estable y públicamente al establecer un hogar común con fines de asistencia mutua, con los derechos y obligaciones patrimoniales, sucesorios y de alimentos de manera recíproca, que se establecen en la institución del matrimonio.

El pasado 07 de marzo del 2019 se retomó la propuesta de la 63 Legislatura, el proyecto firmado por los diputados: Adriana Esther Martínez Sánchez, Amado Jesús Cruz Malpica, Elizabeth Cervantes De La Cruz, Juan Javier Gómez Cazarín, Magaly Armenta Oliveros, María Esther López Callejas, Mónica Robles Barajas y Rosalinda Galindo Silva, la nueva mayoría en la Cámara.

El miércoles 26 de junio se hizo circular el dictamen, desde esa fecha se ha pospuesto la inclusión del dictamen en el orden del día, y este 30 de junio, el Presidente de la Mesa Directiva, José Manuel Pozos Castro, confirmó que no se votará en breve.

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