Xalapa, Ver. - El único caso de violencia política en contra de una mujer veracruzana candidata a un cargo de elección popular, el cual está documentado y reconocido ante instancias jurisdiccionales, podría dar pie a la modificación del Código Electoral del Estado y así establecer como causal de nulidad de una elección este tipo de agresiones, lo que es impulsado por las 25 diputadas de la LXV Legislatura.

La familia García Guzmán, que mantiene el control político en Pánuco, está señalada como perpetradora de todo tipo de actos violentos en contra de sus adversarios. Apenas en 2018 se les relacionó con embestidas en contra de la excandidata del PRI-PVEM, Octavia Ortega Arteaga.

Incluso el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, los vincula con el Grupo Sombra, una célula del narcotráfico.

La exaspirante a la diputación local por Pánuco llegó hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) buscando anular la elección de 2018 en la que quedó en tercer lugar, aunque sus recursos solo generaron apercibimientos.

Esto ante agresiones como el mensaje intimidatorio que recibió el 14 de mayo de 2018 a las puertas de su hogar, acompañado de una mano humana cercenada exigiéndole que abandonara la contienda.

Sin señalar directamente a los responsables se atribuyó esta acción a la familia García Guzmán, quienes públicamente nunca se han dado por aludidos pese a los señalamientos directos o parciales de Ortega Arteaga y otros actores políticos que se han dicho afectados por “los García”.

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Dominio político

Ricardo García Guzmán, ex contralor de Javier Duarte, se hizo militante del PAN tras el arribo de Miguel Ángel Yunes a la gubernatura de Veracruz en 2016 y ha impulsado las carreras políticas de sus dos hijos, Ricardo y Rodrigo García Escalante, manteniendo el control en la zona en los últimos años.

Pese a ser señalado de actos de corrupción hasta la fecha no se ha iniciado ningún proceso en su contra. En su momento el ex gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, los acusó de incurrir en anomalías, aunque después de que se incorporaron al PAN no volvió a hacer declaraciones en su contra.

Una vez instalado en el blanquiazul para 2017 García Guzmán buscó la candidatura a la presidencia municipal de Pánuco, pero la dirigencia nacional de dicho partido le negó el nombramiento, debido a la mala reputación que tenía por estar ligado a Javier Duarte.

Este revés no detuvo a los neopanistas. Tras concluir su periodo en la presidencia municipal de Pánuco en 2017, al que llegó bajo las siglas del PRI-PVEM, Ricardo García Escalante, el hijo mayor del excontralor, compitió y obtuvo la diputación federal por el mismo Distrito ahora por el PAN en 2018.

Ese mismo año Rodrigo García Escalante, uno de los hijos de Ricardo García Guzmán, repitió por segundo periodo consecutivo en el cargo como diputado local por el Distrito de Pánuco y venció en las urnas a Ortega Arteaga, quien acusó violencia política en la contienda y lo demostró ante el TEV, como parte del Procedimiento Especial Sancionador TEV-PES-63/2018.

No obstante, los magistrados solo establecieron medidas de no repetición, exhortando a los partidos políticos y asociaciones en el Estado, a la FEPADE, al titular del Poder Ejecutivo, al de la Secretaría de Gobierno, al OPLEV, al Instituto Veracruzano de las Mujeres y a la Fiscalía General del Estado, “para que en el ámbito de sus respectivas competencias realicen las acciones señaladas”.

En entrevista Ortega Arteaga insistió en que buscó anular la elección y llevó el fallo hasta la Sala Superior, aunque no fue suficiente para repetir el proceso. Lamentó que no fue respaldada con medidas cautelares para protegerla durante los comicios de 2018, pese a las intimidaciones, agregando que hasta la fecha la Fiscalía General no tiene avances de las agresiones que reportó, entre estas la mano cercenada que arrojaron frente a su domicilio.

De esta manera Rodrigo García Escalante se mantuvo como integrante de la LXV Legislatura, tras derrotar a Ortega Arteaga y al candidato de MORENA. Su primer periodo en el Congreso, de 2016 a 2018, lo consiguió como diputado del PVEM, no obstante, rapidamente renunció a dicho partido y se sumó al grupo legislativo del blanquiazul en 2017 tras un breve paso por una fracción mixta.

De esta manera la familia García Escalante mantiene el control político en Pánuco, en medio de señalamientos de estar relacionados con el crimen organizado. Incluso el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, insiste en relacionarlos con la delincuencia en eventos públicos.

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Se debe de analizar propuesta

Sobre la violencia política de género el magistrado Presidente de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Enrique Figueroa Ávila, dijo que es urgente examinar y estudiar a fondo la reforma al artículo 396 del Código Electoral del Estado de Veracruz propuesta por las 25 legisladoras del Congreso de Veracruz para incluirla como causal de nulidad de la elección.

Recordó que, en el caso de la Violencia Política de Género, la sanción contra esta práctica proviene de una evolución iniciada desde 10 años atrás, con las denominadas “Juanitas” que eran propietarias de cargos de elección popular, heredados a un suplente varón al solicitar licencia.

“Hemos caminado en la última década con pasos agigantados en el tema, desde el 2009 con ‘las Juanitas’ y cuotas de género hemos avanzado en el tema de consolidar de que hombres y mujeres en la política puedan trabajar de forma respetuosa”.

Y es que los casos de violencia política en la entidad continúan registrándose. El que ha obtenido más notoriedad en los últimos meses es el padecido por la ex alcaldesa morenista de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo.

Cabe recordar que Maricela Vallejo acusó que tras ser electa recibió presiones para pedir licencia e incluso fue amenazada por el ex regidor, Ricardo Pérez, quien la impulsó para llegar a la presidencia municipal al no poder contender en el proceso de 2017.

A raíz del asesinato de la alcaldesa en abril de este año, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez solicitó al Congreso local la suspensión de poderes en el municipio de Mixtla de Altamirano, lo cual fue avalado por 39 diputados y rechazado por 7.

En el dictamen se señala que se decidió desaparecer provisionalmente el Ayuntamiento “para proteger los derechos fundamentales de los habitantes de Mixtla de Altamirano, particularmente para preservar el orden y paz públicos reconocidos por el artículo 21 de la Constitución Federal”.

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Reforma une a diputadas del Congreso

La reforma propuesta por las integrantes de la actual LXV Legislatura busca modificar el Código Electoral definiendo a la violencia política por razones de género como la acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer o el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público.

En el documento retoman que la violencia política en razón de género ha generado una inequidad en la contienda electoral, específicamente para las candidatas que “además de los propios retos políticos que implica una campaña electoral, también se deben enfrentar a un sinnúmero de agresiones que tienen como finalidad menoscabar o violentar sus derechos político-electorales”.

En la exposición de motivos además del caso de Ortega Arteaga retomaron el del candidato a diputado local por el PRI-PVEM, Manuel Francisco Martínez, quien buscaba la reelección en 2018 y en un mitin en una comunidad de Tantoyuca hizo expresiones misóginas.

En este caso, el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) determinó multarlo luego de que mencionó que “el machete sirve para darle de planazos a las mujeres que se portan mal”. Los magistrados del TEV impusieron una multa equivalente a la cantidad de 10 mil 425 pesos.

El proyecto de las legisladoras añade que la nulidad de una elección es la pena de muerte en materia electoral.

“Con la nulidad electoral se han combatido y casi desterrado, algunos de los históricos fantasmas que han rondado las urnas durante décadas. Por lo anterior, es conveniente que la violencia política sea una causal de nulidad, tal como ocurre con otros delitos electorales de suma importancia, algunos de ellos que han sido llevados incluso al catálogo de delitos graves de la Constitución”.

Para la excandidata y ex presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local, Octavia Ortega Arteaga, incluir la violencia política como causal de la nulidad de una elección podría ayudar a terminar con los cacicazgos de grupos que mantienen el poder “a cualquier costo”, en alusión a las agresiones que asegura haber sufrido en los últimos años.

“Si se logra, más mujeres van a tener la seguridad de participar (...) más mujeres tendrán las garantías si deciden participar en política, si yo decidiera en algún momento me daría gusto que hubiera un motivo de nulidad por violencia política de género”.

El propio gobernador Cuitláhuac García, ha hecho señalamientos a los “cacicazgos familiares” en Pánuco, en referencia a los García Escalante. Como candidato al Poder Ejecutivo señaló que la familia de Miguel Ángel Yunes Linares se alió con grupos políticos relacionados al exmandatario Javier Duarte y con delincuentes para impulsar a su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, para sucederlo en el Poder Ejecutivo.

En 2017, durante un mitin en la Plaza Lerdo en Xalapa, acompañado del entonces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, García Jiménez aseguró que era el caso del ex contralor, Ricardo García Guzmán, cuyos hijos Ricardo y Rodrigo García Escalante entonces competían por la diputación local y federal en Pánuco.

“Yunes los acusó de corruptos y de tener una asociación con delincuentes, pero hoy en día ya tiene a sus hijos de candidatos del PAN y del PRD (…); por qué el fiscal general del Estado nunca los ha investigado, exigimos que si está contra la delincuencia empiece por esos ladrones”.

García Jiménez aseguró que a estas “alianzas” se debía el incremento de los delitos como el secuestro y la extorsión en el estado, porque había bandas delincuenciales “a su servicio”.

“Alguien se espantó que Morena iba a ganar muchos municipios hace un año y la única forma de detenernos fue pactar con grupos políticos que tienen a su servicio a bandas delincuenciales que se dedican a la extorsión, precisamente, al robo de ganado y al secuestro (…)".

“Por eso otro delito que se disparó es el robo de ganado, y no estoy diciendo mentiras (...) Y si alguien me retara a decir compruébalo, con mucho gusto, tenemos el caso de los García Guzmán en Pánuco; pregunten ustedes, yo he caminado Veracruz, solo, casa por casa, me entrevisto con la gente y ellos en privado me dicen lo que está pasando y después lo corroboro”.

Apenas el pasado 15 de julio el gobernador aseveró que la banda delictiva de “La Sombra”, en alusión al Grupo Sombra, opera en Pánuco y está ligada a una familia que tiene relación con el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) y por ello realiza carpetas “endebles” que los mantiene en libertad con la complicidad del titular del organismo, Jorge Winckler.

Pese a esto, cuestionado sobre dicha declaración el diputado local, Rodrigo García Escalante, aseveró que no se da por aludido por dichas declaraciones del mandatario, ya que tanto él como su familia están limpios.

“Cada quien es responsable de lo que dice y yo no me siento aludido ni en lo más mínimo de los comentarios del Gobernador, estoy trabajando y voy a seguir trabajando conforme a lo que pienso y a lo que piensen la mayoría de los veracruzanos".

“El Gobernador tiene su estilo, yo tengo el mío y voy a seguir trabajando, no me siento aludido, es más me acabo de enterar porque no presto atención a ese tipo de situaciones”, replicó el legislador.