Xalapa, Ver.- Los diputados locales del PAN Montserrat Ortega, y de Morena Rubén Ríos Uribe, se enfrascaron en un debate sobre la legalidad del proceso que implementó la Diputación Permanente de la 65 Legislatura, para “suspender temporalmente” a Jorge Winckler Ortiz, como Fiscal General del Estado.

Durante el debate, prevalecieron los ataques y las alusiones personales por las condiciones económicas y de parentesco, y se debatió sobre el valor de ser electo a través de una tómbola -por suerte- o por dedazo a consecuencia de la cercanía con la clase política en turno.

Incluso, plantearon el valor de un diputado de mayoría relativa -que fue votado en las urnas- y un plurinominal -que recibe el espacio en representación de los votos que obtiene un partido-.

Se habló de reyezuelos, mirreyes, horda de personas y legisladores subordinados al poder ejecutivo, que impulso una “medida cautelar” violatoria de la Constitución local.

La panista subió a tribuna para presentar un anteproyecto de punto de acuerdo para defender la representatividad de los ciudadanos en las comunidades compuesta por minorías.

Acusó que de un “plumazo” se impuso una decisión del grupo en el poder, en medio de una serie de violaciones al reglamento, la ley orgánica del Poder Legislativo y la propia Constitución. Se limitó la publicación de la Gaceta Legislativa en la que se planteaba la salida temporal de Winckler Ortiz.

Desde la máxima tribuna aclaró que no estaba defendiendo al Fiscal, incluso, dijo estar de acuerdo en iniciarle un nuevo juicio político, siempre y cuando se respete la ley y el trámite legislativo que ahí se obliga.

Tras la sesión del 03 de septiembre, el Ejecutivo “metió las manos” al mandar a elementos de Seguridad Pública y la Guardia Civil a resguardar las instalaciones de la Fiscalía General para obligar a la entrada de Verónica Hernández Giadáns, quien fue nombrada encargada de despacho, “lo hicieron por el mecanismo de la imposición y la fuerza”.

 Por lo anterior, el PAN presentó una Acción de Inconstitucionalidad para obligar a hacer valer el Estado de Derecho, y no permitir que por la decisión de unos cuantos se aplique la ley a modo.

Al minimizar lo dicho por la legisladora, el diputado Rubén Ríos, afirmó que a 15 días de que fue suspendido temporalmente el Fiscal no se ha presentado al Congreso local, para acreditar que si estaba certificado.

En ese sentido, afirmó tener la certeza que Jorge Winckler no acredito los exámenes de control y confianza, “y me da terror, ver como salió a mentir a los medios, y tenemos la certeza que no esta acreditado, por qué no ha venido acá, ya han pasado más de dos semanas, ¿está escondido?”, planteó.

Montserrat Ortega, reprochó a Morena que no conocen el Sistema de Justicia Penal, en el que prevalece la presunción de inocencia, pues en el caso de Winckler Ortiz, se le separó del cargo y ahora se abre una investigación para conocer si pasó o no los exámenes de control y confianza.

“Y si tienen que destituir al Fiscal, pues que los destituyan, pero de la forma legal, no cruzando las líneas, no pisando la Constitución o haciendo un lado las leyes del poder Legislativo. Estos señores creen que son reyecillos, creen que porque son diputados pueden hacer lo que sea.

“¿Qué pasaría si una horda de personas o un complejo de diputados empezáramos a decidir a quién quitamos o a quién ponemos?”.

 Ante la falta de argumentos para refutar lo dicho por la compañera, el legislador optó por recordar que en la pasada administración las empresas de su familia recibieron contratos de obra del gobierno Yunista, minimizó el trabajo de la diputada, al reiterar que ella llegó por su parentesco con el exdirigente del PAN, “por dedazo”.

Y presumió que en Morena es más democrático el método para elegir a los representantes populares, que son sorteados en la llamada “tómbola”.

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