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SESVER incumple recomendación por negligencias en Hospital Regional de Veracruz

Veracruz   /   
Víctor Toriz  |
 Viernes, Octubre 18, 2019

Negligencias médicas detectadas durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes causaron la muerte de tres personas

Veracruz, Ver.- Misael, un joven de 14 años de edad, y dos de sus familiares murieron en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz por actos de negligencia médica en el 2017, de acuerdo con la recomendación 41-2019 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en agosto pasado.

A pesar de que la Secretaría de Salud aceptó el procedimiento de la CEDH, dos meses después los familiares de las víctimas confirmaron a E-Consulta Veracruz que no tienen información sobre el proceso reparatorio integral que la dependencia estatal deberá de cumplir.

Rec 4120192 by Eirinet Gomez Lopez on Scribd

Carlos Flores Bravo, quien era tío de Misael y fue el principal promotor de la queja ante el organismo defensor de los derechos humanos, dijo que las investigaciones terminaron por darle la razón de los abusos y falta de atención que denunció en su momento.

Los hechos ocurrieron en la administración del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares y en los informes que remitió la Comisión de Arbitraje Médico de Veracruz (Codamever) a la CEDH se revela la mala atención del personal médico.

Además, deja en evidencia la falta de equipo médico para realizar intervenciones médicas que eran indispensables para el tratamiento y diagnóstico de los tres pacientes, quienes ingresaron al Área de Quemados por lesiones causadas en la explosión de un tanque de gas.

Lo anterior coincide con otras quejas públicas sobre las carencias que existían en el hospital.

Un ejemplo es lo ocurrido en diciembre del 2018, durante el proceso de transición del Gobierno del Estado, la Fundación Michou y Mau para niños quemados, puso en evidencia las carencias que existían en el Área de Quemados del Hospital Regional.

Esas deficiencias pudieron ser la causa de los casos de negligencia médica que se citan en el caso de Misael, pero también en otros pacientes más.

De acuerdo con información obtenida a través de la plataforma Infomex Veracruz en el año 2017 se registraron dos muertes de menores de edad que ingresaron al área de quemados del Hospital Regional, cifra que en se disparó en el 2018 con 31 muertes.

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Violación de derechos

De acuerdo con la recomendación 41-2019, la Secretaría de Salud violó los derechos a la Salud, a la Vida y a la Integridad Personal de Misael y sus familiares.

De acuerdo con el análisis del Dictamen Técnico Médico Institucional, el organismo concluyó que la atención proporcionada a la víctima, identificada con el acrónimo V2, por parte del Encargado de la Unidad de Cuidados Intensivos no fue acorde a los principios científicos y éticos aplicables en este tipo de casos.

"Dicho Organismo concluyó que la atención brindada fue omisa y descuidada. Puntualizó como deficiencias: la incorrecta dosificación de medicamento; no considerar el peso aproximado del paciente y; no vigilar su evolución de forma constante. Esto derivó en una reanimación hídrica insuficiente, sin percatarse del grave compromiso hemodinámico de V2 a partir de las 03:00 horas del día de su fallecimiento", detalla en el dictamen remitido por la Codamever a la CEDH.

En el mismo documento detalla que la muerte del paciente pudo evitarse, de haberse proporcionado la atención debida de acuerdo con los protocolos.

Sobre el Dictamen Técnico Médico Institucional de la atención recibida por el menor de edad la Codamever determinó que el tratamiento en la etapa inicial fue acorde, sin embargo, la atención del proceso de infección fue deficiente.

"La Codamever detectó omisiones y acciones no acordes a los principios científicos aplicables al caso13, como: la falta de suministro regular de medicamento; faltas de identificación del protocolo para el uso de antibióticos en pacientes quemados; falta de notas médicas; deficiencia de cultivos bacterianos, entre otros", detalla el reporte remitido a la CEDH.

Lo anterior, según el organismo de arbitraje médico, causó una progresión del daño pulmonar y la falta de respuesta al tratamiento médico, derivando en su muerte.

En cuanto a la tercera víctima, la recomendación 41-2019 confirma que el paciente no tuvo un correcto tratamiento médico, lo que derivó en una infección que generó diversas afectaciones que concluyeron en su fallecimiento, situación que pudo ser evitada.

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Proceso penal se empantana

Los hechos ocurrieron en la vivienda ubicada en la calle de Civismo número 644, entre Urbina y López Velarde, cerca de la Escuela Secundaria Técnica número Uno de la ciudad de Veracruz el 6 de septiembre del 2017.

En el hecho resultaron lesionados con quemaduras graves ocho personas, quienes fallecieron por la deficiente atención médica que recibieron, de acuerdo con lo declarado por Carlos Flores, familiar de las ocho víctimas de la tragedia.

Desde que murió el primero de los heridos, el 7 de agosto, emprende una lucha legal contra "Gas del Atlántico", empresa que vendió el tanque con la fuga, pero más adelante decidió proceder también en contra de la Secretaría de Salud por la mala atención médica.

El también representante legal de los afectados, afirmó que según el peritaje que consta en la carpeta de investigación 6018/2017 de la Fiscalía General del Estado los trabajadores y la empresa, podrían tener responsabilidad en los hechos.

La explosión impactó la opinión pública jarocha dado a que cada uno de los siete heridos murió de manera paulatina, recibiendo servicios médicos públicos y limitados, sin ningún tipo de apoyo o seguro de parte de la compañía gasera. 

"No todos vivían ahí, pero fue lamentable porque nunca pensaron que llegaban a una cita con la muerte. Se juntaban a comer todos los domingos, como todas las familias. Fue el 6 de agosto, precisamente hace un mes". 

En total, en el flamazo murió el jefe de familia de los Flores-Vela, el abuelo de más de 80 años, dos hermanos (uno de 14 años), uno de los sobrinos (de seis años) y dos tíos. 

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Reparación del daño

Como parte del proceso de reparación de daños a los familiares de las víctimas, la Secretaría de Salud está obligada a realizar los trámites necesarios ante la Comisión Ejecutiva Integral a Víctimas para que estos obtengan su inscripción en el Registro Estatal de Víctimas y tengan acceso a los beneficios de la Ley.

Entre las acciones que debe de garantizar la dependencia estatal destaca otorgar atención médica psicológica, asesoramiento jurídico y servicios sociales en beneficio de las víctimas.

Como medida de satisfacción, se deberá girar las instrucciones correspondientes para que se inicie y determine una investigación interna, diligente, imparcial y exhaustiva para individualizar la responsabilidad administrativa de todos los servidores públicos involucrados en la presente investigación, por las violaciones a derechos humanos cometidas.

   


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