Xalapa, Ver.- A casi un mes de que el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, quitó por decreto a la Fiscalía General del Estado (FGE) el edificio que alberga el Centro Integral de Justicia para las Mujeres para entregarlo a la Secretaría de Gobierno, este inmueble permanece como un elefante blanco.

Lo anterior, pese a que en una de sus justificaciones para retirarlo de la infraestructura del órgano autónomo es que el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024 tiene como eje transversal la atención de grupos históricamente vulnerados y el fortalecimiento de la estrategia de atención a la violencia contra las mujeres.

Los cambios se realizaron sin un pronunciamiento de Verónica Hernández Giadáns, actual encargada de despacho de la Fiscalía, aunque ella misma hizo pública su intención de crear una Fiscalía Especializada contra el Feminicidio; es decir, repetir funciones.

Uno de los objetivos principales del centro de justicia es justamente que una mujer acuda a él y en el mismo sitio se tome la denuncia y se canalice a la víctima al resto de servicios que brinda el Estado, como atención psicológica o de salud.

Sin embargo, si se apertura una Fiscalía especializada sería necesario recabar la denuncia y después trasladar a la víctima al centro, de ahí que se pierde la figura de un centro integral.

Esto cuando según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se reporta que, de enero a agosto de 2019, se han cometido en la entidad 125 asesinatos con características de feminicidio, de un total nacional de 638.

Con esta cifra, Veracruz se posiciona en primer lugar en ese delito y prácticamente dobla en número a los ocurridos en el Estado de México, otrora entidad más letal para las mujeres en el país.

De acuerdo con el mismo Secretariado, mientras en la República se cometen un promedio de 0.99 homicidios de mujeres por cada 100 mil habitantes, esta cifra se coloca en 2.92.

De igual forma, 13 municipios veracruzanos están colocados entre los 100 con mayor incidencia en este delito, iniciando por la capital, Xalapa, donde están centralizados todos los poderes, con 11 casos a la fecha, seguido de Coatzacoalcos con 9.

Asimismo, el Secretariado detalla que las mujeres víctimas de homicidio doloso son, hasta el mismo periodo, 18, de acuerdo con la misma tipificación del delito.

Seguridad Pública informó también que, en septiembre, el feminicidio tuvo un incremento del 19.74 por ciento en todo el país, comparado con el mismo mes del año pasado, registrándose 91 contra 76, respectivamente.

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ABANDONO

Unas semanas antes de ser retirado del cargo y ser sustituido por Hernández Giadáns, el Fiscal General Jorge Winckler Ortiz acusó que el propio gobernador no quería enviar personal a ocupar las áreas del Ejecutivo, que esencialmente eran para los espacios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); Salud, Instituto de la Mujer, DIF, entre otros.

Días después de este señalamiento, el gobernador salió al paso del entonces Fiscal, señalando que la falta de personal se debía a la carente existencia de claridad sobre quién cubriría los salarios propios de quienes fueran adscritos.

Asimismo, desde su inauguración, en enero de 2019, hasta antes de retirar a Winckler de la Fiscalía, el gobernador no definió el nombramiento de la Coordinadora General del Centro de Justicia Integral, facultad expedida solo a él de acuerdo con el decreto de creación del Centro.

Tampoco se habían ocupado las áreas asignadas a la Defensoría Pública, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y tampoco la de jueces especializados en el asunto.

En este último caso, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña, confirmó que no había personal contemplado para ser asignado a ese lugar, hasta en tanto no se resolvieran los espacios libres de las dependencias y no se nombrara una coordinadora.

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UN ARREBATO

El Centro de Justicia Integral para las Mujeres fue inaugurado el 15 de enero de 2019, en una ceremonia a la que no acudió el gobernador García Jiménez; tuvo una inversión de 62 millones 110 mil pesos de recursos de la Fiscalía General.

Durante meses, conforme aumentaban las muertes de veracruzanas -más de 250 hasta el momento- también aumentaban los conflictos entre Winckler y García y el Centro seguía inoperante. 

Ante ello, el pasado 25 de septiembre, apenas tres semanas después de haber quitado al fiscal de su encargo, el mandatario emitió un decreto, el número extraordinario 384, para a su vez, modificar al que dio lugar a la creación del Centro.

Argumentando que, regresando a los orígenes de la creación del inmueble en enero de 2013, este fue pensado para formar parte de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) y esta a su vez pertenecía al Poder Ejecutivo.

Por ello el mandatario morenista consideró que se podía dejar en manos de un organismo autónomo un ente que fue planeado para la administración pública paraestatal y por tanto forma parte de la infraestructura del Ejecutivo.

Por ello, agrega el decreto, ante la creación de la Fiscalía General del Estado y por ser un ente autónomo, lo que había sido pensado como parte del Poder Ejecutivo, debía serle retirado, aun y cuando el dinero para la construcción lo puso la propia Fiscalía.

“Que el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave como organismo descentralizado que forma parte de la Administración Pública Estatal no puede estar sectorizado a un organismo autónomo por lo que debe agruparse a la Dependencia cuyas atribuciones contribuyan a optimizar su funcionamiento, por lo que es apropiado que el Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, esté sectorizado a la Secretaría de Gobierno”, agrega el documento.

En dicho decreto, el mandatario estableció que la Junta de Gobierno deberá ser presidida por él y como integrantes deberá tener al propio Secretario de Gobierno y titulares de otras áreas, quienes, en consenso, decidirán qué sectores de la sociedad civil podrán adherirse con voz, pero sin voto.

Otros que podrán participar, pero no tomar decisiones, son la CEDH, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, la Defensoría Pública, la misma Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial del Estado, igualmente siempre y cuando la junta de gobierno lo apruebe.

Se indica también que la Junta sesionará de manera ordinaria al menos una vez cada tres meses, es decir, cuatro veces por año y cada que sea convocada alguna extraordinaria, sin tener establecido un mínimo para ello.

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OTRA FISCALÍA ESPECIALIZADA

Mientras esto ocurre y con un aumento diario en el caso de las mujeres asesinadas, en el organismo autónomo, donde despacha Verónica Hernández Giadáns, se ha considerado crear la Fiscalía Especializada en Feminicidios.

A inicios de este mes, y en el marco de una reunión sobre acceso a la justicia en niños y niños por muertes violentas, Hernández Giadáns, que no se opuso a que le quitarán el Centro de Justicia ni se ha manifestado por ponerlo a funcionar, dejó ver su intención de la creación de la nueva Especializada “como fiscal y como mujer”.

Lo anterior, pese a que ya se cuenta además con la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos contra las Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas.

De dicha intención, defensoras de los derechos de las mujeres como Estela Casados González, se manifestó en contra, pues afirmó que es ocioso duplicar instancias cuando no se han fortalecido las existentes.

"Creo que no tendría caso crear un nuevo espacio en donde se replicaran las debilidades en cuanto a estructura de personal capacitado, en cuanto al número de casos que pueden atender", dijo.

Señaló que, desde hace muchos años, dicha Fiscalía no ha sido fortalecida, pues faltan peritos y peritas calificadas, así como mujeres fiscales que atiendan los delitos de feminicidios o cualquier otro que implique violencia contra mujeres.

Casados González dijo que es necesario dotarle de recursos tanto monetarios como de personal, pues, aunque se tengan las mejores intenciones, se trabaja contra la imposibilidad humana de llevar a cabo jornadas de trabajo extenuantes.

A la fecha, más de 250 mujeres han muerto en la presente administración y las dos alertas de violencia de género en Veracruz siguen sin ser acatadas a cabalidad.