Xalapa, Ver.- La Contraloría General es la dependencia responsable de la fiscalización, revisión y evaluación de la gestión gubernamental. En el marco de su comparecencia, la titular Mercedes Santoyo Domínguez, reconoció deficiencias en la operación del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez que podrían fomentar la corrupción.

La funcionaria atribuyó errores a lo que llamó una “curva de aprendizaje” de los servidores públicos morenistas, y señaló que ha alertado sobre potenciales irregularidades. Advirtió que secretarios de despacho han otorgado contratos a empresas foráneas, con base en asignaciones directas, por lo que se les podrían fincar responsabilidades.

Santoyo Domínguez, con apenas tres meses en el cargo, confirmó que la mayoría de expedientes relacionados con presuntos actos de corrupción siguen abiertos, y dejó entrever que el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) es deficiente.

E-Consulta Veracruz presenta diez puntos claves de la presentación de la titular de la CGE, ante solo siete diputados que acudieron a su presentación, llevada a cabo este 9 de diciembre. 

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1.- Hay funcionarios de Morena acusados de corruptos

Al inicio de su presentación, la contralora explicó que, del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019, a través de los diferentes mecanismos de atención ciudadana, se recibieron mil 157 quejas y denuncias por actos al margen de la ley.

Los integrantes del gobierno que prometió el combate a la corrupción, incurrieron en acciones que generaron denuncias, de las cuales se han resuelto 684, quedando en trámite 473, las cuales son atendidas por los Órganos Internos de Control adscritos a las diversas dependencias y entidades.

De acuerdo con la estadística de la funcionaria estatal, se ha atendido el 59 por ciento de las quejas, en promedio se recibieron 104 denuncias al mes.

2.- Abiertos 17 expedientes por nepotismo

Durante la sesión de preguntas y respuestas, Mercedes Santoyo detalló que, del total de quejas, 17 denuncias corresponden a actos de nepotismo o conflicto de interés, que involucra a los titulares de las diferentes dependencias, que emplean a familiares en las dependencias a su cargo u otras áreas de la administración pública.

El tema lo planteó la panista Judith Pineda Andrade, quien recordó que medios han expuesto varios casos en Salud, la Secretaría del Trabajo, Sefiplan, Protección Civil, Educación y Seguridad Pública, y el DIF. 
 
Mercedes Santoyo, mencionó que los medios de comunicación han expuestos algunos “supuestos” casos, y recordó que en Veracruz el nepotismo no era considerado un delito, solo a nivel federal.

“Se iniciaron algunas investigaciones en Sefiplan, DIF, Secretaría del Trabajo, SEV, Salud, etcétera, se iniciaron investigaciones, algunas están descartadas por no haber encontrado ningún conflicto de interés, ya algunas se han cerrado”.

“Otras, yo sé que en el transcurso de la investigación las personas fueron renunciando, por su propia cuenta, no quiere decir que eso no haya generado una responsabilidad”, respondió a los legisladores. 

Sin embargo, dijo, ahora que existe el nepotismo se debe investigar y sancionar, aunque en algunos casos, exista responsabilidad contra los funcionarios del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.

3.- Compra y renta de patrullas sigue en investigación

Al referirse al escándalo mediático por la renta y compra de patrullas para la Secretaría de Seguridad Pública, con un costo de 208 millones de pesos, Mercedes Santoyo, explicó que se inició una investigación de oficio el pasado 13 de mayo.

En ese sentido, se requirió a la unidad administrativa para presentar todos los expedientes relativos a la adquisición y arrendamiento de las unidades, y las actas de entrega-recepción de los bienes.

Funcionarios de la Contraloría General, dijo, están revisando la documentación en el sitio, e integran la investigación 43/2019, “está en proceso de análisis e informaremos cuándo tengamos la respuesta”.

4.- Se han sancionado a Yunistas

La funcionaria estatal explicó que, en el periodo del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019, dentro de los Procedimientos Disciplinarios se radicaron 165 expedientes, emitiéndose 318 resoluciones correspondientes a 109 inexistencias de responsabilidad administrativa, 173 sanciones y 36 sobreseimientos.

Dentro del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa se han radicado 55 expedientes, en tanto que del Procedimiento de Sanción a Proveedores se encuentran radicados doce expedientes; ninguno se ha concluido hasta el momento. En cuanto a los Recursos de Revocación de Licitaciones, se han radicado nueve, los cuales se encuentran en trámite, planteó al hablar sobre potenciales sanciones.

Ya en la sesión de preguntas y respuestas aclaró que los expedientes le fueron heredados, por lo que los casos corresponden a la administración de Miguel Ángel Yunes Linares.

5.- Se da prioridad a empresas foráneas

Aunque los datos estadísticos no coincidían, Mercedes Santoyo, comentó que, al corte del 15 de noviembre, se registraron un total de 25 mil 151 operaciones de las cuáles, 23 mil 154 se contrataron con empresas veracruzanas y mil 996 para foráneas.

Al dar en porcentajes esos datos, reveló que el 42 por ciento de los contratos de esas acciones se entregó a empresas veracruzanas, el otro 58 por ciento para foráneas.  “Esa es la información que me hacen llegar los órganos internos de control”.

En cuanto a la asignación directa de las obras, planteó que el 58 por ciento de los contratos se asignó sin licitarlas, lo que consideró un área de oportunidad para el año entrante, y obligar a las ejecutoras a convenir acciones respetando la ley.

“En cuanto a la modalidad de contrataciones de bienes y servicios igual tenemos la contratación pública nacional tenemos el 30.11 por cuento, y la adjudicación directa en 58.85 por ciento, sin lugar a duda hay un área de oportunidad lo pondremos dentro del programa general de trabajo”, planteó ante diputados locales.

La funcionaria expuso que ha hecho recomendaciones a los secretarios de despacho, pero es su facultad asignar los contratos, “y si aún con la opinión que emitimos lo hacen, pues ya es responsabilidad es el funcionario público”.

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6.- Gobierno de Cuitláhuac, preocupado por solventar manejo de Yunes

En su primera intervención, explicó que actualmente están enfocados en solventar las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por el manejo financiero pendientes de solventar, dado que les podrían retener participaciones federales u obligar al reintegro de fondos.

Sin dar un monto de lo pendiente de justificar, expuso: “Estamos trabajando muy fuerte, independiente de quien haya incurrido en la presunta irregularidad, estamos pendientes de que pueda ser solventado con la información que tenemos y con lo que nos hacen llegar”.

Es importante, reiteró, hacer un frente común y aclarar el uso de los recursos, para evitar alguna sanción que ponga en riesgo la ministración de fondos federales.

 A la fecha, reconoció que no han presentado una sola denuncia ante la Fiscalía Especial Anticorrupción, pues todos los casos se deben fundamentar, o de lo contrario las personas imputadas podrían iniciar acciones en su contra.

7.- SEA, no sirve

En su participación el diputado Juan Manuel Pozos Castro, se dijo preocupado porque a la fecha no hay una sola denuncia de parte de la Contraloría General por las irregularidades detectadas a la llegada del actual gobierno, en especial, porque los ciudadanos exigen resultados.

La funcionaria reconoció que, si bien el Sistema Estatal Anticorrupción está diseñado para castigar a funcionarios que incurrieron en irregularidades o desvío de fondos públicos, la estructura que se sumó aún no está dando resultados.

“Sé que el Sistema Estatal Anticorrupción no ha funcionado como es la necesidad de los ciudadanos”, dijo y recordó que hace tres meses que se incorporó al grupo de trabajo, en el que tienen representación órganos autónomos y poderes públicos.

8.- Deuda con proveedores es una “papa caliente”

La titular de Contraloría, recordó que en el pasado se emitió un decreto para validar los pasivos heredados por el gobierno del PRI, sin embargo, no se cumplió con el objetivo de reducir la deuda.

Al contrario, expuso que se incrementó al dejar facturas pendientes del yunismo, y están en el proceso de validación de los pasivos para poder validar los pagos de los pendientes económicos.

“(Los pasivos) es una papa caliente, cuando nos lleguen tendremos que avocarnos a evaluar y emitir el dictamen para mandarlo conjuntamente con la unidad administrativa”, dijo al ser cuestionada sobre el monto de la deuda heredada.

La funcionaria fue insistente en que les heredaron una responsabilidad institucional, sin embargo, nos toca pagar lo que no debemos”; se comprometió que cuando lleguen los expedientes para validación de pago, lo harán de manera eficiente, sin generar rezago en la aprobación como ocurría en el pasado.

9.- Bienes recuperados por Yunes, en litigio

Al referirse a la posibilidad de usar los bienes incautados a funcionarios de Javier Duarte para crear un fideicomiso y cumplir con el pago de deudas al sector empresarial, pues muchos están a punto de la quiebra, la funcionaria respaldó la medida administrativa.

“Sin embargo, como todavía no quedan todos los puntos aclarados, sería inadecuado tomar algo, aunque sea por una buena causa, si hay un litigio, sería una irresponsabilidad y nos podría llevar a sanciones penales”, planteó.

Se comprometió a darle seguimiento e ir verificando el proceso legal y con ello, una vez que se entreguen al Estado, puedan usarlos para liquidar a los empresarios.

10.- “Haremos lo posible por no caer en subejercicio”

Sobre este tema, detalló que, en mayo, cuando era Directora de Fiscalización Interna, envió un oficio a todos los órganos internos de control para que las unidades administrativas llevaran a cabo el llenado de una matriz, en donde se solicitaba el programa, el ramo, el monto, cuándo había llegado el dinero, y cuánto se había ejercido del ejercicio 2018.

La intención era un “ensayo” ante la curva de aprendizaje de los nuevos funcionarios, y dos meses después se repitió el ejercicio con el manejo del 2019, “para que se dieran cuenta que ya iba en serio”.

“Y ahorita que estoy en el cargo de Contraloría, se pidió al Director de Fiscalización Interna se lleve un seguimiento, continuamente por semana se les está preguntando cómo van y que actualicen las cifras y que no haya él se me pasó, o tengo otra prioridad, la prioridad es ejercer el dinero que se le da el gobierno federal y que sea lo menos posible lo que se tenga que reintegrar a la federación”.

En ese sentido, dijo que la mayoría de las ejecutoras ya solicitaron la liberación del recurso, “y vamos a hacer todo lo posible en coadyuvar para que se pueda llegar, sino a la totalidad, que no vaya a ser un monto grave de subejercicio, porque eso implica una responsabilidad”.