Xalapa, Ver.- La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV) recibió tres recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos durante el 2019. Personal de la dependencia incurrió en omisiones, revictimización e incumplió con la obligación de pagar indemnización o compensaciones a víctimas de delitos.

El organismo, dependiente de la Secretaría de Gobierno, incumplió con los objetivos de dar atención oportuna, digna e integral a víctimas directas e indirectas del delito, garantizar y respetar el ejercicio efectivo de sus derechos, a través de acciones y mecanismos en conjunto con las instituciones federales, estatales y municipales, para la protección y el respeto a los derechos constitucionales de las víctimas.

Las recomendaciones 51, 63 y 74/2019, emitidas en los meses de agosto, noviembre y diciembre de 2019, revelan deficiencias e, incluso, omisiones durante la “asesoría” jurídica brindada a víctimas de delito.

La titular de la dependencia, Lorena del Carmen Mendoza Vázquez tendrá que responder por los derechos de estas personas ofendidas y por la obstaculización para el acceso a medidas de ayuda, asistencia y atención establecidas en la ley.

La activista Anais Palacios, consideró que la Comisión está rebasada en trabajo y recordó que fue el año pasado -a siete años de su creación- cuando el Congreso le asignó presupuesto para atender las diligencias y brindar apoyo a víctimas de delito.

El organismo no ha sido claro en explicar a las familias las medidas y trámites administrativos que se deben llevar, así como el periodo de tiempo que implica el cuantificar el monto que se debe pagar para restituir el daño, planteó la también la integrante del Comité Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda.

“Es un comité técnico el responsable de evaluar a las víctimas, a la fecha no se conoce si en 2019 se emitió algún pago en beneficio de alguna familia, aunque se estaban integrando tres dictámenes o expedientes para restituir económicamente el daño causado por la violación de derechos humanos de autoridades estatales”, refirió la activista. 

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La CEEAIV no tiene registro actualizado de víctimas

En agosto del año pasado la CEDH emitió la recomendación 51/2019. El documento reconoce siete víctimas indirectas, entre ellas un menor de edad, tras la denuncia de falta de diligencias por la desaparición de una joven, cuando se dirigía a la universidad, en septiembre del 2012.

La madre de la víctima denunció que además de la dilación de la Fiscalía para investigar el caso de desaparición, que podría estar vinculado a un secuestro, la comisión de víctimas se negó a brindar apoyo económico.

En abril de 2019 solicitó una beca para una de sus hijas, sin embargo, no se les brindó el apoyo económico con el argumento de que no formaban parte del Registro Estatal de Víctimas, a pesar de que se inscribieron desde 2012. Personal de la comisión no se hizo responsable del extravío de los documentos.

“Desde el año 2012 entregué toda la documentación que me fue requerida y llené los formatos para dicho efecto, enterándome en ese momento que la única persona de mi núcleo familiar que cuenta con el Registro Estatal de Víctimas soy yo, ya que ni V1 lo tiene, siendo que ella es la víctima directa”, recriminó la madre. 

Por lo anterior, la CEDH pidió acceso a las medidas de ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia y reparación integral del daño; el pago de una compensación por la violación a los derechos de las víctimas; y una investigación a los servidores públicos involucrados, y a quienes hayan participado -por acción u omisión- en la violación de los derechos de las víctimas para determinar sus responsabilidades, su grado de participación y las sanciones correspondientes.

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Comisión de Víctimas justifica malas diligencias de asesor legal

La recomendación 63/2019 que se emitió en el mes de noviembre de 2019 involucra a los asesores legales de la CEEAIV y a cinco integrantes de una familia, entre ellos un menor de edad, por desaparición forzada y ejecución extrajudicial en 2015.

La recomendación involucra a la Fiscalía General y la CEEAIV, que asignó a un asesor jurídico que jamás apoyó ni se presentó con la familia durante el proceso judicial que se inició contra el exdirector de Prevención y Readaptación Social, así como ocho policías de la Secretaría de Seguridad Pública, acusados de levantar y ordenar la ejecución de Carlos David.

El asesor legal designado durante el juicio oral contra los presuntos asesinos recibió notificaciones y dio seguimiento al proceso penal sin notificar a la familia, lo que podría ser ilegal.

La familia se presentó ante la encargada de la Comisión de Víctimas, a quien expusieron las irregularidades y el riesgo de que una persona ajena los representara sin contar con la autorización respectiva. La funcionaria se limitó a señalar que el asesor ya no laboraba en la dependencia estatal.

En enero de 2019 se reunieron con Lorena Mendoza Vázquez, ante la urgencia de contar con un asesor legal, pues al día siguiente se tendrían que presentar a una nueva audiencia y durante la diligencia se permitió la participación del exasesor legal, a quien se le permitió justificar su actuar, lo que fue revictimizante para la familia.

Lo hecho por el abogado no sólo es ilegal y contrario a toda certeza que debe procurar el actuar de las autoridades, sino que limitó a la familia a conocer y actuar plenamente dentro del proceso penal contra los responsables de la desaparición forzada y de la ejecución extrajudicial de Carlos David, expone la recomendación. 

La CEDH pidió a la responsable de la Comisión de Víctimas, integrar a la familia al Registro Estatal de Víctimas, y proporcionar asesoría legal a la familia, de un abogado externo, y asumir el costo de sus honorarios.

También se ordenó, pagar una compensación y ofrecer una disculpa pública a V2 y V3, en la cual reconozcan las violaciones, su responsabilidad y el compromiso de reparar el daño de manera integral; así como instruir el inicio de investigaciones internas, diligentes, imparciales y exhaustivas, con la finalidad de determinar la responsabilidad administrativa individual de quienes incurrieron en las violaciones acreditadas y, si de los resultados se advierten conductas sancionables por la ley penal, dar vista a la autoridad competente.

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Comisión no paga compensación a víctimas del delito

En diciembre del año pasado se emitió la recomendación 74/2019, el documento oficial pedía a la CEEAIV a compensar y pagar el daño a familias de personas desaparecidas durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

En 2018 se emitió la recomendación 7/2018, en el documento se reconoció la afectación a familias de 39 personas que desaparecieron en un periodo comprendido entre el 02 de abril de 2010 al 06 de octubre de 2016.

En ese caso se involucró a la Fiscalía y a la CEEAIV con el objetivo de reparar el daño y compensar económicamente la afectación a las familias de las personas desaparecidas por particulares y por elementos de seguridad pública, e incorporarlas al Registro Estatal de Víctimas.

En junio del 2018, se pidió al área dependiente de la Segob, pagar la compensación a las familias, pero se argumentó que no se contaba con fondos para atender la recomendación; y tampoco pidieron apoyo a la Comisión Ejecutiva Nacional, que estaba en posibilidad de brindar el apoyo económico.

Por lo que en diciembre de 2019 se pidió a la CEEAIV cumplir con la compensación económica a la brevedad.

 

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Las deficiencias de la Comisión

La activista Anais Palacios, recordó que fue hasta el año 2019 cuando se asignó un presupuesto a la Comisión para poder crear el Fondo para la Reparación del Daño a Víctimas del Delito, que establece la ley vigente.

Reconoció que a la propia comisión se le han dado más tareas de las atribuciones legales y la atención de las víctimas no está regulada, pues en el pasado se atendió a contadas familias bajo el criterio de los funcionarios en turno.

A la fecha, aunque ya se cuenta con los fondos para pagar, compensar y reparar el daño, no se ha explicado a las familias el trámite y los procesos administrativos que se deben seguir para atender las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, “el proceso es tardado (…) están rebasados”.

Ejemplificó que la simple solicitud para incluir a familias al Registro Estatal de Víctimas lleva al menos un mes; en el caso de la compensación las personas deben ser evaluadas por psicólogos para así tasar el monto del recurso que se debe otorgar por compensar la violación de derechos humanos.

La activista mencionó que se debe poner atención hacía las autoridades que reciben el mayor número de violaciones a derechos humanos, pues existe una práctica sistemática, y por otro lado se obliga a la CEEAIV a cubrir el pago de actos cometidos por terceros.

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