Xalapa, Ver.- El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) actualizó su padrón de proveedores de despachos externos y prestadores de servicios profesionales de auditoría, vigente al 31 de diciembre de 2020.

Sin embargo, el padrón incluye por igual a empresas señaladas de corrupción, e incluso prestadores indiciados de delitos relacionados con el servicio público. A pesar de dicho antecedente, el ente con Delia González Cobos a cargo, les dio luz verde para participar en el concurso de contratos de auditoría.

En un listado autorizado avala la proveeduría de 51 personas morales y 17 físicas para la auditoría financiera presupuestal; así como 12 personas morales y 30 físicas para realizar la auditoría técnica a la obra pública.

El caso más evidente apunta al ex presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (CPC-SEA) y ex aspirante a auditor general del Orfis, Sergio Vázquez Jiménez, representante legal del despacho "Contadores y abogados corporativos S.C.".

La empresa, con registro en el Orfis RAF-2-2020-15, ganó contratos de servicios de auditoría, asesoría, administración fiscal, entre otros, de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento en 2015, sin embargo, presentó un domicilio fiscal ubicado en un lote baldío, en la calle Estribo 108-Bis, del fraccionamiento Hípico de Boca del Río.

De hecho, el organismo administrador de agua potable, durante la gestión del ex alcalde de Xalapa Américo Zúñiga Martínez, le concedió 16 contratos a Sergio Vázquez por un monto de 18 millones de pesos no solo para el despacho ya citado, sino para Consultoría Corporativa del Golfo, representada legalmente por María Eugenia Vázquez Jiménez, en un supuesto vínculo familiar con el ex presidente del CPC.

Además, se contrató a Corporativo Caremm S.A. de C.V., representada por la arquitecta Adela Cecilia del Carmen García Alfonso, y cuyo despacho recibió el visto bueno de la notaria 25 de Xalapa, Dulce María Ríos Guerrero, para realizar plenas facultades de suscribir instrumentos jurídicos.

La fedataria en cuestión es hija del ex gobernador Flavino Ríos Alvarado; y a la postre dio igual validez a Consultoría Corporativa del Golfo de María Eugenia Vázquez.

Cabe destacar que el ayuntamiento de Hipólito Rodríguez Herrero procedió con denuncias contra los despachos de Sergio Vázquez Jiménez, dado que de acuerdo con la contraloría interna de la Comisión de Agua, no existe evidencia de que los citados proveedores hayan cumplido con los servicios contratados.

Tampoco se detectó evidencia del cumplimiento del contrato del despacho "BC Contadores Públicos y Consultores S.C." de Heber Johanan Balán Cáceres. Contra dicha empresa, incluso el ayuntamiento de Cuernavaca promovió denuncia por fraude específico y fraude procesal.

Cabe destacar que tan sólo Sergio Vázquez, y su empresa que legalmente representa, ganó seis contratos por 5.5 millones de pesos.

De la querella, formulada en agosto de 2018, no existen avances por parte de la Fiscalía General del Estado, incluso el propio Sergio Vázquez, el 4 de junio de 2019, admitió no haber sido citado a declarar por la denuncia. 

"Hasta este momento no hay requerimiento de ningún tipo de la Comisión de Agua, ni del Ayuntamiento, de ningún órgano jurisdiccional (...) no he sido notificado de ninguna denuncia" indicó.

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PASARELA DE INFLUENCIAS

El listado de proveedores al servicio del Orfis incluyen no sólo personajes de la vida política veracruzana, sino además ex servidores públicos e incluso, familiares de líderes sindicales a dirigentes de partidos políticos.

Es el caso del despacho Aguilar de la Llave y Asociados S.C. con domicilio en Córdoba, con la representación legal del ex Secretario de Finanzas y Planeación, en tiempos del gobernador Miguel Alemán Velazco, Juan Felipe Aguilar de la Llave.

Nieto del general Cándido Aguilar y padre del ex Secretario del Trabajo y ex diputado federal Marco Antonio Aguilar Yunes, Juan Felipe Aguilar empleó de marzo a mayo de 2018 a Fernando Sánchez Viveros como auditor de su despacho.

Sánchez Viveros posteriormente ingresó a la Secretaría de Finanzas y Planeación como jefe de Control de Personal de la dependencia del 1 de diciembre de 2018 al 15 de febrero de 2019, para actualmente desempeñarse como titular de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa) de Veracruz.

Otro de los proveedores principales del Orfis es José María Levet Rivera, hijo del secretario general de la Federación de Sindicatos y Asociaciones del Personal Académico de la Universidad Veracruzana (FESAPAUV) Enrique Levet Gorozpe.

Levet Rivera cuenta con el registro de proveedor RAT-1-2020-017, como auditor técnico a la obra pública, aunque despachos vinculados a él ganaron contratos de obra pública durante la administración de Javier Duarte.

En 2013, con Francisco Valencia García como Secretario de Comunicaciones, la empresa de José María Levet obtuvo un contrato de 8.9 millones de pesos por la construcción de un camino rural de tres kilómetros en el municipio de Platón Sánchez.

La obra finalizó el 14 de noviembre de 2013, tres meses antes, el 29 de agosto, José María Levet recibía en su fiesta de bodas al senador José Francisco Yunes Zorrilla, el entonces subsecretario Marlon Ramírez y el ex rector Raúl Arias Lovillo.

A la vez, Ignacio Levet Gorozpe, hermano de Enrique Levet Gorozpe, igual sobresale en el padrón de proveedores del Orfis como el responsable de firmar dictámenes del despacho "Levet y Asociados S.C." cuyo representante legal es Salvador Levet Remes.

A la empresa se le acusa de recibir el beneficio recibir contratos por el servicio de auditorías por influencia de la Comisión Permanente de Vigilancia de la pasada 64 Legislatura, en ese entonces, presidida por el diputado local Juan Manuel de Unanue Abascal.

Al legislador por el distrito de Boca del Río se le asocia de "vender impunidad", por medio de la consultoría, a alcaldes con observaciones en las revisiones de cuentas públicas.

En este caso, la Comisión Permanente contrató a Levet y Asociados para realizar revisiones a las cuentas públicas 2016 del municipio de Ixmatlahuacan.

Sin embargo, dicho colegiado del Congreso igual reclutó a la empresa Asesoría a la Obra Pública y Auditoría, vinculada al primo de Salvador Levet,  Sergio Daniel Remes Álvarez, para aplicar revisiones.

Ambos despachos recibieron el encargo del Congreso para aplicar revisiones a las cuentas públicas 2016 de Atoyac, Chacaltianguis, Chinampa de Gorostiza, Chontla, Coscomatepec, Jamapa, Lerdo de Tejada, Medellín, Oluta, Otatitlán, Sayula de Alemán, Tamalín, Tepetzintla y Zaragoza.

Otro de los proveedores incluidos en el padrón del Orfis es "Velasco Ramírez y Compañía Consultores S.C." de Luis Javier Velasco Ramírez, actual presidente del Colegio de Contadores Públicos de Xalapa.

Por aplicar auditorías al Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario, Velasco Ramírez ganó un contrato de 2 millones de pesos durante el ejercicio de Miguel Ángel Yunes Linares, en cuya gestión contrataron 81 despachos contables para auditorías.

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MIRAR A OTRO LADO

La relación de proveedores del Orfis incluye además a revisores con la encomienda de indagar las cuentas del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, pero con resultados deficientes, sin detectar daño patrimonial, o simplemente favorecidos por un vínculo con el anterior auditor Lorenzo Antonio Portilla Vázquez.

Es el caso de la empresa "Barreda Vázquez y Asociados S.C.", de Ricardo Barreda Vázquez, contratada en 2013 para auditar al gobierno de Veracruz, mismo encargo que se le dio a "Despacho Freyssinier México", siendo representante legal Rafael García Romero, que pasó por alto las irregularidades administrativas de las  dependencias estatales en la anterior administración.

En este caso, durante 2014, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades omitidas por consultores contratados por el Órgano de Fiscalización para revisar la cuenta 2012.

Es el caso de "Despacho Munir Hayek S.C.", representado por Munir Hayek Domínguez, y con registro ante el Orfis RAF-2-2020-023, beneficiada con seis contratos por un millón 13 mil pesos.

Además de un pago por 48 mil pesos al despacho "Calderón Auditores y Consultores S.C.", con registro de Orfis RAF-2-2020-007, contratado para revisar las cuentas 2012.

En el caso de "Consultores y Servicios Hernández Flores, S.C." con registro de proveedor de Orfis RAF-2-2020-013, la empresa señaló cuatro observaciones no solventadas en el proceso de auditoría a la Comisión de Agua del Estado de Veracruz al ejercicio 2015.

De igual forma, "Despacho Integral de Contadores Asociados S.C.", registro RAF-2-2020-021; detectó inconsistencias en las finanzas del ente operador y además, consigue contratos en otras entidades.

Es el caso de Puebla, en donde la empresa representada por Adán Espinosa Ugarte, de Ciudad de México, ganó un contrato del Congreso de Puebla por 650 mil pesos, IVA incluido. 

Otra empresa inscrita en el padrón del Orfis, con registro RAF-2-2020-034, es "México Global Alliance Gutiérrez de Velasco y Asociados" cuyo representante es Miguel Ángel Gutiérrez de Velasco Hoyos, hermano del ex alcalde de Veracruz y diputado local en la 63 Legislatura, José Ramón Gutiérrez de Velasco.

A pesar del conflicto de intereses al formar parte de un proveedor del ente, Miguel Ángel Gutiérrez se inscribió en la contienda por el cargo de auditor general, mismo que no alcanzó la fase final.

Con número de registro RAF-1-2020-1, el contador Antolín Pérez Rodríguez consiguió su refrendo en el padrón, aunque se le vincula como el principal auditor de las empresas propiedad de Edel Humberto Álvarez Peña, ex presidente del Poder Judicial del Estado.

Mientras "Resa y Asociados S.C", con registro  RAF-2-2020-41, de Jorge Alberto Rosa Monroy, consiguió no solo contratos en el Orfis, sino en la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), y descartó desvío de recursos para el extinto club de futbol Lobos BUAP.

En cuanto a Georgina Duval Polanco, con registro RAF-1-2020-006, se le acusó de "maquillar las cuentas" del entonces alcalde Arnel Cid de León, en Fortín. 

Mientras Sara Yolanda Acevedo Morales, con registro RAF-1-2020-025, igual se le acusa de "maquillar cifras" de la administración de Cuichapa entre 2008 y 2010, con el presidente municipal Carlos Eduardo Sotelo Lezama.
Divigase S.A. de C.V., de José Donato García Virues, con registro RAT-2-2020-007, es incluida en el padrón aun cuando recibió contratos por adjudicacion directa del entonces delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) Agustín Basilio de la Vega.

Incluso, un miembro afiliado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mateo Rosas Huerta, de Maltrata, consiguió entrar al padrón con l número RAT-1-2020-022; mientras Rodolfo Vásquez Ortega, con registro RAT-1-2020-026 de Xalapa, es secretario encargado de Deportes del Comité Directivo Estatal del PRI de Oaxaca.

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REPARACIÓN A MEDIAS

Con el inicio de una nueva legislatura, el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la 65 Legislatura Juan Javier Gómez Cazarín denunció una afinidad entre despachos contratados, diputados locales y el Orfis.

De hecho, señaló al Orfis de servir de "caja de trabajo" para los legisladores.

En septiembre de 2019, Gómez Cazarín ofreció "estar al pendiente de que se hagan las cosas bien" y sancionar a aquellas personas con actuaciones en contra de las finanzas veracruzanas.

"No vamos a estar permitiendo que en el Estado se siga fomentando la corrupción" aseguró.

Cabe destacar que el padrón del Orfis contenderá en 2020 por al menos 15.5 millones de pesos en contrataciones.

La auditora general del Orfis, Delia González, dio como un hecho el pago del ente a los contratistas, aunque al momento no se publica la lista de los ganadores de la citada convocatoria.  

"Es un poco más de 15 millones de pesos, ese fue el gasto que se hizo para contratar 54 despachos; fueron asignados 80 contratos para auditoría financiera y de obra pública", concluyó.