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Alcaldes en la mira del Congreso local

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Isabel Ortega  |
 Sábado, Febrero 1, 2020

Este mes, se pidió juicios e intervenciones de las arcas municipales de Jamapa, Minatitlán y Xalapa, aunados a los de Coatza e Ixtac

Xalapa, Ver. -  Alcaldes de todas las filiaciones partidistas tienen problemas administrativos, algunos ya cuentan con denuncias penales, por lo que al Congreso local han llegado solicitudes de intervención de la tesorería y hasta de juicio de procedencia contra los integrantes de los cabildos de Jamapa, Coatzacoalcos, Actopan, Minatitlán, Ixtaczoquitlán, Xalapa.

En el discurso Morena afirma que no hay cacería de brujas contra los presidentes municipales de oposición, sin embargo, los casos relacionados con alcaldes de sus mismas siglas partidistas siguen pendientes en comisiones, en tanto se ha dado celeridad a las denuncias mediáticas y penales contra los de oposición tal es el caso de Actopan.

Al alcalde José Paulino Domínguez ya se le inició juicio de procedencia, tiene 15 días para acudir al Congreso a conocer del expediente que integró la Fiscalía Anticorrupción, además, la mayoría en el Pleno ordenó la intervención de la tesorería, todo ocurrió en la segunda quincena de enero.

El primer movimiento que puso en riesgo a los Presidentes Municipales y las comunas fue la “suspensión temporal de poderes” en Mixtla de Altamirano, tras la muerte de la alcaldesa Maricela Vallejo Orea.

La medida que votó la mayoría de la Cámara el 09 de julio del 2019 -nombrar un concejo ciudadano- era procedente por las irregularidades administrativas que se detectaron y que llevó a observaciones por daño patrimonial en la Cuenta Pública 2018, pero la acción temporal, que no está contemplada en la ley, generó dudas del actuar de los legisladores.

En el primer mes de este 2020, se pidió juicios e intervenciones de las arcas municipales de Jamapa, Minatitlán y Xalapa; y se mantienen archivados los casos de Coatzacoalcos e Ixtaczoquitlán, en donde hay problemas administrativos y de gobernabilidad.

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Actopan, desvíos y presunto vínculo en homicidio

El alcalde José Paulino Domínguez Sánchez, ha estado en los medios de comunicación por constantes denuncias en su contra. Fue señalado de amenazar al periodista Jorge Celestino Ruiz Vázquez, quien acusó de presuntas irregularidades administrativas al panista.

El 09 de enero, el Congreso local dio entrada a la solicitud de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a cargo de Alfredo Corona Lizárraga, pidió la suspensión y revocación del cargo al presidente municipal y a la Síndica, Lucero Yazmín Palmeros Barradas.

Antes de que se le diera entrada a la petición formal del encargado de despacho de la Fiscalía Anticorrupción, se filtraron audios en los que presuntamente, Domínguez Sánchez habla sobre acuerdos con la Síndica; la tesorera, María Nelly Alarcón y el secretario, Alfredo López Carretón, sobre la entrega de plazas para “aviadores”.

En la comunicación el alcalde instruye a la tesorera para que haga creer al Sindicato de empleados del Ayuntamiento que se analizará la entrega de plazas, aunque admite que no tienen intenciones de hacerlo, pues en otro audio se escucha una supuesta repartición de plazas “fantasma” que eran cobradas por los ediles.

Este caso también involucra al extesorero de Tuxpan, quien también laboró como tesorero de Actopan, Pedro Benítez, en diciembre fue vinculado a proceso por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal en agravio del municipio de Actopan.

El funcionario fue separado del cargo en el municipio de Tuxpan, gobernado por el panista Juan Antonio Aguilar Mancha y, como parte de las medidas cautelares del Juzgado, se le impuso el pago de una garantía económica de 40 mil pesos, aunado a que debe acudir a firmar de manera periódica el cuaderno de control cada 15 días.

El pasado 23 de enero, diputados de Morena, PRI, Verde, PRD y MC validaron la intervención de la tesorería, por lo que auditores de la Secretaría de Fiscalización del Congreso local revisará el manejo financiero.

 

 Jamapa, ¿ingobernable?

Desde el pasado 07 de enero se mantiene tomado el palacio municipal de Jamapa, administrado por Florisel Ríos Delfín. La medida se dio tras el despido de tres empleadas del Ayuntamiento; el Síndico Julio César Sosa Villalvazo y dos de las regidoras del municipio, determinaron clausurar el palacio.

Un día antes de la clausura las empleadas separadas, denunciaron que las malas condiciones laborales se presentan desde que la alcaldesa asumió la responsabilidad. El tema se salió de control cuando comenzaron a ser hostigadas para firmar recibos de nómina que no correspondían a sus puestos de trabajo, al negarse fueron amenazadas y despedidas.

En la guerra de declaraciones, Ríos Delfín afirmó que la clausura del Palacio Municipal no fue realizada por un grupo de ciudadanos, sino por el síndico único Julio César Sosa Villalvazo, a quien acusó de generar condiciones adversas desde el inicio de la administración.

El pasado 16 de enero el Congreso local dio entrada a la solicitud de juicio político en contra de Julio César Sosa Villalvazo y Selene González Morales, síndico único y regidora segunda del Ayuntamiento de Jamapa.

A través de la correspondencia se leyó la petición hecha por la alcaldesa de dicho municipio, Florisel Ríos Delfín, quien se presentó ante el Congreso local para pedir la intervención de los legisladores, tras la toma del palacio

El martes 28 de enero, el síndico Julio César Sosa Villalbazo y la regidora Selene González Morales, formalizaron la solicitud para que el Congreso local intervenga la tesorería municipal.

Hay que recordar que en 2019, la comisión de Vigilancia autorizó una auditoría a la tesorería municipal, por lo que de proceder la petición sería el segundo año consecutivo que se da la revisión adicional al proceso de fiscalización anual.

 

Alcalde y síndica de Morena se pelean por el poder en Coatza

En el caso del municipio de Coatzacoalcos, desde el 27 de septiembre del 2019, se dé dio entrada a la solicitud de juicio político contra la Síndica Yazmín Martínez Irigoyen, sin que a la fecha se haya dado trámite a la petición del alcalde Víctor Carranza.

La primera solicitud se formuló meses antes, pero el entonces Presidente de la Mesa Directiva, José Manuel Pozos Castro, intervino para mediar ante las diferencias entre los dos militantes de Morena, pero su esfuerzo no logró el objetivo y el alcalde presentó una segunda solicitud que se turnó a la comisión de Gobernación.

Los ediles se acusan mutuamente de irregularidades en el manejo de los más de mil millones de pesos que se administran anualmente. Martínez Irigoyen lo atribuye a la exigencia de transparentar el manejo de los recursos públicos, pues el alcalde “le ha metido mano al cajón”.

Víctor Carranza la señala de extralimitarse en sus funciones como representante legal y de cometer irregularidades administrativas que afecta la eficiencia y eficacia de la administración municipal.

Las diferencias políticas se agudizaron cuando el alcalde acudió a la Comisión de Honor y Justicia de Morena, al inicio del 2019, denunció que la Síndica incurría en tráfico de influencias, al emplear a su marido en la nómina del Ayuntamiento.

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También en Minatitlán hay problemas

En Minatitlán, la regidora del PRI Damara Gómez Morales solicitó, el pasado jueves 30 de enero, se intervenga la tesorería municipal y que se auditen las 122 obras que se tuvieron que realizar en el 2019, pues sólo se concluyeron 25.

Previo a la sesión en la que se dio entrada a la solicitud, la priista ofreció conferencia de prensa, planteó que 82 obras fueron adjudicadas a los amigos del alcalde Nicolás Reyes Álvarez, mientras que el resto fue a invitación a por lo menos tres constructores, como lo marca la ley.

“Se pasan la ley por el arco del triunfo y en nuestro partido nos enseñaron a respetar las leyes, a cumplirlas cabalmente y por eso, en función de eso, hoy asistiré al Congreso del Estado a solicitar la intervención de la Tesorería Municipal, por los malos manejos de los recursos públicos”, acusó ante medios de la capital del Estado.

Incluyen a Hipólito Rodríguez

En la sesión del pasado 30 de enero, se dio entrada a la petición de intervenir la Tesorería de la capital del Estado, el coordinador de la bancada panista en el Congreso local, Omar Miranda Romero, pidió revisar el trabajo del morenista Hipólito Rodríguez Herrero.

La solicitud se fundamentó en el constante subejercicio en que ha incurrido la administración del alcalde de Xalapa, que reintegró a la federación más de 19 millones de pesos en 2018 y 2019, dinero que no se aplicó.

La devolución de fondos demuestra una total falta de capacidad del Gobierno local, acusó el panista quien admitió que será difícil que la mayoría de diputados locales de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) validen la intervención de las arcas municipales por las que han pasado al menos tres tesoreros.

Desaparición de personas alerta a población de Ixtaczoquitlán

Tras la desaparición de comerciantes del municipio de Ixtaczoquitlán, en octubre del 2019, el alcalde Miguel Ángel Castelán Crivelli, entró en el foco de atención de los medios y los colectivos, pues tardó varios días en fijar u a postura, entorno a las acciones que se atribuían a los policías a su cargo.

El malestar ciudadano, y la investigación que confirmó que los comerciantes fueron detenidos antes de desaparecer, el diputado local, Augusto Nahúm Álvarez Pellico, no descartó la posibilidad de suspender poderes en la demarcación.

En noviembre del año pasado, planteó que era necesario conocer la resolución del caso, para tomar acciones, y es que los policías municipales fueron detenidos acusados de desaparecer a comerciantes de Ciudad Mendoza.

El 11 de noviembre se informó que Seguridad Pública se haría cargo de la seguridad de Ixtaczoquitlán, tras la desaparición del comandante y la detención de dos policías, además de la renuncia de 15 elementos municipales.

Hay que recordar que los casos, de al menos 15 personas desaparecidas en dicho municipio han generado la movilización de familiares, que pedían la intervención del Gobierno, puesto que los policías municipales son los principales señalados.

Castelán Crivelli no atendió a las familias, por lo que habitantes inconformes tomaron calles para presionar al Gobierno del Estado, el Gobernador Cuitláhuac García rehuyó a los manifestantes.

La polémica por el tema obligó la interlocución de Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del Gobierno Federal.

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