Xalapa, Ver.- Mujeres de todo el país se unieron en el Día del Amor y la Amistad a un llamado colectivo: exigir justicia por el asesinato de la joven de 25 años Ingrid Escamilla, ocurrido el pasado 9 de febrero en manos de su pareja. 

"Todas por Ingrid", es también un llamado a las autoridades para tomar represalias contra los culpables de que las fotos del cuerpo violentado con un cuchillo fueran filtradas a medios y después viralizadas. 

Hace un año exactamente, 14 de febrero, sucedió algo similar en Veracruz; Susana Carrera fue asesinada en Coatzacoalcos tras siete días de secuestro; las fotografías de su cuerpo decapitado, atado de pies y manos, sobre un charco de sangre en la morgue, fueron difundidas por autoridades, y a pesar de investigaciones por parte de la Fiscalía, el caso quedó en el olvido, sin represalias ni seguimiento.

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Caso Susana Carrera

A principios de febrero de 2019, Susana recogería a uno de sus hijos en Coatzacoalcos, cuando fue secuestrada.

En videos de seguridad privada, fue capturado el momento en que la empresaria descendió de su auto, tocó el timbre y durante 15 segundos esperó a que alguien le abriera la puerta. En ese lugar un segundo vehículo se estacionó y de él bajó un hombre que tomó la tomó del cuello y después la privó de su libertad.

La empresaria Susana Carrera fue asesinada luego de estar secuestrada una semana; sus plagiarios pedían más de 4 millones de pesos por su rescate.

Su cuerpo fue localizado en la vía pública el 14 de febrero de 2019. Estaba dentro de una bolsa negra y tenía un mensaje que advertía que su muerte era porque no habían pagado el dinero solicitado para su liberación.

Horas después se filtraron fotografías del cadáver de Carrera Ascencio en una plancha del Servicio Médico Forense (SEMEFO), presuntamente por personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Quien en vida era esposa, trabajadora y madre de dos hijos, se mostraba en las tres imágenes decapitada sobre la plancha y maniatada de pies y manos. Medios de comunicación regionales las replicaron, y pronto se volvieron virales.

Namiko Matzumoto Benítez, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) confirmó que fue iniciada la queja de oficio DAV/0265/2019 dirigida a la Fiscalía de Veracruz para que investigara la filtración, y diera con los responsables.

El 18 de febrero de 2019, Jorge Winckler Ortiz, entonces Fiscal de Veracruz, aseguró que la dependencia a su cargo no toleraría actos ilegales de sus trabajadores y prometió castigo para quienes filtraron las fotografías.

Se inició una carpeta de investigación y un expediente administrativo contra tres funcionarios. Uno de ellos fue María Isabel Hernández Cruz, entonces fiscal regional de la zona sur Coatzacoalcos, que en 2012 fue señalada penalmente de formar parte de una “nómina” financiada por Los Zetas.

Pese a su calidad de investigada, Hernández Cruz nunca fue suspendida y solo fue rotada de puesto en al menos dos ocasiones.

La actual administración no ha dado señal de seguimiento al caso para dar con los responsables, y el caso quedó en el olvido.

Para la periodista Lydiette Carrión, especializada en coberturas con perspectiva de género, la filtración de este tipo de fotografías es responsabilidad de la Fiscalía, pero también de los medios de comunicación, pues es un contenido "que vende".

Las consecuencias, opina Carrión, es que causan un daño social, "van desensibilizando, porque al momento de mostrar una foto así, en lo simbólico la persona que fue asesinada, ya no es persona."

La activista María Antonia Pérez Sosa, Coordinadora de la Organización de Mujeres Revolucionarias de México, opinó que el dolor además de ser para los familiares, también lo es para las mujeres que se encuentran en lucha, pues indigna ese tipo de atropellamientos a la dignidad de la víctima y su persona.

"Con tal de vender los medios hacen cosas que lesionan los derechos, tanto de las víctimas como sus familiares."

Una de sus soluciones es que se apliquen "sanciones verdaderamente fuertes" directamente a los medios de comunicación, más que a los periodistas, pues el medio es el que decide si se publica o no el contenido. Una multa, opina, no es suficiente para evitar que continúe la práctica.

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Feminicidios Veracruz

El caso de Ingrid Escamilla es solamente la punta del iceberg del problema de feminicidios que aqueja al país, y especialmente a Veracruz. 

El estado ocupó el primer lugar nacional en feminicidios tipificados, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Seguridad Pública (SESNSP). Lo anterior indica que, 157 mujeres fueron asesinadas en Veracruz, por su condición de género, entre enero y diciembre del 2019.

Febrero del 2020 inició trágico; entre los días 04 y 10, siete mujeres fueron asesinadas a balazos, incineradas e incluso expuestas semidesnudas en la vía pública, en distintas zonas en la periferia de Xalapa y en la región de Los Tuxtlas. Esto quiere decir, que en promedio, una mujer fue asesinada por día en los primeros días del mes.

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Protesta Xalapa

Pancartas, gritos, y fotografías de chicas ocupan hoy la Plaza Regina de Xalapa. La atmósfera gris y fría de la ciudad va acorde a la cara de las mujeres que se unieron a la protesta nacional "Todas por Ingrid". Todas, por las mujeres asesinadas en el país; todas, por la pronta acción de las autoridades para atender el problema; todas, por el castigo a las autoridades y medios que viralizaron los cuerpos violentados; todas, porque no haya ni un víctima más de violencia.