Xalapa, Ver. - Por cámaras de videovigilancia adquiridas, pero "no localizadas" durante la administración anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un posible daño a la hacienda federal por 350 millones de pesos, el total de la partida federal que se otorgó para cámaras de vigilancia en Veracruz.

Lo anterior, luego de que el Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares invirtió la citada cantidad en el Sistema Estatal de Videovigilancia, el cual, reportó deficiencias e inconsistencias desde su instalación al contratar a la empresa Comtelsat.

"El concepto de irregularidad asociado con un posible daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal se vinculó con la adquisición de bienes no localizados durante la verificación física realizada en la auditoría por 349.8 millones de pesos, que significó el 100 por ciento de los recursos observados", sostiene el reporte de la ASF.

Con lo anterior, el ente fiscalizador revela la existencia de un probable daño patrimonial de mil 897 millones de pesos en general durante el ejercicio 2018, el último del bienio del panista.

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"En conclusión, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los recursos del programa, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y de sus objetivos y metas".

De esta manera, la administración de Yunes Linares violentó la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado y de las Políticas y Lineamientos para el ejercicio de los Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la SSP en Veracruz.

Esto, al ejecutar pagos, pero sin identificar los bienes comprados y sin incorporarlos al inventario, ni acreditar el funcionamiento de estos ni constatar la entrega formal.

Cabe destacar que la segunda revisión a la Cuenta Pública 2018 advierte de la existencia de un posible daño en la Secretaría de Seguridad Pública.

Esto, debido a las observaciones que suman mil 051 millones de pesos, principalmente por la nula instalación del Sistema Estatal de Videovigilancia.

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