Xalapa, Ver.- La Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Hugo Gutiérrez Maldonado, se negó a aceptar dos recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en la que se observa el trabajo de la Fuerza Civil, durante el periodo del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.

En lo que va del 2020 la Comisión ha emitido un total de 35 recomendaciones por la violación de derechos humanos, de ese universo seis van dirigidas a personal de la Secretaría de Seguridad Pública.

Las dos primeras que se notificó al actual titular no las aceptó, y en los otros cuatro casos el organismo no gubernamental está a la espera de una respuesta de la autoridad estatal.

Los hechos denunciados, que derivaron en la recomendación 04 y 05/2020 se dieron en los años 2017 y 2018, es decir, los elementos estaban al mando de Jaime Téllez Marié, exsecretario de Seguridad Pública, quien reconoció ante diputados locales que tenía como informante a Guadalupe Hernández, alias la Jefa, prima hermana de la actual encargada de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns.

La 04/2020, esta vinculada con el allanamiento de morada, detención ilegal y privación de la libertad de un civil en el municipio de Medellín, después de una pelea con un tercero. Los hechos se registraron el 18 de junio del 2018.

La queja la interpuso el hermano de la víctima,  señala que los elementos ingresaron de manera ilegal a la casa de su familiar, se lo llevaron sin contar con orden de aprehensión y lo retuvieron de manera ilegal en la delegación de la Fuerza Civil.

La CEDH logró acreditar las violaciones a los derechos del afectado y encontró pruebas de que los elementos de la SSP incurrieron en tortura.

La recomendación que Hugo Gutiérrez Maldonado se negó aceptar le pedía reconocer a la víctima, dar una compensación por la violación a sus derechos; y sancionar a los elementos responsables al tiempo que tendría que dar vista a la Fiscalía General del Estado.

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La recomendación 05/2020, involucra a elementos de la policía municipal de Papantla y la Fuerza Civil, tras la detención de dos estudiantes que se trasladaban a bordo de una motocicleta el 07 de enero del 2017.

Elementos de la policía municipal a bordo de la unidad 51, marcó el alto a los jóvenes que portaban uniformes, al momento de hacer la revisión de sus documentos llegaron elementos de la Fuerza Civil.

Los policías golpearon a los menores de edad con el argumento que eran halcones y desertores de la delincuencia organizada. Al ser detenidos no les permitieron comunicarse con sus familiares.

Al presentarse la esposa de uno de los dos jóvenes los acusaron de trabajar para la delincuencia organizada y exigieron el pago de mil 500 pesos por cada detenido para dejarlos en libertad, a pesar de que fueron señalados de delincuencia organizada. Además, les cobraron 665 pesos por liberar la motocicleta que fue entregada en resguardo a la delegación de tránsito.

En ese caso se pidió a Gutiérrez Maldonado, iniciar el procedimiento administrativo correspondiente, en contra de los elementos policiales involucrados en el presente caso, por haber incurrido en la violación a derechos humanos.

Debía ofrecer y gestionar en coordinación con el H. Ayuntamiento de Papantla, Veracruz, la atención psicológica a MV1 y MV2. Se implementen o, en su caso, realizar las acciones y protocolos necesarios para la observancia de estándares internacionales cuando menores de edad se encuentren bajo su custodia.

Se capacite y profesionalice eficientemente a los servidores públicos involucrados en materia de promoción, defensa, garantía y respeto de los derechos humanos, y pidió devolver la multa para liberar la motocicleta en la que se transportaban las víctimas el día de los hechos, pero el funcionario del gobierno de Morena se negó a acatar la recomendación.

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