Xalapa, Ver. - El encargado de Fiscalía Anticorrupción, Alfredo Corona Lizárraga, no presentó documentos para participar en la convocatoria del Congreso para renovar al titular de este órgano.

Aunque el registro se ha manejado con hermetismo, trascendió que entre los aspirantes se encuentra Ailett García, directora General Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y Sergio Abel Verdejo Muñoz, encargado de la Fiscalía Regional Zona Centro-Xalapa.

El pasado 11 de octubre de 2019 Corona Lizárraga fue designado en la fiscalía especializada después de que el titular, Marcos Even Torres Zamudio, se ausentó por más de 30 días de su puesto de trabajo.

Corona Lizárraga había se desempeñaba como secretario técnico de la Secretaria General del Congreso.

Entre las acciones que ha implementado durante los meses que ha estado como encargado de la Fiscalía Anticorrupción destaca la detención de la excomisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Yolli García Álvarez, quien ya fue vinculada a proceso.

También pidió aplicar procedimiento de declaración de procedencia en contra del exdiputado, Erick Iván Aguilar López por “robarse un cadáver”, así como la revocación de mandato al exalcalde de Actopan, Paulino Domínguez y la exsíndica Jazmín “N”, quien está vinculada a proceso junto con el excontralor municipal, Víctor Hugo “N”.

La Fiscalía Especializada Anticorrupción también ha citado jueces con Corona Lizárraga al frente, quienes incluso tramitaron amparos para no comparecer ante el organismo autónomo.

Tal es el caso de la juez Ludivina García Rosas, quien obtuvo una suspensión provisional contra “actos privativos de la libertad” tras ser citada por la fiscalía especializada, pagando una garantía de 4 mil 500 pesos.

Una de las primeras acciones fue el proceso que abrió en contra de Jaime “N”, hijo de Jaime Téllez Marié, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el gobierno de Miguel Ángel Yunes; así como de Joao “N” por ejercicio indebido del servicio público en la fiscalía anticorrupción.