Xalapa, Ver.- Partidos políticos de oposición integraron un frente común contra la reforma electoral que votó la 65 Legislatura en el mes de mayo. Representante del PRI, PRD, PAN, Podemos y Todos por Veracruz presentaron acciones de inconstitucionalidad a los más recientes cambios a la carta magna estatal.

El líder estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Gil Rullán, anunció que también se sumarían al bloque, para que se revisen los cambios legales que impactan en la organización de las elecciones.

Un tema común en las controversias de los diferentes partidos políticos fue pedir se revise el proceso legislativo que se siguió en la dictaminación de los cambios, pues la comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, que preside Mónica Robles Barajas, entregó el dictamen minutos antes de la sesión.

Según el reglamento del Poder Legislativo todo documento que es votado en el pleno se debe circular con 48 horas de anticipación, requisito que se incumplió.

Los representantes partidistas pidieron a la Suprema Corte, ordenar al Congreso se elimine el cambio que establece que no podrán ser objeto de consulta popular la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular.

 

 

En ese sentido, pidieron que se obligue a incorporar la  revocación de mandato, y revisar la continuidad del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez

Se busca controvertir la reducción de consejos municipales, pues su desaparición implica el debilitamiento de la estructura operativa del OPLE y pone en riesgo la gobernabilidad y el desarrollo de elecciones pacíficas.

También impugnaron la decisión de Morena de reducir el financiamiento a los partidos políticos, pues se recortó a la mitad. 

Evitaron recurrir a los órganos jurisdiccionales los representantes de los partidos Verde Ecologista, nuevo aliado de Morena, del Trabajo, que compitió en coalición con el partido en el poder; y el de reciente creación Unidad Ciudadana.

En el caso del Cardenista, también de reciente creación a nivel local, no se conoce cuál es su postura respecto de la reforma.

Según los plazos legales el 22 de julio era el último día para presentar la acción, sin embargo, por la contingencia sanitaria se ampliaron los tiempos para recibir controversias por la actuación de autoridades locales.