Xalapa, Ver.- El Poder Judicial de la Federación someterá a revisión el trabajo de diputados locales de la LXV Legislatura de Veracruz y de magistrados del Poder Judicial del Estado por su probable responsabilidad en violaciones al artículo 262 de la Ley de Amparo.

Lo anterior debido a las impugnaciones que realizaron 3 magistrados, dos de ellos orillados al retiro forzoso, aunque contaban con amparos y suspensiones para permanecer en el cargo; y una tercera a quien le fue negada su ratificación, aunque obtuvo una suspensión provisional para que se analizara la posibilidad de extender su periodo como lo permite la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Se trata de los ahora magistrados en retiro Marco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes Romero, así como la exmagistrada, Gladys de Lourdes Pérez Maldonado, respectivamente, quienes fueron relevados por el Congreso y establecidos en el Tribunal Superior de Justicia, aunque, aseguran, se notificó a los integrantes de ambos poderes de los amparos y suspensiones obtenidos ante la justicia federal. 

Así lo expuso en entrevista la magistrada Concepción Flores Saviaga, quien considera que existe intromisión del Congreso en la autonomía del Poder Judicial, postura que es compartida por su homóloga, Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, lo que se evidenció en la última sesión del pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJE) de este 5 de agosto, en la que Flores Saviaga pidió no integrar a los magistrados al Tribunal ante la existencia de los fallos de instancias federales.

“Los magistrados y diputados tienen que hacer respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen y con esto, pues han violentado las suspensiones de 3 amparos”, planteó la magistrada, quien considera este asunto como “delicado y grave”. 

Por su parte, en posicionamientos ante medios de comunicación la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros señaló que la propia presidenta del TSJE y del Consejo de la Judicatura, Sofía Martínez Huerta, consideró indebido aplicar el retiro forzoso para magistrados por parte del Congreso local, instancia que avaló dicha medida en 2018.

Por esta razón la magistrada acordó que se interpondría una controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia (SCJN) e incluso ella misma aseguró que procedería personalmente por la vía del amparo ante jueces federales. 

A una semana que concluya el plazo para interponer la controversia, Castañeda Palmeros prevé que la presidenta Martínez Huerta incumpla con los acuerdos avalados por el pleno del Tribunal, a lo que está obligada según la Ley Orgánica del Poder Judicial.

CONFLICTO ENTRE PODERES

El pasado 7 de julio el Congreso de Veracruz aprobó un acuerdo mediante el cual se determinó la existencia de 6 vacantes definitivas en magistraturas del Poder Judicial del Estado, tras una notificación que envió la magistrada presidenta, Sofía Martínez en ese sentido.

En dicha sesión ordinaria, el Pleno de la LXV Legislatura declaró disponibles las plazas de Fernando Charleston Salinas, Gladys de Lourdes Pérez Maldonado, Edel Humberto Álvarez Peña y Víctor Manuel César Rincón, pues por determinación del Consejo de la Judicatura no se les ratificaría por un período de 5 años, extensión que pueden solicitar una vez que cumplen 10 años como togados.

La LXV Legislatura también abrió los espacios que estaban ocupados por los magistrados Marco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes Romero, a quienes se les aplicó el retiro anticipado por cumplir 70 años de edad. 

Aunque en 2018 el retiro por edad se aprobó en Veracruz con el argumento de que es un beneficio y no un perjuicio a los Derechos, los magistrados recurrieron a amparos ante jueces federales buscando concluir sus períodos de 10 años; Lezama Moo fue designado en 2014 y Dorantes Romero en 2015; por su parte, la magistrada Pérez Maldonado se amparó buscando su ratificación por 5 años, al concluir su período de 10 años hora, en 2020.

Pérez Maldonado obtuvo una suspensión provisional para que antes de que el Congreso aprobara a su sucesor se determine mediante el juicio de amparo si era procedente su ratificación, mientras que el magistrado Lezama Moo consiguió la suspensión definitiva del acto reclamado, consistente en el retiro forzoso por cumplir 70 años.

Por su parte, el magistrado Dorantes Romero también consiguió un amparo en el juicio 402/2019 del índice del juzgado decimoséptimo de distrito en el Estado contra el retiro forzoso que le aplicaron por rebasar ese límite de edad.

La resolución quedó en firme desde el día 28 de junio del 2020, cuando se desechó un recurso de revisión hecho valer por el área jurídica del Congreso contra la determinación del juez, de ahí que el togado debía ser reinstalado en su plaza.

Pese a lo anterior la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva del Congreso ignoró los fallos de los Juzgados y además de declarar las vacantes continuaron los procesos pare renovar las 6 magistraturas vacantes y en el pleno los diputados locales aprobaron las 6 propuestas que les remitió el gobernador, Cuitláhuac García.

Por su parte, tras los nombramientos la mayoría de los integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, notificados de los amparos y suspensiones de los magistrados salientes, optaron por avalar la llegada de los 6 nuevos togados, por lo que también habrían incurrido en un desacato a las sentencias emitidas por las autoridades jurisdiccionales en las distintas Salas y Ponencias del Poder Judicial, estimó la magistrada Concepción Flores Saviaga.

Los 2 poderes no respetaron el principio de "dejar las cosas en el estado en que estaban", que ordenaban las dos suspensiones a favor de los togados, además de contravenir el amparo que ordenaba reinstalar a Dorantes Romero.

“En el Congreso les falta asesoría; no interpretaron nunca lo que es una suspensión provisional y menos una definitiva”, criticó la magistrada.

TSJE RECIBE A MAGISTRADOS 

De acuerdo con Flores Saviaga, el pasado 5 de agosto el Pleno del Tribunal también habría violentado los fallos de juzgados federales al aprobar las adscripciones en los cargos ya citados a María Lilia Viveros Ramírez, quien sustituyó a Marco Antonio Lezama Moo; Lizbeth Aurelia Jiménez, en lugar de Roberto Dorantes Romero y Alma Rosa Flores Ceballos, quien relevó a Pérez Maldonado.

En cuanto a las otras 3 propuestas aprobadas por el Congreso al Ejecutivo está Ailett García Cayetano, quien sustituyó al expresidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Edel Álvarez Peña; por su parte, Itzetl Castro Castillo suplió a Fernando Charleston Salinas y Antonio Sobrevilla a Víctor Manuel César Rincón.

La designación se hizo con la oposición de algunos de los diputados del PAN, quienes acusaron nepotismo del Ejecutivo al proponer a Ailett García Cayetano, quien buscó ocupar el cargo de Fiscal Especializada Anticorrupción y ahora recibe “una consolación”, sin embargo, 8 de los 13 integrantes de la fracción del blanquiazul aprobaron las propuestas de García Jiménez, lo que permitió alcanzar la mayoría calificada para aprobar los nombramientos.

Previo a la votación de las adscripciones a los integrantes del Tribunal Superior de Justicia se les informó que algunos magistrados salientes obtuvieron amparos o suspensiones de jueces federales buscando ser ratificados en el cargo por otros 5 años, o para que no se les aplique el retiro forzoso. 

Cabe resaltar que la magistrada Pérez Maldonado y el magistrado Lezama Moo presentaron en tiempo y forma el 5 de agosto de 2020 las notificaciones de la suspensión del acto reclamado ante el Tribunal, sin embargo, el Poder Judicial no dio marcha atrás a las designaciones.

Además, desde enero el Tribunal Superior de Justicia tenía constancia del amparo concedido a Dorantes Romero y pese a ello el pleno también validó la llegada de su relevo.

ACUERDAN CONTROVERSIA CONTRA RETIROS

El proceso de declaración de magistraturas vacantes, y ante una "intromisión" del Poder Legislativo al Judicial, el Pleno del Tribunal acordó en sesión con fecha 13 de julio promover una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Esto retomando un acuerdo del 14 de enero de 2020, cuando los togados determinaron que no se debía aplicar el retiro forzoso a quienes cumplieran 70 años, señalando que el acuerdo del Congreso para declarar magistraturas vacantes implica una probable invasión de esferas de competencia del Legislativo al Judicial.

Por lo anterior, con fecha 5 de agosto de 2020 y ante el Pleno del Tribunal la magistrada presidenta Sofía Martínez Huerta propuso formular juicio de amparo personal contra el acuerdo del Congreso por el cual resolvió la vacancia de magistraturas

Además, los integrantes determinaron que se promovería una controversia constitucional contra dicho resolutivo de la Legislatura; el plazo para interponer el recurso vence en la segunda semana de agosto.

La magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros explicó que el acuerdo del 13 de julio es claro y se debe redactar y avalar el documento que se remitirá al máximo tribunal del país, sin embargo, consideran que la presidenta Sofía Martínez Huerta buscará incumplir con el acuerdo del Pleno, pues de forma contradictoria aprobó la llegada de los 6 magistrados avalados por el Congreso

¿QUÉ SE VIOLENTA?

Los Magistrados Gladys de Lourdes Pérez Maldonado como Marco Antonio Lezama Moo promovieron los incidentes de la violación de las suspensiones obtenidas de los juzgados 18 y 17 de Distrito, respectivamente; por su parte, Dorantes Romero también lo hizo ante el juzgado 17.

La magistrada Concepción Flores Saviaga dijo que esto implicaría que el Poder Judicial de la Federación investigue el proceder tanto de los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política, como de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, y los magistrados del Poder Judicial.

Explicó que, en el caso del Congreso del Estado, este habría incurrido en una violación al artículo 262 de la Ley de Amparo, lo que fue secundado por la mayoría de los integrantes del Tribunal.

Dicho artículo establece que cualquier servidor público que "no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra" recibirá una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de 3 a 9 años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos.

En este caso, entre los servidores públicos que pudieron haber incurrido en la violación del 262 destacan los diputados locales que votaron a favor de las propuestas de las Magistradas y el Magistrado presentadas por el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, especialmente la Junta de Coordinación Política presidida por Juan Javier Gómez Cazarín.

Además de Sofía Martínez Huerta, como presidenta del Poder Judicial del Estado y los magistrados Esteban Martínez Vázquez, Julio César Díaz Hernández, Sergio Jiménez Maraboto, Amadeo Flores Villalba y Bertha Inés Chávez Méndez, quienes votaron a favor de las readscripciones y adscripciones.

"NO HABÍA QUE VIOLENTAR LAS SUSPENSIONES"

En la sesión del miércoles 5 de agosto la Magistrada Concepción Flores Saviaga argumentó su voto en contra para no violentar las suspensiones provisionales y definitivas a favor de sus homólogos.

Recordó que en el caso de Dorantes Romero el juez emitió un plazo de 24 horas a las autoridades responsables del Congreso para que rectificaran los errores en que incurrieron al cumplir con la suspensión definitiva, con apercibimiento de que, de no hacerlo, serían denunciados ante el Ministerio Público de la Federación por violar la Ley de Amparo.

Flores Saviaga recordó que Roberto Dorantes Romero cuenta con la concesión del amparo dictada en el juicio 402/2019 del índice del juzgado decimoséptimo de distrito en el Estado contra el retiro forzoso, resolución que causó estado desde el día 28 de junio del 2020.

Concepción Flores enfatizó que se le ha solicitado a la presidenta del Poder Judicial que presente un informe de las notificaciones de juzgados federales que han causado estado en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, sin que su requerimiento sea avalado por el pleno.