Veracruz, Ver.- Dos exdirectores de la Administración Portuaria Integral de Veracruz (Apiver), tres expresidentes municipales y el actual alcalde de la ciudad de Veracruz, son los exfuncionarios a los que alcanzaría la investigación que realiza la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente (PMA) por presunto daño ambiental cometido por el puerto.

Los señalamientos derivan por el mal manejo de los residuos sólidos arrojados en el tiradero a cielo abierto ubicado en la zona norte de la ciudad por al menos 21 empresas transnacionales que operan en el puerto de Veracruz, según información difundida por autoridades ambientales.

El basurero municipal permanece clausurado desde agosto del 2019, en la inspección que se realizó en el sitio se detectó un manejo irregular de los desechos provenientes del puerto, lo que causó el derrame de lixiviados que probablemente contaminaron el ecosistema del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano.

La lista de los exfuncionarios que podrían tener alguna responsabilidad y omisión, de acuerdo con fuentes de la PMA, está integrada por:

Juan Ignacio Fernández Carvajal, exdirector de Apiver (2008-2019)

Fue director de la Administración Portuaria Integral de Veracruz (Apiver) durante 11 años, hasta que en febrero del 2019 fue destituido del cargo para ser relevado como parte de los cambios que implementó en ese entonces el recién llegado Gobierno Federal.

Es originario de la ciudad de Puebla, hermano del empresario José Antonio Fernández, presidente del Consejo de Administración del consorcio FEMSA; fue designado en el cargo en los primeros dos años del expresidente panista Felipe Calderón Hinojosa.

Tras concluir el sexenio del panista, fue ratificado y se mantuvo durante toda la administración del expresidente priista Enrique Peña Nieto, y durante el primer bimestre de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su gestión al frente del puerto de Veracruz le correspondió administrar la obra de ampliación del puerto de Veracruz, que permitió triplicar la capacidad de la terminal portuaria hasta antes de su expansión.

Previo y durante la obra, grupos ambientalistas señalaron actos de daño ambiental en las colonias de arrecifes de corales, que fueron desestimados por un juez federal, luego del proyecto de reubicación y repoblación de ejemplares coralinos financiado por la Apiver.

Su nombre y firma se incluyeron en el documento que otorgó una ampliación de 50 años más al título de concesión para que la Apiver opere el puerto de Veracruz, en la recta final del gobierno de Enrique Peña Nieto, lo que significa una concesión de 100 años.

Miguel Ángel Yáñez Moroy, exdirector de Apiver (2019-2020)

El 24 de enero del 2019, Miguel Ángel Yáñez Monroy asumió formalmente el cargo como director de la Administración Portuaria Integral de Veracruz (Apiver) y se desempeñó hasta el 2 de septiembre del 2020.

La carta de presentación de Yáñez Monroy al asumir el cargo, era una amplia experiencia en el sector marítimo-portuario de México, habiendo laborado en el sector privado y como consultor.

En su currículo se incluyeron los estudios relacionados con la actividad portuaria, cursó estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México en donde se graduó en Ingeniería Civil, así como en la Universidad de Miami, en Estados Unidos, en donde hizo una Maestría en Ingeniería Oceánica, además de contar con estudios especializados de Administración Portuaria en Holanda, Estados Unidos y Canadá.

En casi 19 meses al frente de las operaciones portuaria le tocó encabezar los trabajos finales de la primera etapa de la ampliación del puerto de Veracruz, sin embargo, en el tiempo que estuvo al frente el movimiento de carga que atravesó por las terminales marítimas se mantuvo estancado.

Según el reporte oficial de la Apiver, entre enero y agosto del 2020 se registró un movimiento total de carga de 17 millones 266 mil 603 toneladas, esto es 9.5% menos que en el mismo periodo de 2019, a pesar de la obra de ampliación portuaria.

Aunado a lo anterior, Yáñez Monroy fue acusado por agrupaciones de vecinos de Veracruz por incumplir los acuerdos para mitigar las afectaciones sanitarias y ambientales causadas en fraccionamientos y colonias aledañas al recinto portuario por la dispersión de pet coque y arena, proveniente de las obras portuarias.

Exalcaldes involucrados

De acuerdo con la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente, los presidentes municipales que permitieron el deposito irregular de residuos provenientes del puerto de Veracruz, tendrían responsabilidad de comprobarse el daño ambiental causado por el derrame de lixiviados.

Lo anterior debido a que los ediles fueron los responsables de la operación del relleno sanitario y durante el tiempo que fue utilizado jamás se denunciaron las irregularidades de la empresa concesionaria, por el contrario, se le siguió pagando el servicio con recursos públicos.

El primer involucrado sería el exalcalde Jon Rementería Sempé, presidente municipal entre el 2008 y el 2010. El priista retrasó la clausura del relleno municipal concesionado a la empresa Proactiva, que debía construir un nuevo basurero en el predio de Mata Iguana, en el municipio de La Antigua, para sanear el sitio que se utilizó hasta el año pasado.

Durante su gestión mantuvo el pago mensual a Proactiva y se deslindó del incumplimiento de la empresa para trasladar el relleno sanitario a un sitio donde no causara afectaciones.

La misma situación continuó en los siguientes tres años, ya que durante el gobierno municipal que encabezó la priista Carolina Gudiño Corro se mantuvo el pago a la empresa Proactiva, para continuar con la operación del relleno sanitario que para ese entonces ya se encontraba rebasado

La presidenta municipal argumentó que existía un conflicto derivado de la falta de rentabilidad para la operación del basurero municipal ubicado en el municipio de La Antigua y se deslindó del problema.

En la administración del priista Ramón Poo Gil se mantuvo la misma política de pago a la empresa Proactiva, a pesar del incumplimiento con el manejo inadecuado de los residuos sólidos urbanos.

Fue al final de su administración, que ratificó el título de concesión a favor de la empresa que fue adquirida por la transnacional francesa Veolia, con la condición de trasladar las operaciones del basurero municipal saturado a un predio contiguo, donado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz (Apiver).

Investigación alcanzaría a Yunes Márquez

La investigación alcanzaría al presidente municipal en funciones, pues Fernando Yunes Márquez mantuvo el pago a la empresa concesionaria del basurero, a pesar de las anomalías, de acuerdo con información que exhibió el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).

En la firma de los acuerdos modificatorios del contrato estuvo presente como testigo de honor el entonces presidente municipal electo, Fernando Yunes Márquez, quien luego de fuertes críticas a la situación avaló el nuevo acuerdo.

A petición de la Secretaría de Medio Ambiente y la PMA, el Orfis constató que el Ayuntamiento de Veracruz otorgó más de 31 millones de pesos a la empresa Veolia para operar el relleno sanitario.

El basurero municipal fue clausurado en julio del 2019, luego de que se detectó que en el gobierno estatal pasado existía un apercibimiento porque el relleno sanitario operaba en situación de emergencia ambiental, de acuerdo con un reporte elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente.

Aunque el actual Director de Medio Ambiente y Protección Animal, José Ángel Capetillo Victoriano, afirmó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por el daño ambiental causado por el basurero, según fuentes estatales esta fue presentada hasta que se impuso la clausura y se inició la investigación por las irregularidades que ya eran evidentes.

De momento, la PMA anunció que se iniciaron las investigaciones para dar aviso a la Fiscalía General de la República, con la finalidad de que el caso sea atendido en el ámbito penal para deslindar responsabilidades en contra de quienes resulten responsables.