La denuncia mediática desde la Presidencia de la República sobre el mal manejo de recursos que se destinaron para los Juegos Centroamericanos y del Caribe fue observado en 2014 y 2015 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis). En 2016, la ASF pidió la devolución de 721 mil millones que se gastaron en obras para la justa deportiva y que no se justificaron. 

Durante la conferencia matutina de este 21 de octubre se hizo mención del mal manejo de más de 867 millones de pesos que se gastaron en la construcción de infraestructura deportiva para la justa que se calificó como una “vergüenza” para México, lo anterior se planteó después de que la mayoría de Morena en el Senado votó la desaparición de 109 fideicomisos públicos.

Sin embargo, las denuncias que se hicieron a los medios de comunicación son temas que generaron observaciones por daño patrimonial y ordenó sanciones administrativas contra exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte, incluso, se presentaron denuncias penales para recuperar los recursos desviados.

La historia de los juegos

El gobernador Fidel Herrera anunció -en el 2007- que buscaría que Veracruz se convirtiera en la sede de la edición 22 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En enero del 2019, unos meses antes de concluir su administración, se informó que la entidad sería la responsable de recibir a deportistas de 31 países.

La decisión la validaron 29 delegados de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (Odecabe), misma que se ratificó el 16 de julio de 2010, ya durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, hoy interno del Reclusorio Norte por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.

Para 2009, se ordenó la creación del fideicomiso que hasta el 2014, año de la justa deportiva, manejó mil 877.3 millones de pesos, según los datos que se proporcionaron en la Mañanera. De ese total, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ordenó el reintegro de 721 millones de pesos 

Durante la organización de los juegos fueron constantes las denuncias por irregularidades en la organización y construcción de la infraestructura, incluso, trabajadores pararon las obras por falta de pago. Cien días antes de iniciar el evento deportivo que se desarrolló del 14 al 30 de noviembre del 2014, se informó que no se concluiría la construcción de las villas olímpicas, que se permitirían hospedar a los deportistas y entrenadores.

El entonces gobernador Javier Duarte decidió cancelar el proyecto de Villas Olímpicas –sufragado por Casas Carpín y Constructora Ara– y se anunció que los 7 mil atletas se hospedarían en hoteles de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y en la capital del Estado, Xalapa. 

Se justificó la medida, por el entonces titular de turismo, Harry Grappa, al mencionar que era por “comodidad” y “rendimiento” de los deportistas. La realidad, fue que el estado no tenía capacidad financiera para el equipamiento de las viviendas. El hospedaje en hoteles y moteles costó 140 millones de pesos que se liquidaron en “paguitos”.

Orfis observó el manejo de recursos del comité organizador 

En el 2014, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) emitió un informe especial sobre la Gestión Financiera del Comité Organizador de los Juegos Deportivos Centroamericanos, Panamericanos y del Caribe Veracruz 2014.

Se revisó el manejo de 129 millones de pesos asignados al grupo encargado de organizarla justa deportiva, que derivó en cuatro observaciones y dos recomendaciones por el ejercicio de más de 20 millones de pesos

En la observación FP-039/2015/006 ADM se detectó que al 31 de enero del 2015 se mantenían adeudos o cuentas por depurar por 4 millones 976 mil pesos.

La observación FP-039/2015/007 ADM reportó que el comité tenía cuentas por cobrar por 348 millones 889 mil pesos; y por servicios personales y proveedores tenía que pagar 342 millones 552 mil pesos.

En la recomendación RP-039/2015/001 se pidió extinguir el fideicomiso; la RP-039/2015/002 se pedía realizar el análisis de las cuentas por pagar y conciliar con los proveedores, contratistas o prestadores de servicios para incluirse en el proceso entrega recepción 2011-2016.

El Orfis además destacó que en el manejo de los recursos no se detectó daño patrimonial, pero existían indicios de irregularidades administrativas.

ASF revisó el manejo de mil 100 mdp, pidió la devolución de 721 mdp

En el informe de resultados de la cuenta pública 2014, la Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-1-11L6I-02-0181, revisó los gastos del Fideicomiso de Veracruz creado en 2009. 

Se determinaron 16 observaciones, de las cuales tres fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. Los 13 restantes generaron cinco recomendaciones, dos promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, nueve promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y un pliego de observaciones.

Entre las recomendaciones se observó que se modificaron las reglas de operación del Fideicomiso en tres ocasiones, lo que llevó a la ASF pedir se iniciaran procesos administrativos contra los responsables.

El recurso se manejó por personas, al menos 10 funcionarios, que no acreditaron su designación; además se detectó que firmas de la Vocal Suplente de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Vocal Suplente de la Secretaría de Educación de Veracruz plasmadas en las actas de las sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso de Veracruz.

La Comisión Nacional del Deporte (Conade) envió mil 100 millones de pesos para la infraestructura, en tres exhibiciones los meses de abril, mayo y octubre del 2014, la Sefiplan mantuvo el dinero en una cuenta concentradora y lo remitió al fideicomiso en cuatro pagos fuera de los plazos límites para ello. Eso generó rendimientos por 4.8 millones de pesos que fueron reintegrados a la tesorería federal.

Como parte de la asignación de los contratos por las obras y los servicios se adjudicaron de manera directa al menos 14 contratos por un monto de 711 millones 446 mil pesos. Como no se justificó la asignación de siete contratos se pidió iniciar responsabilidades a los funcionarios del gobierno de Javier Duarte.

De otros 23 contratos y 8 convenios por 783 mil 181 millones de pesos para la adquisición de equipamiento deportivo, uniformes, antorchas y equipo médico y servicios relacionados con eventos protocolarios, transportación terrestre, energía, montaje, cableado, telefonía, seguridad, equipamiento tecnológico y servicios de información, se observaron irregularidades.

De las empresas contratadas ASF observó que cuatro reportaron en su declaración anual de 2014 ingresos menores de los cobrados por la organización de los juegos; dos proveedores carecen de la declaración anual del ejercicio de 2014, por lo que no se pudieron comparar los ingresos obtenidos con los reportados al SAT, seis proveedores realizaron actividades distintas de las reportadas en el RFC.

Más de 70 mmdp fueron observados en el periodo de Javier Duarte

El Informe Especial sobre la Fiscalización y sus Resultados en el periodo 2011-2016, básicamente en el periodo de Javier Duarte de Ochoa, el importe del gasto federalizado en el estado de Veracruz a través de convenios y participaciones ascendió a 576 mil 133 millones de pesos.

La muestra auditada del gasto federalizado en el periodo de la Cuenta Pública de 2011 a 2016 fue de 247 mil 961 millones de pesos, de los recursos federales transferidos al estado de Veracruz.

El monto total observado en ese mismo periodo ascendió a 74 mil 936 millones de pesos, de los cuales 59 mil 61 millones de pesos correspondieron a las recuperaciones determinadas, de ese total solo se reintegraron 9 mil 199 millones de pesos, y los otros 49 mil 862 millones de pesos se consideró probable daño patrimonial.

Se detectó la falta de documentación comprobatoria por 15 mil 682 millones de pesos; transferencia de recursos a otras cuentas bancarias, la llamada licuadora, por 13 mil 670 millones de pesos; retenciones no enteradas a terceros institucionales por un importe de 10 mil 393 millones de pesos; recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos, desvió de recursos, por 9 mil 802 millones de pesos.

También se detectó que en el periodo de Duarte los recursos no fueron entregados a los ejecutores, así como a los municipios por 9 mil 572 millones de pesos; recursos no devengados o no ejercidos por un monto de 8 mil 265 millones de pesos y otras irregularidades por 7 mil 548 millones de pesos.

En ese mundo de observaciones se pidió el reintegro de 721 millones de pesos que se gastaron en la organización de los Juegos Centroamericanos, pero que no se justificaron en tiempo y forma.