Desde el mes de julio de 2020, integrantes del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia (TSJE) advirtieron que los días de Sofía Martínez Huerta, como magistrada presidenta, estaban contados.

El inicio de la caída de Sofía Martínez fue el despido de Mayra Angélica Martínez, secretaria general del Colegiado, quien también es su nuera. Este 23 de octubre concluyó el periodo más corto -10 meses- de la primera presidenta del TSJE

La pugna por el poder político al interior de Morena llevó a repetir una estrategia legaloide, similar a la empleada en la remoción de Jorge Winckler como Fiscal General, opinaron abogados. Ahora tocó turno a Martínez Huerta, quien, según el Pleno del Poder Judicial, incurrió en ausencia del ejercicio de sus funciones, incumpliendo así con su deber legal.

Abogados consultados consideran que la motivación para destituirla resulta una falacia argumentativa y un amparo podría llevar a la reinstalación de Martínez Huerta en la Presidencia del TSJE, quien habría llegado al cargo con el aval de Atanasio García, padre del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

El Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos fue el encargado de cabildear su llegada, y fue, según la propia Martínez Huerta, uno de los responsables del ataque a un poder autónomo, por lo que lo responsabilizó de lo que le pudiera pasar a ella y su familia.

¿Cómo llegó Sofía Martínez Huerta al TSJE?

El nombramiento de Martínez Huerta se dio en octubre del 2019. El gobernador Cuitláhuac García envió un paquete de 13 nombramientos de igual número de magistraturas que estaban vacantes desde el 2017.

Seis semanas después de que se integró al trabajo del Poder Judicial, adscrita a la Sala Civil, Sofía Martínez se convirtió en la primera mujer presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

Su nombramiento generó malestar entre abogados e integrantes del Poder Judicial, quienes criticaron una limitada trayectoria en materia de impartición de justicia que ponía en riesgo el Estado de Derecho.

El TSJE se mantenía como el único poder en el que no tenía injerencia el Ejecutivo o personas afines al gobierno de Morena, sin embargo, el nombramiento de Martínez se tomó como una intromisión. La magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, observó que su llegada fue por “dedazo”.

La segunda mujer que menos tiempo duró en su cargo

Al igual que ocurrió con la ex contralora Leslye Garibo Puga, quien renunció al cargo nueve meses después de rendir protesta, Martínez Huerta sólo se logró “sostener” por 10 meses y 21 días como representante del Poder Judicial.

El 02 de diciembre del 2019, el Pleno del TSJE se reunió para nombrar a un nuevo presidente. Fue el entonces magistrado Marco Antonio Lezama Moo quien propuso a Martínez Huerta como candidata. Con el aval de cinco de los nueve integrantes logró el nombramiento para el periodo 2019-2022, con posibilidad de reelegirse.

“Estoy plenamente consciente de la alta responsabilidad que asumo, ya que es la primera vez que una mujer en la historia de Veracruz desempeñará el cargo de presidenta del Tribunal de Justicia del estado y del Consejo de la Judicatura. Es un honor el que me otorgan, el más alto que me ha sido otorgado en mi vida profesional, y les digo que pondré todo mi empeño”, dijo en su discurso.

Sin embargo, este 23 de octubre fue removida por unanimidad de votos, logrando así unir a todos los integrantes del pleno en su contra. 

Los escándalos de Martínez Huerta

Meses después de que inició su gestión como representante de un poder autónomo se acusó que la magistrada Sofía Martínez nombró en puestos claves a familiares y amigos. Su hijo César Díaz Martínez entró en funciones de su secretario particular, y el otro, Guillermo Benjamín Díaz Martínez fue designado presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje por un supuesto pacto con el Ejecutivo.

César Díaz Martínez, integró a Hernán García Sobrevilla como director de Administración y a Mónica Morales Silva, subdirectora de recursos materiales del TSJE, los dos podrían ser denunciados por la adjudicación de contratos.

Un nombramiento que derivó en escándalo mediático fue la destitución de su nuera Mayra Angélica Martínez Juárez, secretaria general del Consejo de la Judicatura.

La llegada de Humberto Oliverio Hernández Reducindo, quien fue nombrado representante del poder Legislativo en el Poder Judicial, apenas en el mes de junio, marcó la caída de la magistrada. Él fue quien encabezó a un grupo opositor que destituyó a la nuera de la expresidenta y algunos otros funcionarios nominados por Martínez Huerta.

A la magistrada también se le acusó de usar de manera discrecional 60 millones de pesos del Fondo Auxiliar del TSJE, pues ella dispuso del recurso sin el aval del Consejo de la Judicatura, lo que resulta ilegal.

El tema que logró mayor cobertura mediática fue su negativa a iniciar una acción de inconstitucionalidad después del nombramiento de seis magistrados del TSJE. La magistrada ofreció al pleno proceder legalmente, sin embargo, desistió de recurrir ante los ministros de la Corte, para revertir la designación de sus homólogos.

El 30 de julio la mayoría de los diputados nombró a Irma Rosa Flores Ceballos, Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, Itzel Castro Castillo, María Lilia Viveros Ramírez, Aileth García Cayetano y Antonio Sobrevilla Castillo como nuevos magistrados. 

El acuerdo de los diputados establecía las salas a las que tenían que ser adscritos, pues llegaron a sustituir a igual número de magistrados a los que se les venció su periodo. Martínez Huerta decidió adscribir a los magistrados, sin el aval del Pleno, órgano del Poder Judicial facultado para ello.

Tras la disputa por los nombramientos se filtró una llamada en la que se escuchaba discutir a Sofía Martínez Huerta con su homóloga Concepción Flores Saviaga, una de las voces más críticas a su trabajo, a quien le exigió atender la adscripción que había otorgado a un magistrado.

“Si ustedes no quieren hacer lo que es su obligación como integrantes de la sala de recibir a una nueva magistrada, no sé qué acciones va a haber”, dijo a modo de amenaza.

Se le responsabilizó de no notificar al Congreso local y al Ejecutivo de dos amparos que obligaban la permanencia de los magistrados Marco Antonio Lezama Moo y Roberto Dorantes, a quienes se les removió por cumplir con el requisito de la edad. 

Además, se ha denunciado en medios de comunicación irregularidades en la construcción de ciudades judiciales. Se filtraron facturas de boletos de avión y compras por más de 6 millones de pesos en papelería y equipo de cómputo que fueron asignadas de manera directa. Así como irregularidades en contratos de adquisición de material de limpieza y desinfección, por casi 8 millones de pesos

Juicio político o declaración de procedencia, las vías de la remoción

Abogados consultados expusieron que la norma vigente -Ley Orgánica del Poder Judicial y la Constitución Política- no le dan atribuciones al Pleno para remover a la presidenta, sólo pueden nombrarla. 

En la Gaceta Oficial del Estado, que se publicó este 23 de octubre, se hace mención que la presidenta incumplía en su función como lo marca el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

El Pleno estableció que, al no cumplir con las funciones que establece la ley, estaban facultados para adoptar las medidas necesarias a fin de procurar el correcto cumplimiento del órgano y fue así como votaron para removerla.

“Atendiendo a la potestad que tiene este cuerpo colegiado para elegir a su presidente, lo que necesariamente conlleva el recíproco derecho de removerlo del cargo, mediante la revocación del mandato conferido”, se argumentó.

El abogado Celestino Espinoza Rivera, explicó que los magistrados aplicaron la máxima legal de "quien puede lo más puede lo menos", pero que no contaban con la atribución legal para remover a Martínez Huerta.

Los mecanismos legales para ello son el juicio político que se debe presentar ante el Congreso, o la solicitud de juicio de procedencia, ambos contenidos en la Constitución.

Mujeres contra Mujeres

En la misma Gaceta se establece que la solicitud de la remoción la presentó la magistrada Concepción Flores Saviaga, quien desde hace un par de meses se había mantenido en constante crítica al trabajo de Martínez Huerta.

La magistrada vitalicia, denunció en el pasado que la pugna por el control en el poder judicial llevó a Humberto Hernández Reducindo, representante del Poder Legislativo, a iniciar acciones para remover a Martínez Huerta.

Sin embargo, fue ella quien pidió la revocación de su nombramiento y llevó la sesión del Pleno que concluyó  con la toma de protesta Isabel Inés Romero Cruz, como magistrada sustituta hasta el 02 de diciembre del 2022.

En entrevista con medios de comunicación, aseguró que el principal malestar de todos los magistrados fue que Sofía Martínez Huerta jamás los convocó ni los trató como iguales.

Su postura, dijo, no era para atacar a su igual; y detalló que ya delinearon un plan de trabajo con la nueva presidenta, es objetivo mejorar la imagen del Poder Judicial y reducir el rezago en el trabajo.