"¡Cierren el cuartel de San José porque es un desorden allí: puros rateros, golpeadores y asesinos!", demandó en un grito de rabia e impotencia Julia Hernández Díaz, madre de Gustavo Ortiz Hernández, muerto en los separos del Cuartel "Heriberto Jara Corona" de la Secretaría de Seguridad Pública en Xalapa.

Con el deceso de Gustavo, detenido la tarde del sábado por elementos de la Policía Estatal, suman dos polémicas muertes al interior de ese lugar en 2020.

El sábado 2 de mayo de 2020 murió en la cárcel del cuartel policial Andrés Navarro, de 33 años, rapero, diseñador y serigrafista de la colonia Rafael Lucio. Familiares del occiso acusaron que el cadáver presentaba signos de violencia.

Ahora, la tarde de este martes 27 de octubre, familiares y conocidos de Gustavo protestaron en el Cuartel San José, sitio a donde ingresó alrededor de las 13:00 del sábado 24.

En ese sitio, los manifestantes abrieron el portón de la central policiaca y elementos de antimotines disolvieron la protesta con gases de extintores, como se puede observar en grabaciones captadas en el lugar de los hechos.

Tras el incidente con la policía, la familia de Gustavo acudió a protestar al pie del Palacio de Gobierno, en donde demandaron justicia y a la vez, retaron a la SSP a comprobar la acusación contra el joven acerca de una supuesta extorsión contra una pareja.

Originario de Misantla, en Xalapa Gustavo Hernández se ganaba la vida con el cultivo y venta de flores en la colonia Revolución. Sus familiares sospechan de una detención ilegal, la cual derivó en su muerte al interior del Cuartel San José, en Xalapa.

Durante la protesta realizada al pie de Palacio de Gobierno, la familia de Gustavo denunció distintas anomalías con el proceder de la Policía Estatal. La primera, al no avisar de la detención del joven y su ingreso al Cuartel San José. La segunda, acerca de que elementos de Seguridad Pública conducían el vehículo de uno de los vecinos de Gustavo. 

Sobre este último incidente, familiares de Gustavo denunciaron un posible intento de eliminar evidencias acerca de la detención y muerte del floricultor.

Como en un caso anterior de posible violación de Derechos Humanos en el cuartel San José, a la hora de recibir el cadáver de Gustavo los familiares detectaron lesiones en el cuerpo, y por lo tanto demandan investigaciones contra la Policía Estatal

"Quiero que los consignen. El presidente López Obrador decía que ya no quería corruptos y ahí hay corrupción porque sabemos que los muchachos que llegan allí les quitan el celular y el dinero y les dan una tunda y los mandan sin dinero y sin celular. ¿Qué respeto o que seguridad? ¡Dan miedo los policías!", exigió Julia.

La madre de Gustavo explicó que cerca de las 13:00 horas del sábado 24 de octubre perdieron toda comunicación con Gustavo.

"Eran las cinco de la tarde del sábado cuando un amigo de Gustavo llegó a mi casa, nos dijo que el coche de mi esposo estaba detenido, yo me dirigí a ver si era verdad y cuando vi el coche no estaba", explicó una de las familiares.

A la vez denunció que un oficial de la policía conducía su automóvil, mismo que presuntamente había sido usado por Gustavo, sin embargo, los oficiales de la Policía Estatal negaron todo.

A la vez denunciaron que los propios servidores de la Secretaría de Seguridad Pública negaron que Gustavo estuviera detenido en San José, sin embargo, el ingreso de paramédicos al cuartel para auxiliar al joven floricultor desechó dicha versión.  

"Pero ya estaba muerto, nos corrieron, nos dijeron que nos fuéramos, que no estaba nadie, (...), cuando llegaron los paramédicos a San José ya lo encontraron sin vida, bien golpeado, morado, se desvaneció ya no aguantó los duros golpes que le dieron los malditos policías, en el caso de ser madre ya no aguanto más, estoy muy mal".

En la protesta los familiares insistieron en posibles actos de tortura contra la víctima, incluso con bolsas de plástico para causarles la asfixia.

"Haga su trabajo y quite esa policía corrupta que ustedes están encubriendo", demandó Julia Hernández, en un reclamo público al gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

De no existir respuesta, familiares y amigos de Gustavo advierten con prolongar las manifestaciones e incluso protestar en Ciudad de México.

"Así como sacaron el cuerpo de mi hijo, sacaron el coche para que no hubiera evidencias y me tienen que mostrar como madre los videos, pruebas", demandó Julia. 

"Que no nos digan que no sirven (las cámaras), entonces ¿Dónde está la pinche seguridad? Hubo una doctora que lo atendió y mintió. Los videos van a ver como entro él y como salió. En la Fiscalía no nos han dicho nada, no saben ni como murió, no se van a echar la soga al cuello ellos mismos", demandó otro de los familiares.

Un manifestante más retó al Gobierno de Veracruz a comprobar las acusaciones de extorsión contra Gustavo y en caso de que no existan estas, que entregue a los policías involucrados con su muerte.

"Por eso nos venimos a poner aquí al Gobernador que revise su nombre y todo el trayecto del amigo que traemos y si es, que nos cague en la cara y si no es, que nos entregue a los vatos que fueron, ellos saben los vatos que fueron, la patrulla, ellos saben interrogando a todos, aquí hay un complot. No puedes mandar a tu hijo a la tienda porque los agarraron los polis".

CARLOS, RAPERO y DISEÑADOR

De 33 años de edad Carlos Andrés Navarro Landa, rapero, diseñador y serigrafista murió el sábado 2 de mayo en la cárcel del citado cuartel policial.

La Secretaría de Seguridad Pública adjudicó a un infarto fulminante la causa de muerte de Carlos Andrés; sin embargo, familiares del occiso denunciaron signos de violencia en el cuerpo del rapero.

Carlos salió de su domicilio el viernes 1 de mayo, después se reunió con amigos en el fraccionamiento Los Cántaros en el suroeste de Xalapa; en ese punto la Policía Estatal le detuvo por una presunta falta administrativa.

En ese instante, un testigo grabó un video de la detención del joven, siendo rodeado por al menos 10 policías y gritando: "¡Me quieren secuestrar!" Policías lo sometieron y obligaron a un testigo a parar la grabación que realizó de los hechos. Esto ocurrió entre las 13:00 y las 14:00 del viernes.

A las 14:00 del domingo, la madre de Carlos Navarro recibió la notificación de su deceso alrededor de las 14:00 del 3 de mayo, es decir, a más de 24 horas transcurridas desde su detención. Su cadáver se entregó a sus familiares a las 21:30 horas de esa fecha.

Los familiares se percataron que Carlos Andrés presentaba signos de violencia, golpes, los cuales dedujeron como la causa de muerte del serigrafista.

Por lo anterior la familia y amigos de Andrés, conocido por su pseudónimo de "Crazy Área 238", dudan de la versión de la autoridad acerca de la causa de muerte por supuesto infarto fulminante al miocardio.

Crazy Área 238 componía en rap y como serigrafista entregaba pedidos de sus diseños en toda la ciudad.

Además, ayudaba a jóvenes en problemas con pandillas, acudía a grupos de Alcohólicos Anónimos y se convirtió al cristianismo.

La familia recibió el cuerpo de Carlos sin nada, ni siquiera con un aviso de por medio. “No fueron para avisar, no nos avisaron, lo entregaron sin pertenencias, sin celular, solo el cuerpo”, cuenta la familia.

A partir de la muerte de Carlos, amigos y familiares del diseñador realizaron marchas y protestas en demanda de justicia.

"La Fiscalía no nos ha dicho nada, nos da largas, nos dicen que 'por el COVID', igual el Gobernador le hemos pedido audiencia y nada por eso hicimos la marcha". 

DA SEGUIMIENTO LA CNDH

El 10 de junio de 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) expresó su preocupación por el uso de la fuerza policial sin los estándares de derechos humanos.

Dentro del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), la CNDH detectó una nota periodística alusiva a la detención de Carlos Navarro Landa, y su muerte en la cárcel del cuartel San José.

"Esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos observa con preocupación el hecho de que las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana, utilicen la fuerza de forma incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos y donde se observa la falta de entrenamiento, coordinación, supervisión y control en su actuar".

Esto ha causado daños irreparables a la vida e integridad personal de las personas que se encuentran bajo su custodia, dijo la CNDH.

La defensoría adelantó que seguirá atenta al curso de la queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el fin que se investigue, procese y sancione a los responsables de este hecho reprobable.

GOLPEAN A JOVEN TRAS DETENCIÓN

También en el actual 2020, redes sociales exhibieron un presunto abuso de la Policía Estatal al detener sin justificación y de manera irregular a dos jóvenes a borde de un vehículo en el bulevar Europa, próximo a una tienda Oxxo en las cercanías de Ciudad Central.

Los dos afectados relataron que los elementos de la Policía Estatal detuvieron a un taxi para su revisión, el conductor prefirió esquivar el retén en su vehículo, sin embargo fueron seguidos por la patrulla que no encendió sirena ni torretas.

Aunque fueron intervenidos y luego se les permitió seguir su camino, más adelante una segunda patrulla les cerró el paso y los policías comenzaron a disparar para obligarles a descender.

Narraron que los policías los sometieron a la fuerza, los golpearon y esposaron, ingresándolos más tarde al cuartel San José.

Una de las agraviadas denunció acoso sexual de parte de los uniformados, mientras a uno más le fracturaron una costilla. Tras horas detenidos en el Cuartel San José se les obligó a pagar una multa de 300 pesos por falta administrativa y se les obligó apagar el remolque del vehículo donde viajaban.

Aunque denunciaron los hechos la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no ha informado de sanciones a los presuntos responsables de estos hechos.

JONATHAN, ESTUDIANTE DE LA UV, FUE AGREDIDO POR SU IDENTIDAD SEXUAL

Jonathan Escobedo Gamas salió a festejar con sus amigos en Xalapa; celebraban haber terminado un semestre más de la maestría en Estudios de Género en la Universidad Veracruzana. 

El joven activista por los derechos de la diversidad sexual no sabía que esa noche del 8 de julio del 2019 terminaría golpeado brutalmente, casi inconsciente, en el cuartel de San José “por ponerse chingón”.

Cuando se dirigía a su casa, Jonathan fue insultado por policías estatales que hacían alusión a su orientación sexual. Encararlos fue suficiente para ser arrestado con lujo de violencia física y verbal, sin explicación clara.

"En el piso uno de los policías me aplastó con su bota mi rodilla y me empezó a apretar tan fuerte la rodilla que sentí que se me iba a romper, me histericé, empecé a gritar muy feo, yo ya no sabía qué hacer, empecé a forcejar”, narró.

Jonathan dice haber recibido al menos 10 choques eléctricos de ‘teaser’ para ser sometido; dos de los ataques fue en la parte trasera de su cabeza, lo que lo dejaría sin conocimiento, “me desvanecí, me quedé tirado en el piso, afuera de los separos".

“Todas las personas que estaban dentro conmigo estaban contando experiencias muy parecido porque no estaban haciendo algo que justificara el nivel de agresión, violencia, brutalidad y abuso de poder que tienen los policías”.

Tras recibir burlas, ser sobajado y golpeado, el joven pasó la noche junto con otro grupo de personas que denunciaban haber sido encarcelados sin razón clara. A la mañana siguiente Jonathan fue notificado que se le había señalado por estar en estado de ebriedad y en posesión de marihuana, lo cual él niega. 

El Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana condenó los hechos a través de un comunicado.

"Es reprobable la actuación de la Policía Estatal al insultar y amedrentar a un ciudadano por su identidad sexual para posteriormente arrestarlo salvaje ilegalmente, golpeándolo, poniendo en peligro su integridad física y su vida; no observamos la transformación de la policía de Veracruz, la homofobia que siempre le ha caracterizado permanece intacta".