El manejo financiero de 2 mil 413 millones de pesos en el primer año de la administración de Cuitláhuac García Jiménez generó observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Veracruz fue la segunda entidad con el mayor número de observaciones.

De ese recurso que tendrá que ser justificado o reintegrado a la hacienda federal, se observó el gasto de mil 963 millones de pesos del extinto Seguro Popular.

La revisión al gasto de servicios médicos para los veracruzanos detalla que la Secretaría de Finanzas puso a sudar los recursos, y se usaron varias cuentas -la llamada licuadora- para transferir los gastos de nómina y otros servicios.

Además, se observó el pago excesivo para algunos funcionarios de la Cuarta Transformación, y se observó que otros más, que cobraron mensualmente, no se encontraron en sus áreas de trabajo, por lo que no se descartan casos de aviadores.

A diferencia del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) que entregará el informe de resultados hasta enero del 2020, luego de que se le dio una prórroga para fiscalizar el gasto público, la Auditoría a Superior de la Federación (ASF) entregó su informe a la Cámara de Diputados.

Morena acusó en reiteradas ocasiones el mal manejo de los recursos públicos de parte de gobiernos neoliberales, sin embargo, en su primer año de administración incurrieron en irregularidades administrativas que podrían derivar en daño patrimonial.

Como parte de la revisión se determinaron 48 observaciones, de las cuales, en 19 no se detectaron irregularidades y 7 fueron solventados por la entidad fiscalizada. Los 22 restantes generaron: 20 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones.

La Federación revisó una muestra de 2 mil 444 millones de pesos, que representaron el 64.8 por ciento de los 4 mil 80 millones de pesos transferidos al Gobierno del Estado.

La revisión del gasto detectó que no se cumplió con la norma en materia de transferencia de recursos; registro e información financiera de las operaciones; destino de los recursos; servicios personales; adquisiciones, control y entrega de bienes, servicios y entrega de medicamentos; pagos a terceros por servicios de salud; y transparencia que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de mil 963 millones de pesos, el 74 por ciento de lo transferido.

Con la desaparición del Seguro Popular, el Estado evitó proporcionar más información para solventar las observaciones que se recibieron, por lo que la ASF se declaró limitada para revisar si se cumplió con las metas y objetivos del extinto régimen de salud.