El presupuesto de egresos 2021 aprobado este jueves por el Congreso de Veracruz nuevamente permite al Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez ampliar, modificar o reorientar los recursos de su presupuesto por 128 mil 420 millones 684 mil 290 pesos, tal y como ha ocurrido en sus 2 primeros ejercicios en los que superó el monto avalado por los diputados locales.

Al igual que en 2020, el gasto del próximo año concede la posibilidad al Ejecutivo para alterar su plan, sin necesidad de un consentimiento del Poder Legislativo debido a la contingencia sanitaria por Covid-19.

Esta cláusula, establecida en el artículo 38, confiere a la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz la facultad de autorizar las modificaciones presupuestales necesarias para la atención de situaciones de emergencia o contingencia ante la eventualidad o presencia de desastres naturales, además podrán orientar el gasto para atender emergencias por riesgo en la seguridad de las personas o por una alteración imprevista de las actividades económicas ordinarias.

De esta manera el presupuesto de 2021, mil 563 millones de peso menor al de 2020, podrá ser usado por el Ejecutivo bajo estos criterios de excepción.

GOBIERNO SUBESTIMÓ INGRESOS: IMCO

De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) el Poder Ejecutivo en Veracruz ejerció un monto "adicional" de 20 mil 275 millones de pesos en 2019.

Conforme con el Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG) 2020 publicado por el Instituto Mexicano de la Competitividad, en 2019 el Gobierno de Veracruz gastó un 16 por ciento por encima del presupuesto autorizado por el Congreso del Estado.

El IMCO indicó que la administración de Cuitláhuac García Jiménez subestimó en 2019 sus ingresos y por lo tanto ejerció más de lo presupuestado y se endeudó más de lo planeado.

"Esto es evidencia de que los presupuestos estatales carecen de una planeación adecuada", enfatizó el IMCO en el citado documento.

Al presentar el informe, el Director de Gobernanza del IMCO Francisco Varela y el coordinador del área de Finanzas del Instituto, Manuel Guadarrama indicaron que una variación aceptable en el ejercicio presupuestal se ubica en el rango de más-menos 15 por ciento; de acuerdo con los parámetros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Así, los estados con resultados fuera del rango aceptable fueron: Morelos con un 37 por ciento de ejercicio por encima de lo presupuestado, Tlaxcala con un 24 por ciento; Oaxaca con un 23 por ciento; Tamaulipas con un 21 por ciento; Hidalgo con un 20 por ciento y por último Durango y Veracruz con un 16 por ciento.

El análisis del IMCO advierte que las variaciones entre el presupuesto y lo gastado en un año, puede significar un error de planeación de un ejercicio fiscal, o bien, simulaciones intencionales.

En ese sentido, el Instituto propuso establecer controles a las modificaciones presupuestales de los poderes ejecutivos estatales que limiten el aumento injustificado de partidas de gasto.

"Si un Gobierno estatal requiere modificar su gasto para alguna partida en más del 15 por ciento, debe tener la aprobación del Congreso local".

CONTRADICCION CONSTITUCIONAL

En ese sentido el académico de la Universidad Veracruzana, Hilario Barcelata Chávez, interpretó la práctica de aplicar modificaciones al presupuesto como una estrategia para restar control sobre el presupuesto al Poder Legislativo, la principal atribución en la Ley para los legisladores locales.

"En realidad lo que están haciendo es quitarle el control presupuestal al Congreso. El Congreso tiene Constitucionalmente esa facultad de aprobar y revisar el uso de los recursos públicos".

Así, aunque el Congreso aprueba un presupuesto por determinado monto, el Ejecutivo puede aplicar modificaciones sin la necesidad del aval del Congreso.

"Lo único que está haciendo es cederle el control presupuestal, la vigilancia de los recursos, al Poder Ejecutivo y pierde con ello, su facultad de ser representantes populares".

De este modo, Barcelata Chávez reprochó con ironía que es "darle demasiado poder a un poder" y esto contraviene lo dictado en la Constitución.

Citó que esta es clara al dotarle al Legislativo la facultad de modificar, revisar y aprobar el presupuesto, siendo el Congreso el único poder autorizado para aplicar cambios al plan de gastos e ingresos.

El académico enfatizó el hecho que los diputados y diputadas locales, como representantes populares, revisan el proyecto de presupuesto en nombre del pueblo y por lo tanto, al aprobarse este, cuenta con el aval popular.

"Lo mismo pasa con la ley de ingresos, los diputados aprueban la ley de ingresos y somos nosotros los ciudadanos los que a través de ellos estamos consintiendo que el Poder Ejecutivo cobre esos impuestos, esos derechos".

Con lo anterior, recordó el docente, el presupuesto expresa la voluntad popular, es un mandato del pueblo al poder ejecutivo para gastar el dinero tal y como se especifica.

En este caso Barcelata Chávez recalcó que una vez que se publica el presupuesto en la Gaceta Oficial es una ley y esta le da certeza jurídica al pueblo y a la sociedad.

Sin embargo, advirtió del riesgo de aplicar modificaciones posteriores al presupuesto, no consultadas a las y los legisladores, investidos como representantes populares.

Es el caso de la actual emergencia sanitaria por la pandemia de Covid, en la cual el Poder Ejecutivo aplicó modificaciones al presupuesto para atender la contingencia.

"Si estás hablando de partidas de 100 millones, 500 millones, mil millones entonces sí tiene que pasar por el Congreso, entonces los diputados están siendo omisos en cuanto al hecho a revisar la normativa de lo presupuestal y establecer como sí se pueden modificar las partidas una vez aprobado el recurso".

Hilario Barcelta añadió que si al Ejecutivo se le cede de la facultad de cambiar un documento vuelto decreto, entonces se pierde toda certeza jurídica y atenta contra lo dictado en la Constitución.

"La sociedad debe tener la garantía que los diputados aprobaron un documento, y este se debe de cumplir y si no se cumple, se deben rendir cuentas" dijo Barcelata Chávez.

El académico igual recalcó el hecho de la anticipación de proponer el plan de gastos e ingresos, para darle certeza al manejo de los recursos públicos.

Hilario Barcelata añadió la necesidad de una ley en donde se contemple las modificaciones al presupuesto, sin necesidad de aprobación del Congreso y siempre y cuando no incurra en aspectos contemplados por el Código Financiero.

Urgió a que los diputados entiendan "cuál es su función", y apliquen criterios de las circunstancias y montos de modificación al presupuesto.

Para el 2021, Barcelata Chávez advirtió de un contexto electoral con la renovación de presidencias municipales y diputaciones, y por lo tanto, cualquier modificación fuera del Congreso se "puede mover a la sospecha" y puede generar dudas de parte de la sociedad ante la suspicacia de uso de recursos de manera discrecional con propósitos electorales.

APLICAN "EL 38"

En 2020, el Gobierno sí recurrió a la aplicación del artículo 38 del proyecto de presupuesto y realizó modificaciones al plan de gasto.

Lo anterior, con la excusa de aplicar medidas "extraordinarias y de excepción" en medio de la pandemia por el coronavirus 2019.

De acuerdo con la Gaceta Oficial del Estado con fecha 8 de abril de 2020, el Gobierno de Veracruz contó con la facultad de "contratar y adquirir" todo tipo de bienes, arrendamientos y prestación de servicios a nivel nacional o internacional.

Así, sin necesidad de concurso pudo arrendar o comprar equipo médico, agentes de diagnóstico, material quirúrgico y de curación y productos higiénicos; además de contratar médicos y enfermeras, y demás personal médico necesario, de carácter eventual o por honorarios.

De hecho la propia Contralora General del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez en su comparecencia ante el Congreso afirmó que el 99 por ciento de las obras, bienes y servicios contratados por el Gobierno del Estado se realizaron a través de manera directa, esto es sin licitación de por medio.

Además el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco señaló que un 95 por ciento de los contratos adjudicados en 2020 se ejecutaron con excepciones de Ley, es decir, con montos excedidos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes. 

Un ejemplo de las adjudicaciones directas por la pandemia es la asignación por parte del Sistema DIF Estatal a la empresa BC Comercio S.A. de C.V, operadora de las tiendas X24, de un contrato de 2 millones 327 mil 410 pesos (IVA incluido) por 1,392 despensas.

el DIF justificó la asignación directa a BC Comercio S.A. de C.V. debido a la "contingencia por la que atraviesa el país" y la difícil adquisición de productos para los proveedores.

El Sistema DIF citó el artículo 55, fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles para Veracruz; en donde da la excepción de ley de celebrar contrataciones en casos donde peligre o se altere la economía o los servicios públicos, caso concreto, la pandemia por SARS-CoV2.