Veracruz, Ver.- El ayuntamiento de Veracruz benefició con un contrato por asignación directa por 4 millones 60 mil pesos al panista Salvador Vega Casillas, persona presuntamente cercana al alcalde Fernando Yunes Márquez y quien fue titular de la Secretaría de la Función Pública en el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

Una investigación periodística publicada en el número 2302 del semanario Proceso, reveló que la empresa Estrategob, en donde Vega Casillas es principal accionista, fue beneficiada con contratos millonarios por asignación directa para servicios por un corto periodo de tiempo en Tamaulipas y Veracruz.

En el reportaje se detallan los nexos que existen entre el exfuncionario del sexenio de Felipe Calderón y el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, ya que ambos fueron compañeros en la bancada del PAN en el Senado de la República en el periodo 2012-2018.

Con dicho antecedente, Yunes Márquez otorgó el contrato de forma directa a la empresa Estrategob, SC, el 22 de juicio del 2020, según lo detallado en el reportaje titulado “Vega Casillas limpia las cuentas de García Cabeza de Vaca”.

En la publicación se relata los beneficios que el exfuncionario calderonista recibió del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca -señalado por enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada- para acceder a contratos millonarios por asignación directa por cortos periodos de tiempo para ajustar la contabilidad gubernamental.

Tanto Francisco Javier García Cabeza de Vaca como Salvador Vega Casillas fueron mencionados por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, como integrantes del grupo de legisladores sobornados para que aprobaran la Reforma Energética, en la investigación que sigue la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso Odebretch en México, de acuerdo con reportes periodísticos.

En el mismo texto, se detalla que el contrato que Yunes Márquez, hijo del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, otorgó al exsecretario de Felipe Calderón, tuvo una duración de seis meses por concepto de “consultoría estratégica y asistencia técnica en materia legal (y) administrativa para la revisión y automatización de procesos en materia de obra pública y adquisición de bienes y servicios”.