A más de un año de ser designada encargada de la Fiscalía General de Veracruz (FGE) y ocho meses desde que fue ratificada en el cargo, Verónica Hernández Giadáns incumplió con una de sus primeras promesas: la creación de una Fiscalía Especializada en Combate al Feminicidio.

El 5 de octubre de 2019, apenas un mes después de encargarse de la Fiscalía, la funcionaria aseveró que buscaría crear una Fiscalía Especializada en dicha materia con la finalidad de eliminar la impunidad. Tras su participación en una mesa sobre el Acceso a la Justicia a Niñas y Niños en casos de Muertes Violentas, la fiscal criticó el desinterés en procurar justicia para las mujeres, por ello prometió crear estas unidades especializadas para atender la problemática en Veracruz, con dos alertas por violencia de género.

Pese a ello, a más de un año de distancia la fiscal justifica que la falta de recursos que le provee el Congreso de Veracruz la imposibilitan para crear 212 fiscalías especializadas en feminicidio.

“Las reformas contemplan la posibilidad de que exista una fiscalía especializada en los 212 municipios pero por el recurso con que cuenta la Fiscalía no se puede en un año, se está fortaleciendo, pero no es un proceso rápido o fácil, espero este año contar con más capacitaciones”, acotó este martes junto al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, en conferencia de prensa conjunta.

Durante 2020 la Fiscal contó con el respaldo del Congreso de Veracruz, puesto que los diputados locales reformaron la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, estableciendo la creación paulatina de estos espacios con diciembre como fecha límite.

Ante ello, organizaciones de la sociedad civil como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y Equifonía, advierten que la promesa no se cumplió y no es válido que ahora diga que es una cuestión de recursos, porque además eso es un tema que se debió prever por el Congreso, el gobierno estatal y la propia Fiscalía General.

Delito en cifras

El tema es de vital importancia dado que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) señala que la entidad veracruzana se ubica en el segundo lugar a nivel nacional en feminicidio con 79 casos reportados de enero a noviembre de 2020.

Pese a ello, el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana (UV) tiene una estadística distinta, ya que de enero a noviembre de 2020 se registraron 89 asesinatos de mujeres con características de feminicidios.

El 23 de noviembre de 2016 la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) declaró alerta por violencia de género en Veracruz para 11 municipios y se sumaron 47 municipios más con población indígena dadas las condiciones de vulnerabilidad en las que viven las mujeres.

A pesar de esta declaratoria, la entidad veracruzana no ha logrado disminuir la violencia contra este sector que representa el 50 por ciento de la población y sólo se encuentra por debajo del Estado de México con 132 feminicidios.

¿Qué dice la ley?

En febrero de 2020 se publicó la reforma a la fracción II del Artículo 19 Bis y las fraccionares I, III y VIII del artículo 19 Ter de la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia en la que se establecía la creación de estas fiscalías en los 212 municipios para atender el tema del feminicidio.

Los legisladores determinaron que para ello se debían crear de manera progresiva, y de conformidad con un plan programático, iniciando en los municipios con mayor incidencia en los delitos hasta que se cuente con la designación de estas fiscales especializadas en todos los 212 municipios del estado a más tardar en diciembre de 2020. La fecha llegó y no se cumplió.

Hernández Giadáns debía designar también fiscales especializadas en materia de delitos de violencia de género, feminicidio y violencia familiar de manera progresiva, y de conformidad con un plan programático, para lo cual se estableció que podía utilizar el personal y la infraestructura de las actuales Fiscalías Especializadas en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas, debiendo crear las fiscalías necesarias para el conocimiento de los delitos contra niños y trata de personas. 

Parte del planteamiento establece que estas fiscalías deben contar con fiscales especializadas para la investigación y persecución de los delitos de violencia de género, feminicidio y violencia familiar en caso de que la víctima sea niña o mujer. Realizarán sus funciones bajo los principios de perspectiva de género y debida diligencia.

Señala también que las fiscales deberán cumplir como mínimo los requisitos de ingreso y permanencia que establecen las leyes aplicables: tener el perfil que establezca la Fiscalía General y acreditar los cursos de especialización, capacitación y de actualización y estarán dotadas de los recursos humanos, materiales y técnico especializados y multidisciplinarios que se requieran para su efectiva operación, entre los que deberá contemplarse personal sustantivo ministerial, policial, pericial y de apoyo psicosocial.

Pese a ello, y a que Veracruz es segundo lugar nacional en cuanto a número de feminicidios con 79 de enero a noviembre de 2020, la Fiscalía General de Veracruz no avanzó en ninguno de estos puntos.

Irresponsable declaración de Fiscal: OCNF

La asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Patricia Bedolla, calificó como irresponsable la declaración de la fiscal Verónica Hernández Giadans, que justificó el incumplimiento de su palabra al señalar que se trata de un tema de recursos.

“No hay ninguna justificación porque una política pública tampoco se puede hacer de un día para otro, cuando tenemos afectaciones al presupuesto, la política se puede implementar de acuerdo a los tiempos establecidos en la ley y con base en el impacto presupuestal (...) Pudo haber dicho que de acuerdo al presupuesto 2020 y con el problema de la pandemia, generar una fiscalía especializada en la región de la huasteca, porque no alcanza para más, pero para el primer semestre del 2021 poder generar otra fiscalía especializada en otra región”.

Cabe destacar que en 2020 el organismo autónomo recibió mil 66 millones 108 mil 652 pesos de presupuesto y por ello para la activista esa justificación no es válida, pues considera que bien pudo empezar al menos con una fiscalía especializada en feminicidio, tal como señala la Ley.

“Hablar de una negativa me parece hasta cierto punto irresponsable porque estamos hablando de un problema muy grave y que tiene que ver con la vida e integridad de las mujeres en el estado de Veracruz. No se puede decir que ‘como no tengo dinero o como no me ampliaron el recurso entonces no hay manera y que siga la impunidad’; lo que se tiene que hacer es adecuar el presupuesto para hacerlo por lo menos de manera escalonada”.

Aseguró que además este es un tema que los legisladores debieron prever en el presupuesto una partida especial, tomando en cuenta que la fecha límite para el cumplimento de la Ley feneció en diciembre pasado.

“Los diputados deben tomar su parte de responsabilidad y decir cómo ampliamos el presupuesto, cómo resolvemos y si se necesitan 10 pesos para hacer fiscalías especializadas, pues entonces ir aprobando de a dos pesos para que se vayan estableciendo, porque a lo mejor es la única forma que tenemos de resolver el problema. Simplemente negarnos sin explicación o fundamento, sin siquiera un proyecto o intento de proyecto que diga que trataron de hacerlo, me parece verdaderamente irresponsable”.

Añadió que este tipo de acciones dejan entrever que tanto la Fiscalía como el Gobierno del Estado de Veracruz y el federal “están quedándole a deber muchísimo a las mujeres”, porque evaden su responsabilidad.

Por su parte, la integrante de la Asociación Equifonía, Adriana Fuentes Equifonía, señaló que es claro que la Fiscalía no analizó la imposibilidad de la creación de nuevas fiscalías en los 212 municipios.

“Lo que necesitamos es seguir fortaleciendo las capacidades que ya se tienen de ese personal, de habilitar espacios, de tener más peritos porque las principales quejas es que no hay personal, que las citas las dan hasta dentro de un mes”.

La activista señaló que si bien es necesario atender el tema de feminicidio en Veracruz esto no será posible si se promete la creación de más estructura sin el análisis de la que ya se tiene y se refuerza.

“Es necesario que se refuerce las unidades que ya se tienen como la Unidad de Análisis y Contexto porque podría dar pauta a la pregunta de si es necesaria la creación de esta fiscalía especializada o es necesario reforzar la que ya existe y que no solamente ve los feminicidios sino otros delitos que tiene que ver con la violencia de género contra las mujeres (...) No es solamente decir ‘vamos a crear otra fiscalía especializada’ si no se aborda y no se atiende lo que ya se tiene”.

Además criticó que los diputados en Veracruz muchas veces aprueban reformas sin tomar en cuenta las necesidades que se tienen, las estructuras ya existentes o el impacto presupuestal que representa para la administración pública estatal.

“Se tiene que hacer un análisis más profundo porque si los diputados están aprobando el presupuesto y no lo incrementaron entonces cómo, pero más allá del presupuesto se debe analizar el crear figuras nuevas cómo esta pues refleja desconocimiento (...) Es notorio que no se está haciendo un adecuado registro o análisis de cómo debe implementarse porque ni siquiera en los 212 municipios hay fiscalías especializadas en lo general y ahora en lo particular”.