La noche de este 14 de enero fue detenido Alfredo “N”, presunto homicida de Abiram Hernández Fernández, activista y acompañante de colectivos de desaparecidos en el estado de Veracruz. 

 

 

Hernández fue asesinado el 30 de marzo del 2019 en la sala de su casa, ubicada en la colonia Arboledas del Sumidero, en Xalapa. El homicida forzó las cajoneras de la vivienda. La causa de su deceso fue traumatismo craneoencefálico severo con exposición de masa encefálica.

A un año y nueve meses de ese hecho, fue capturado Alfredo “N” en Xalapa y este 20 de enero será imputado por homicidio doloso calificado en las salas de juicios orales, con sede en Pacho Viejo, Coatepec

 

Del hoy detenido solo se conoce que radicaba en Xalapa. Su captura fue confirmada por la Fiscal general del estado, Verónica Hernández Giadáns. 

 

El activismo de Abirám, en favor de los desaparecidos 

Hernández Fernández, de profesión sociólogo, murió a los 37 años de edad. Es recordado en protestas de familiares de desaparecidos, así como por emitir críticas durante los gobiernos de Javier Duarte de Ochoa (2010-2016) y de Miguel Ángel Yunes Linares (2016-2018) por temas de inseguridad y violaciones a los derechos humanos.

Una de sus últimas intervenciones como vocero de las víctimas tuvo lugar en la parroquia de Nuestra Señora de la Merced, en Veracruz, en marzo de 2017. Víctimas indirectas exigieron resultados en investigaciones de desapariciones y desapariciones forzadas al entonces mandatario Yunes Linares, en presencia del sacerdote Alejandro Solalinde Guerra.

Abirám Hernández exigió a Yunes que se fincara responsabilidad a Gilberto Aguirre Garza, exdirector de Servicios Periciales, que a pesar de haber estado involucrado en la presunta pérdida de reactivos para las muestras de ADN fue nombrado fiscal regional de Córdoba

Meses más tarde el exfuncionario fue detenido y vinculado a proceso por desaparición forzada de personas. Sin embargo, a la fecha, al igual que numerosos funcionarios del gobierno de Javier Duarte imputados por desapariciones forzadas, recobró su libertad debido a que un juez le varió su medida cautelar y enfrenta su juicio desde casa. 

A este funcionario, encargado de la Dirección de Servicios Periciales no se le sancionó por sus cochinadas, al contrario, el Fiscal Jorge Winckler lo premió y lo ascendió de puesto”, dijo el también abogado del colectivo Por La Paz.

Hernández Fernández, reclamó la falta respaldo económico para las víctimas indirectas, comprendidos en la Ley General de Víctimas del Delito.

 

“Hay padres o madres de familia que dejaron hijos, hijas a cargo de los abuelos tras su desaparición. También hay gente que debe de hacer un trámite en la capital del estado y no tiene para viáticos. No vienen de viaje, ni de paseo vienen a hacer diligencias que ellos no pidieron hacer”.