El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, solicitó al Congreso de Veracruz la autorización para contratar un nuevo crédito por 2 mil millones de pesos con cargo a las participaciones federales del Estado y que podrá ser pagado en un plazo máximo de 20 años.

La iniciativa de decreto fue turnada a la Comisión de Hacienda para su análisis y en esta se prevé, tal como en su momento lo hizo el gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares, la constitución de un Fideicomiso para garantizar el pago de este crédito que sería utilizado para garantizar obras y acciones de inversión pública productiva.

En pleno año electoral, el mandatario de extracción morenista pretende comprometer hasta el 2.48 por ciento de las particiones federales presentes y futuras que en ingresos federales le corresponden al estado, excluyendo aquellas recibidas a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para ser transferidas a los municipios.

La contratación de esta nueva deuda estaría a cargo de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) para que la realice con cualquier institución de crédito o integrante del Sistema Financiero Mexicano.  

“Se autoriza al Estado, por conducto del Poder Ejecutivo, y a través desde la Sefiplan a contratar un crédito hasta por la cantidad de 2 mil millones de pesos hasta por un plazo máximo de 20 años bajo las mejores condiciones de mercado, con cualquier institución de crédito o integrante del Sistema Financiero Mexicano con las mejores condiciones financieras”, señala el documento enviado por el Gobernador.  

Y añade que para determinar el monto máximo de cada financiamiento que celebra deberá considerarse que los recursos que anualmente el Estado podrá destinar para el pago del servicio de su deuda, incluidos el pago de capital, comisiones, intereses y accesorios financiero, no podrán exceder el 2.48 por ciento de las participaciones federales presentes y futuras.

“El Fideicomiso constituido que constituya el estado únicamente podrá modificarse o extinguirse con el consentimiento previo y por escrito de los fideicomisarios y tendrá carácter de irrevocable en tanto existan obligaciones de pago a cargo del estado por financiamientos contratados con gente de pago con cargo a participaciones federales o instituciones de crédito o integrantes del sistema financiero mexicano”.

La solicitud, de ser aprobada por el Congreso, también permitiría contratar un monto adicional establecido por la cantidad de 20 millones de pesos para constituir el o los fondos de reserva del o los créditos o financiamientos y los costos y gastos que con motivo del decreto se contrate, esto en caso de que no se incluyan instrumentos derivados y garantías de pago, ya que de lo contrario se autoriza el pago de hasta 50 millones de pesos en caso de que sí se incluyan garantías de pago e instrumentos tales como la contratación de coberturas de tasas de interés conocimos como CAPS, instrumentos enviados de intercambio de tasas conocidos como SWAPS o cualquier otro tipo de instrumento de cobertura. 

“Para garantizar a los acreedores del estado el paso de los financiamientos que se contrate se autoriza la contratación de garatías de pago oportuno u operaciones similares con cualquier institución financiera de nacionalidad mexicana por un monto equivalente al 30% del monto total de los financiamientos que se celebren hasta por un plazo de 25 años”. 

Esto incluye un periodo de disposición de hasta 20 años y un periodo de amortización de hasta 60 meses que inicia al término del periodo de disposición y en caso de contratar varios créditos se podrá contratar tantas garantías como créditos se celebren.

En la justificación de su solicitud, García Jiménez aseguró que el monto del crédito es igual al monto de amortización de la deuda pública en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2018 al 20 de noviembre de 2024, por lo que “no aumentará el saldo de la deuda bancaria de largo plazo; es decir, que el saldo al término de la presente administración será igual o menor al que se encontró el 30 de noviembre de 2018”.  

“De este modo se cumple con el doble propósito de la presente administración de no aumentar el saldo de la deuda pública respecto del existente inicio de este Gobierno y destinarla de forma transparente y exclusiva a proceso y de inversión pública productiva que detonen el crecimiento de la economía estatal y regional, al tiempo de evitar las prácticas opacas, carentes de rendición de cuentas y las de ostensible corroer pública realizadas por las administraciones anteriores”, señala. 

Los recursos estarían destinados a la ejecución de obras, adquisición de bienes y los gastos para la rehabilitación de bienes que generen un aumento en la capacidad o vida útil de los mismos; se añade que en los contratos de los financiamientos se deberán especificar los proyectos u obras elegibles o rubro de inversión. 

Y advierte que estas deberán generar el fortalecimiento de infraestructura hospitalaria y de salud, infraestructura educativa y deportiva, infraestructura en vialidades urbanas, interurbanas o metropolitanas, así como en obra pública en madera inmobiliaria de suelos, agropecuaria, medioambiental, hidráulica y de electrificación y de equipamiento, así como infraestructura vehicular operativa y equipamiento para seguridad pública.

Esto incluye construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio público, adquisitivo de bienes como mobiliario y equipo de administración, equipo educacional, equipo médico, instrumental médico y de laboratorio, equipo de seguridad, y maquinaria; la adquisición de bienes como vehículos de transporte público, terrenos y edificios no residenciales. 

Y el Estado deberá prever anualmente en su presupuesto de egresos el importe que permita realizar las erogaciones para el pago del servicio de la deuda en cada ejercicio fiscal hasta su total liquidación.