Por el delito de desaparición agravada, un exelemento de la extinta Policía Federal fue vinculado a proceso por las investigaciones de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en 2014.

Luis Antonio Dorantes Macías fue jefe de la estación de IgualaGuerrero, en la noche de los hechos. Según la Fiscalía General de la República (FGR), Luis Antonio tuvo conocimiento de la detención de los estudiantes en los dos lugares en tiempo real.

El Ministerio Público Federal (MPF) presentó los medios de prueba al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, quien otorgó el auto de formal prisión. 

"De acuerdo con los medios de prueba Luis "D" se desempeñaba como titular de la estación de la Policía Federal en la ciudad de IgualaGuerrero, en la noche de los hechos. Esta persona, probablemente tuvo conocimiento de la detención de estudiantes normalistas, negando posteriormente su detención, posible destino y paradero", informó la FGR.

Su orden de captura fue emitida en septiembre de 2020, por lo que la Policía Federal Ministerial (PFM), con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel Federal, dieron cumplimiento a la misma el 18 de enero de 2021.   

Según el Ministerio Público de la FGR, el 23 de octubre de 2014 presentó su renuncia a la extinta Policía Federal.

La persona que firma su oficio para llegar a la estación de Iguala, el 15 de febrero de 2012, fue el ex titular de la División de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino.

El 20 enero, el diario Reforma dio a conocer la declaración de un testigo protegido donde involucra a militares, policías y sicarios, quienes habrían actuado en una operación conjunta en lo relativo a la desaparición de los normalistas.

De acuerdo a la declaración, a la que tuvo acceso el diario Reforma, Juan, como se le identifica al testigo protegido que es un presunto líder de Guerreros Unidos, el cártel responsable de la desaparición de los 43, aseguró que los jóvenes fueron interrogados en el 27 Batallón de Infantería, en Iguala, para luego ser entregados a los narcos, algunos de ellos ya sin vida, para proceder a su desaparición.

Los dichos de Juan llevaron a la captura del capitán José Martínez Crespo, señalado como el operador de la detención de los normalistas, y la liberación de 17 órdenes de aprehensión contra militares relacionados al caso Ayotzinapa.