Según la oposición, habrá persecución política con la nueva Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado, misma que aprobó la mayoría morenista del Congreso local este jueves, pero que no ha sido publicada en la Gaceta Oficial del Estado.

La iniciativa que remitió el Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, fue modificada por la Comisión Permanente de Seguridad Pública de la LXV Legislatura, órgano advirtió que el proyecto invadía atribuciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como categorías “sospechosas” que violentaban Derechos Humanos.

Pese a las adecuaciones implementadas, los diputados del PAN criticaron especialmente la creación de una Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, bajo el control de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), aseverando que permitiría al Gobierno del Estado no solo actuar contra delincuentes, también contra sus opositores.

Al respecto, abogados penalistas veracruzanos como Fidel Guillermo Ordoñez Solana, aseguran que es inminente que la Ley se caiga en tribunales, puesto que invade competencias fiscalizadoras que no competen a la SSP.

Sostuvo que esta nueva atribución se busca crear “un mini Santiago Nieto” en Veracruz, coincidiendo que serviría para acosar a adversarios.

Cabe señalar que, en el análisis de comisiones, los propios diputados señalaron que el artículo 74, fracción V, que planteó García Jiménez, proyectó que la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de la SSP pudiese “generar, obtener, analizar y consolidar información financiera, fiscal y patrimonial para la investigación de hechos”, lo que tuvo que ser modificado, al invadir responsabilidades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Los diputados añadieron que resultó necesario acotar las atribuciones, únicamente a que la SSP pueda “analizar y consolidar dicha información”.

Pese a las críticas, la Ley que consta de 398 artículos plantea adecuaciones a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública que significarían un avance en la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales para combatir la inseguridad e incluir a la ciudadanía en dicho objetivo, según los diputados de Morena.

Al respecto, se presenta una serie de puntos claves que proyecta el nuevo marco legal:

 

¿PERSECUCIÓN POLÍTICA?

De acuerdo con la Ley, la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, será un órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública, con autonomía técnica y de gestión, para la investigación y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita que se efectúen en el Estado.

Sin embargo, el proyecto planteaba que la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, tuviese como principal actividad “generar, obtener, integrar, analizar, y evaluar la información patrimonial, fiscal y económica proveniente de actividades irregulares que originen en las personas beneficios o incrementos económicos injustificables, a través de la coordinación con las autoridades competentes en la materia”.

Dicho apartado tuvo que adecuarse, no obstante, para legisladores del PAN se da una atribución a la SSP para perseguir no solo a maleantes, también a opositores.

 

NUEVOS DELITOS

En el debate del pleno, Ley generó críticas de la oposición, como la del coordinador del PAN en el Congreso local, Omar Miranda.

Concretamente, el legislador señaló que el capítulo de delitos contra el funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en lo que se refiere al manejo de recursos en la materia, ahora será una sanción penal, cuando antes era administrativa.

“Otorgando con esto la posibilidad de realizar una persecución política a los ediles de oposición, como recientemente sucedió en el municipio de Orizaba” aseguró el legislador.

Añadió que las atribuciones de la nueva Dirección de Inteligencia Patrimonial y Económica, asó como una Unidad de Análisis e Inteligencia, puede invadir competencias establecidas del Sistema de Administración Tributaria y su Unidad de Inteligencia Fiscal.

“Donde se permite entre otras cosas, fiscalizar los crecimientos patrimoniales, cuentas bancarias o financieras, tanto de ciudadanos como de servidores públicos; lo cual podría convertir a esta Ley en una sumamente coercitiva en contra de los derechos humanos la ciudadanía en general”.

Según los legisladores de PAN, el marco legal también otorga una facultad extra legal al Secretariado Ejecutivo del SESP al permitir que ejerza actos de control, vigilancia, evaluación y fiscalización de los recursos, al atribuirle que de manera discrecional solicite informes a los Municipios respecto al uso del presupuesto en materia de seguridad pública.

Entre otras críticas, los diputados de la oposición blanquiazul afirmaron que el Gobierno del Estado no consideró que los Municipios por sí mismos tienen facultades constitucionales en materia de Seguridad Pública, otorgando solamente a la Secretaria de Seguridad la atribución de celebrar convenios con las empresas de seguridad privada para hacerse cargo de los procesos de evaluación y control de confianza de su personal operativo.

Por esta razón, aunque se reservaron modificaciones a diversos artículos a la ley, todos fueron desechados.

 

TITULAR DE SSP DESIGNARÁ A DIRECTOR DE UNIDAD DE INTELIGENCIA

La Ley, que fue aprobada con 32 votos a favor, 9 en contra y cero abstenciones, añade que estará a cargo de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, un funcionario que “será nombrada por el Secretario, y se encargará de su funcionamiento”.

Se añade que ahora las Instituciones Policiales del Estado y de los municipios deberán proporcionar a la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública, los informes que este les solicite respecto al ejercicio de los recursos a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior y al avance en el cumplimiento de los programas o proyectos en que fueron aplicados, así como a la ejecución del Programa de Seguridad Pública del Estado, derivado del Programa Nacional de Seguridad Pública y demás acciones relacionadas con el control, la vigilancia, la transparencia y la supervisión del manejo de dichos recursos.

 

OPINIÓN DE UN EXPERTO

Consultado sobre el tema, el abogado Fidel Ordoñez Solana enfatizó que dicha ley invade las áreas de acción de las fiscalías, pues el único ente facultado para investigar las finanzas de los justiciables es el Ministerio Público con permiso de un juez.

En su opinión estos apartados violentan los principios de legalidad y seguridad jurídica, plasmados en la Constitución.

Considera que al crear “un mini Santiago Nieto”, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, el funcionario veracruzano a cargo de la Unidad podría utilizarse con fines políticos, augurando reacciones en materia de control constitucional.

Considera que los diputados de mayoría morenista violentaron nuevamente el proceso legislativo, que ha sido causal de controversias que terminan invalidando el trabajo de la LXV Legislatura incluso ante la Suprema Corte, jueces y tribunales.

“Les faltó estudiar, analizar. Estamos seguros de que no existen abogados al interior del Congreso del Estado por eso se permiten hacer este tipo de arbitrariedades jurídicas”, criticó.

 

MORENA DEFIENDE LEY

Al defender la Ley aprobada por el pleno, el diputado local morenista, Carlos Manuel Jiménez, aseveró que el marco legal permitirá recuperar la confianza en las instituciones del estado, principalmente las de seguridad.

Añadió que ahora se dotará de “herramientas innovadoras” a la administración estatal para prevenir el delito, brindar atención integral a víctimas, promover la participación ciudadana, forjar una verdadera reinserción social, así como configura un sistema integral de desarrollo policial más profesionalizado, así como para el suministro y la sistematización de la información de seguridad pública.