Sofía Martínez Huerta, la funcionaria de mayor nivel en hacer frente públicamente al Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, estaría a punto de ser destituida como magistrada.

De pasar el juicio político en su contra en el Congreso del Estado, la togada sería la primera mujer en ser retirada del cargo e inhabilitada por el Congreso y el propio poder para el que trabaja en el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz.

Lo anterior tras haber pasado, en menos de un año, de ser aliada del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez a enemiga pública de Cisneros Burgos, a quien culpa por su caída en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado y de una persecución sin precedentes. 

Cabe recordar que este jueves, el poder legislativo inició la etapa de audiencias del juicio político que le sigue, tras la denuncia de haber intervenido, presuntamente, en acciones para las cuales no tiene facultades y que competen al Consejo de la Judicatura

DESTITUCIÓN HISTÓRICA

Del “hecho histórico” -calificado así por Cuitláhuac García- que resultó su nombramiento como titular del Poder Judicial en Veracruz, a una salida “obligada”, así pasaron los diez meses de la también docente de la Universidad Veracruzana (UV) al frente del Tribunal Superior de Justicia, el periodo más corto de un presidente. 

De hecho, en manifestaciones públicas vertidas luego de su salida del TSJ, el pasado 23 de octubre, la magistrada Martínez Huerta afirma que tras ser nombrada por el Poder Judicial, a propuesta del Gobernador, este la citó a una reunión.

Ahí estuvo presente Patrocinio Cisneros; en ella el gobernador le confirmó que el Secretario hizo un acuerdo con Edel Álvarez Peña, expresidente del Tribunal, de no hacer “cacería de brujas” con tal de no buscar la reelección en el cargo, lo que allanó el camino de llegada de la propia Sofía, a cambio de impunidad. 

"Por lo tanto dentro de los compromisos alcanzados por la administración actual del gobierno del estado, no se realizaría cacería de brujas o investigación alguna sobre los actos realizados por Álvarez Peña y sus colaboradores en el desempeño de sus funciones en el Poder Judicial, lo que incluye los procesos de autorización, contratación y ejecución de obra de las llamadas ciudades judiciales”. 

A lo que la magistrada se refiere, es a la creación de las asociaciones público privadas para construir los nuevos espacios de impartición de Justicia, avalados por Álvarez Peña. 

El ORFIS advirtió que si bien el Poder Legislativo solo avaló la construcción de 17 ciudades judiciales por medio de la figura de asociación pública privada, el Poder Judicial se "autorizó" 21 proyectos, de los cuales, no existen expedientes técnicos. 

Además, el Poder Judicial asignó 12 contratos por 747 millones 221 mil pesos, sin embargo ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el monto de la deuda de dicha Soberanía con las APPS aumentó a 849 millones de pesos.

Además el ORFIS alertó de la integración "exprés" de las empresas desarrolladoras de las ciudades judiciales. Es el caso de la sociedad "Desarrolladora CJI., SAPI, SA., de CV.", con fecha de constitución de 22 de mayo de 2018. 

Sin embargo, el fallo de las licitaciones se registró el día 14 de mayo, esto es, 8 días antes de la integración del consorcio conformado por Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz, S.A. de C.V.; Consorcio Integral de Comercio Exterior, S.A.P.I. de C.V.; Construindustrias Comerciales S.A. de C.V.; Concesiones y Promociones RUA, S.A.P.I. de C.V.; Desarrolladora de Caminos, S.A. de C.V. Mexicana; y Constructora y Promotora Malibrán, S.A. de C.V.; entre otras irregularidades

Tras conocerse estos datos, Martínez fue destituida del cargo de presidenta del TSJ y del Consejo de la Judicatura, precisamente a través de este órgano, donde en una reunión urgente y a la que no fue convocada, los magistrados presentes mayoritearon su salida. 

Al respecto, la servidora pública afirma que hay elementos para sustentar que su remoción fue orquestada por el Secretario de Gobierno y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, el morenista Juan Javier Gómez Cazarín, a través de Humberto Oliverio Hernández Reducindo, representante de la Legislatura ante el Poder Judicial. 

Incluso, la docente acusó al Secretario de Gobierno ante la Fiscalía General del Estado (FGE), al que señaló de amenazarla y de meter las manos en la autonomía del poder judicial veracruzano. 

“Me dice que presente mi renuncia, yo le contesté que de ninguna manera lo haría porque estoy nombrada como magistrada por el Congreso del Estado e inclusive el pleno me eligió como presidenta". 

Martínez Huerta señaló en su momento que la única vía de retirarla del cargo era a través de un juicio político

"Cuando dije que no iba a renunciar, el secretario me amenazó que no era prudente por mi familia, que estuviera cerca, que tenía muchas pruebas. Yo le dije que las presentara". 

Tras esa supuesta reunión donde habría rechazado renunciar, la mujer que se negó a someterse al Secretario, fue denunciada de incurrir en malos manejos financieros, otorgar nombramientos sin tener facultades para ello y hasta de acomodar en distintos puestos a familiares y allegados. 

¿QUÉ DICE LA LEY DE JUICIO POLÍTICO? 

El juicio político que mantiene en vilo a Sofía Martínez debe ser discutido por la Comisión Instructora, de mayoría morenista. 

En caso de que el dictamen de la comisión resulte en sentido positivo, es decir, que es procedente la acusación, se requiere de al menos 34 votos para validarlo. 

De acuerdo con la Ley de Juicio Político del Estado, la Comisión dictaminará los hechos denunciados, en el plazo de tres días posteriores a la fecha de la audiencia de pruebas y alegatos.

Si no se encuentra culpabilidad el dictamen es desechado; caso contrario, si de las constancias del procedimiento apareciere la responsabilidad del servidor público, la Comisión dictaminará que está legalmente comprobada la conducta o el hecho materia de la denuncia y la responsabilidad del encausado; y la propuesta de sanción que deba imponerse. 

Ya que el Congreso del Estado se encuentra en receso, la Secretaría General solicitará a la Diputación Permanente que convoque a sesión extraordinaria, en la que el Pleno se erigiría en jurado de acusación. 

Si el jurado de acusación no resuelve, por la mayoría calificada requerida, que es procedente la acusación, se ordenará archivar el expediente como asunto totalmente concluido. 

Si el jurado de acusación acuerda que ha lugar a continuar el procedimiento, el acusado será puesto a disposición inmediata del Tribunal Superior de Justicia, al que deberá consignar el expediente que contiene la acusación y las constancias del procedimiento. 

Además, la comisión Permanente Instructora sostendrá la acusación ante dicho tribunal, que procederá a las sanciones correspondientes. 

Sofía Martínez es la segunda servidora pública en ser sometida a juicio político por el actual Congreso veracruzano.

El primero fue Jorge Winckler Ortiz, depuesto Fiscal General del Estado, para cuyos dictámenes, determinados como procedentes por la Instructora, no se alcanzaron los votos necesarios. 

Sin embargo, tras una sesión de la Permanente, quienes no tienen facultades expresas para remover a funcionarios, se ordenó el retiro de Winckler por incumplir con los exámenes de control de confianza.

En su lugar, desde el 3 de septiembre de 2019, despacha en la FGE Verónica Hernández Giadáns, excolaboradora directa de Cisneros Burgos, quien fue ratificada en el cargo en mayo de 2020.